Expertos señalaron que con la pérdida de popularidad el chavismo incrementaron las limitaciones y violaciones contra estas garantías establecidas en la Constitución.
Caracas. La agresión contra el candidato Henri Falcón y sus seguidores en Catia es una nueva evidencia de un patrón que apunta a la reducción progresiva de los derechos políticos en el país: para los políticos de oposición está prohibido, en la práctica, hacer campaña electoral en el municipio Libertador de Caracas, el derecho de asociación política ha sufrido golpes con la ilegalización de facto de tarjetas partidistas de la oposición, la libertad de expresión e información se ha visto coartada a través de legislaciones y las amenazas a los medios, mientras que la protesta política prácticamente desapareció, luego de que la represión de los cuerpos de seguridad dejara como resultado más de 100 muertes durante las protestas que se prolongaron por cuatro meses, entre abril y julio de2017.
Los politólogos Luis Salamanca y Piero Trepiccione y el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, coinciden en que los derechos políticos de los venezolanos, garantizados en la Constitución y tratados internacionales, han sufrido violaciones graves, que se han intensificado en los últimos años.
En la medida en que el país rechaza al chavismo, este viola más los derechos de los ciudadanos. Desde que Maduro perdió la Asamblea Nacional (AN) se intensificó la violación directa de los derechos políticos”, indicó Salamanca.
El experto indicó que el patrón de violaciones a este derecho se inició con el expresidente Chávez y recordó episodios como la salida del aire de RCTV. “Maduro lo profundizó y a través del papel periódico encontró la manera de cercenar la libertad de prensa, la libertad de tener información variada, libertad de pensamiento y expresión. Chávez y Maduro se encargaron de cercenar el derecho de información y libre expresión”.
Para Haro, en Venezuela “no existe la posibilidad de ejercer libremente” los derechos políticos establecidos en la Constitución. Se refirió al derecho al sufragio.
“No hay condiciones para que los comicios del 20 de mayo se puedan calificar de elecciones. Ese nombre les queda muy grande, porque el pueblo y los ciudadanos no van elegir, van a optar solo entre una persona u otra en un contexto en el que se inhabilitan candidatos, se ilegalizan partidos (…) Esas elecciones, además de varios vicios en el proceso, están contaminadas por el control social que tiene el régimen, lo que es el sistema del carnet de la Patria y del PSUV”.
Trepiccione consideró que los derechos están “limitados”. “La ley de procesos electorales de 2009 rompió el esquema de representación proporcional de la Constitución. Esa ley legalizó las [tarjetas] morochas, hay una sobrerepresentación política en los órganos colegiados. Esa es una limitante gravísima que afecta los derechos políticos”.
Añadió que en la actual campaña hay un gran desequilibrio en el espacio otorgado por los medios públicos y privados a los candidatos en favor de Maduro. “La cantidad de tiempo merece un cierto equilibrio y eso no existe en Venezuela. El que ostenta el poder tiene absoluta ventaja con la exposición que quiera en medios públicos y privados”.
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Menos partidos y campaña limitada
Trepiccione se refirió a hechos como que las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -la más votada de la historia del país-, la de Primero Justicia (PJ) y la de Voluntad Popular (VP) fueron ilegalizadas por cuestionadas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las organizaciones políticas están limitadas y coaccionadas por el Poder Electoral y varias han sido prácticamente proscritas. Se le pusieron trabas y dificultades para revalidarse, lo paradójico es que el marco legal establece que para toda elección los partidos deben hacer primarias y si te pones a ver ¿dónde están esos procesos de elecciones primarias? ¿El PSUV hizo primarias para escoger a Maduro? No. ¿Hizo primarias para los candidatos a consejos legislativos? Es una pregunta que nos hacemos. Si eso está en las leyes ¿por qué no se cumple? Pero cuando se trata de poner trabas a partidos de oposición se las inventan y establecen criterios para restringir los derechos políticos, cuando el preámbulo de la Constitución habla de la democracia participativa”.
Añadió que, además de la reducción de ofertas electorales independientes, las que quedan enfrentan agresiones y todo tipo de intimidaciones, como le ocurrió a Falcón en Catia. “El Estado ha perdido autoridad directa sobre determinados grupos políticos o colectivos que actúan a sus anchas. Al no tener el Estado autoridad, estos grupos han asumido un Estado dentro del Estado, controlan zonas del país a sus anchas, sin que las autoridades pongan coto a estas actuaciones”.
Todos coincidieron en que el derecho a la protesta, sobre todo por razones políticas, sufrió graves retrocesos durante este periodo por la violenta represión de los cuerpos de seguridad.
“Han llevado a que los ciudadanos no salgan a la calle por miedo a la represión. Los que salieron y son detenidos, cuando se libra la boleta de excarcelación no son acatadas por el Sebin o el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, muchos permanecen en penales y cárceles comunes. Eso es privación ilegítima de libertad, que es lo que reina en Venezuela. Hasta el derecho al libre tránsito, se le anula o quita el pasaporte a una persona, por participar en un partido político. Hay una persecución política y judicial que hace que la gente se inhiba por miedo”, expresó Haro.
Salamanca indicó que ocho garantías fundamentales para la caracterización de un sistema democrático —definidas por el politólogo estadounidense Robert Dahl— han sufrido “un deterioro tremendo” desde que el chavismo llegó al poder. Estos derechos incluyen: la libertad de asociación, de expresión, la libertad de votar sin coacción, la libertad de que líderes políticos compitan en busca de apoyo —algo que se violó en el caso de Falcón, Capriles, entre otros— la libertad de acceso a las fuentes de información, la elegibilidad para funciones públicas (limitado por las inhabilitaciones a líderes opositores) la realización de elecciones imparciales y la garantía de que “gobierne quien gane la elección”, algo que tampoco fue respetado en los casos de la Alcaldía Metropolitana —eliminada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente— o la AN, que fue despojada de sus competencias. “Hay una violación múltiple a estas garantías”, consideró Salamanca.
Foto referencial: Francisco Bruzco
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