Gobierno interino y EE. UU. firman convenio de cooperación antidrogas

Cooperación antidrogas

El acuerdo permite el intercambio de información oficial sobre narcotráfico, trata de personas, terrorismo, minería ilegal y corrupción entre ambos países, al margen de Nicolás Maduro. También establece la continuación de la política de sanciones individuales contra personas involucradas en esos delitos. Carlos Paparoni, comisionado presidencial antiterrorismo e Iván Simonovis, comisionado presidencial para inteligencia policial, hicieron el anuncio.

Caracas. La Sección Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos y los comisionados presidenciales nombrados por Juan Guaidó para la lucha contra el terrorismo e inteligencia policial, anunciaron este miércoles la firma de un amplio convenio de cooperación e intercambio de información para perseguir el crimen internacional.

Mientras el Departamento de Estado emitió un comunicado oficial, los comisionados venezolanos Carlos Paparoni (lucha antiterrorismo) e Iván Simonovis (inteligencia policial), ofrecieron una rueda de prensa virtual con detalles del acuerdo, que abarca el intercambio de información sobre narcotráfico, terrorismo, corrupción, minería ilegal y trata de personas.

“Después de meses de trabajo queremos informar que hemos firmado un convenio de cooperación internacional con Estados Unidos para que los miembros del régimen de Nicolás Maduro involucrados en narcotráfico y otros delitos, respondan ante la justicia”, dijo el diputado Paparoni.

Explicó que una de las agencias estadounidenses que ejecutará el convenio es la Dirección Antinarcóticos (DEA) pero que también será extensible a otras agencias de ese país que requieran información para llevar ante la justicia a los colaboradores de Nicolás Maduro, señalados por los delitos antes mencionados.

En tal sentido, apuntó que el pasado 24 de noviembre se realizó una reunión entre representantes de 18 países para discutir el impacto de la criminalidad que tiene como base de operaciones a Venezuela. La reunión fue la segunda del mismo tenor, luego de la cumbre antiterrorista de comienzos de año en Bogotá, a la que asistió Guaidó.

Información útil para la judicialización

Por su parte, Simonovis precisó que la diferencia con el tipo de cooperación que desde hace varios meses se venía desarrollando entre los representantes del gobierno interino y la administración de Estados Unidos es que a partir de ahora esta cooperación es oficial y la información que suministre Venezuela podrá ser utilizada expresamente en la judicialización de los casos.

“Hay muchas empresas y personas que están en el radar de las investigaciones. Hemos identificado personas en Estados Unidos y Latinoamérica que han logrado fortunas a través del robo del dinero del erario público venezolano”, indicó.

En tal sentido, aseguró que a partir de ahora será común que viajeros venezolanos o personas que colaboran en las sombras con la administración de Maduro y que han sido identificadas previamente por las oficinas firmantes del acuerdo, sean retenidas en los aeropuertos del mundo (con los que Estados Unidos tiene convenios de este mismo tipo) e interrogadas.

Simonovis agregó que el convenio también podría ser aplicable para los países que tienen acuerdos similares con Estados Unidos. Además, dijo que las conversaciones con otros países de la región han avanzado y consideró que los próximos pasos en esta misma dirección deberían darse con Brasil y Colombia.

Una red de colaboradores

Simonovis también afirmó que el acuerdo servirá como elemento disuasivo para que personas que actualmente sirven de soporte a Maduro y sus colaboradores se volteen hacia la justicia para brindar información relevante a cambio de beneficios.

“El punto nueve del convenio, que habla de la construcción de capacidades, significa que vamos a poder tener una relación más estrecha y vamos a poder obtener beneficios para los funcionarios e individuos del régimen que contribuyan para las investigaciones que se están llevando a cabo”, adelantó.

Asimismo, destacó que la data con la que se han manejado hasta la fecha y que ha ayudado al seguimiento de casos relevantes ha sido obtenida gracias a funcionarios en el terreno. Afirmó que el convenio también permitirá su capacitación.

“En Venezuela hemos construido una importante red de funcionarios, de gente apegada a la constitución y a las leyes y es de ahí de donde obtenemos la información que compartimos con Estados Unidos. En la medida de lo posible esos funcionarios van a recibir la capacitación necesaria, el apoyo para que puedan seguir colaborando con nosotros”, dijo.

Paparoni, por su parte, enfatizó que no se trata de un acuerdo entre Juan Guaidó y Donald Trump sino entre Venezuela y Estados Unidos, por lo que consideró que la instalación de una Asamblea Nacional el próximo 5 de enero que va a responder a los intereses de Maduro, no será un obstáculo para la aplicación del convenio.

“Esto hace que el acuerdo trascienda más allá de los gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Lo que se concretó es que Nicolás Maduro y todo el que le preste el apoyo logístico para la usurpación de la presidencia, ya pueden ser juzgados, no por una administración sino por todas las instituciones del Estado americano”, sostuvo Paparoni.

Lo que dice el convenio

Tanto la oficina de comunicaciones de la presidencia interina, como la oficina de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, emitieron sendos comunicados con el contenido del acuerdo.

Esta cooperación se regirá por los siguientes principios, acorde al documento publicado por el Departamento de Estado:

  1. Subrayar los principios consagrados en los tratados de drogas de la ONU, incluida la Convención de 1961, enmendada, la Convención de 1971 y la Convención de 1988.
  2. Mejorar el intercambio de información sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilegales; la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, la delincuencia forzada, la trata sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados; e investigaciones sobre lavado de dinero.
  3. Continuar la cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, la trata de personas en todas sus formas y la delincuencia conexa.
  4. Continuar con las sanciones dirigidas a personas clave involucradas en el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su movimiento internacional y sus transacciones financieras.
  5. Suscribirse a políticas de reducción de la demanda de drogas basadas en pruebas científicas centradas en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, incluidas las normas internacionales sobre prevención y tratamiento de trastornos por consumo de drogas.
  6. Reafirmar las obligaciones anticorrupción asumidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
  7. Promover los principios de asociación, cooperación informal, transparencia y responsabilidad en la recuperación de activos robados.
  8. Comprometerse a cooperar contra todas las formas de crimen organizado transnacional y reafirmar  los compromisos asumidos bajo la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos relevantes; en particular, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
  9. Reconocer la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y tomar las acciones antes mencionadas contra el crimen y la corrupción que han surgido en Venezuela «debido a la falta de estado de derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro».

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