El sector privado solicitó al Seniat un marco fiscal unificado, trámites más simples y cobros flexibles para incentivar la inversión y el empleo formal. Mientras, comerciantes de La Guaira exigen alivio tributario tras los recientes sismos.
Caracas. Un sistema fiscal que devora en promedio hasta 60 % de los ingresos operativos de las empresas formales ha llevado al sector privado venezolano a fijar posición.
Para frenar lo que consideran un obstáculo al desarrollo, representantes del sector empresarial privado presentaron una petición formal a la nueva directiva del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), liderada por Román Maniglia, para avanzar hacia una reforma profunda del régimen fiscal.
El planteamiento busca sustituir el esquema tributario actual por un modelo enfocado en atraer inversiones y fomentar el empleo formal y el desarrollo productivo.
Durante este encuentro, realizado el pasado martes, 21 de julio, el superintendente Maniglia manifestó la disposición del organismo recaudador para mantener mesas de trabajo continuas con el sector privado.
Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, enfatizó en que la política fiscal debe dejar de ser un freno para convertirse en un motor de crecimiento. En ese sentido, alertó sobre cómo la carga actual compromete severamente la capacidad de reinversión de las empresas.
“En lugar de sobrecargar fiscalmente al sector empresarial que ya está al día, el planteamiento central es crear incentivos y reducir barreras para que el amplio sector informal e iniciativas emprendedoras migren a la formalidad. Esto permitiría elevar la recaudación del Estado sin asfixiar al sector privado productivo”, sostuvo.
Asimismo, la cúpula empresarial remarcó la importancia de revisar el ecosistema impositivo de forma integral. La revisión abarcaría desde la sinceración de tributos nacionales hasta la armonización con las alcaldías para generar seguridad jurídica e institucionalidad.
Nuevo modelo fiscal
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) emitió una opinión positiva sobre este primer acercamiento institucional. Para el gremio la receptividad mutua resulta alentadora.
Del mismo modo, Consecomercio ratificó su respaldo a un modelo fiscal menos punitivo. Con esta modalidad se homologarían criterios entre las instancias municipal, regional y nacional para garantizar una recaudación justa y progresiva.
Para hacer más eficiente la relación entre el fisco y los contribuyentes, el gremio comercial sugirió interconectar tecnológicamente los órganos de la administración pública como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).
Esto permitiría reducir la discrecionalidad de los funcionarios y transparentar los procesos. Entre las medidas administrativas puntuales planteadas por el sector terciario destacan:
- Flujo de caja: Ampliar el lapso de declaración y pago del IVA de 15 a 30 días.
- Retenciones de ISLR: Reducir la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta del 75 % actual a un rango de entre 25 % y 50 %.
- Eliminación de cargas: Suprimir el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y desburocratizar trámites esenciales.
- Modernización y aduanas: Digitalizar expedientes para eliminar la permisología en físico, respetar las licencias del régimen de Puerto Libre (como en Nueva Esparta) y revisar los criterios de valoración impositiva y Admisiones Temporales Pasivas y Activas (ATP) para no restringir la propiedad privada al exportar bienes de capital.
- Financiamiento: Respaldar la reducción progresiva del encaje legal en bolívares para destinar crédito a sectores estratégicos sin generar impacto inflacionario.
Exigen respuestas en La Guaira
A las peticiones nacionales se suman los reclamos desde el interior del país. Cipriana Ramos, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de La Guaira, advirtió sobre la falta de pronunciamientos oficiales que flexibilicen o suspendan el cobro de tributos en zonas donde la actividad económica quedó parcialmente paralizada tras el doblete sísmicoocurrido el 24 de junio pasado.
Ramos señaló que, a pesar de haber enviado proyectos de ordenanza a las autoridades y de que algunos comerciantes han tenido que trasladar sus operaciones a ciudades del estado Carabobo como Valencia o Puerto Cabello debido al desvío de carga y contingencias portuarias, las notificaciones de cobro e impuestos municipales sobre la actividad aduanera siguen llegando, lo que genera incertidumbre en el sector.
“Publican algo y dicen que paguen los impuestos; después dicen que fue un error. Pero realmente no hay un pronunciamiento oficial. Necesitamos que nos digan qué es lo que vamos a hacer, a los comerciantes les siguen llegando los mensajes y las notas de cobro”, insistió.
El contraste entre los acercamientos institucionales en la capital y las contingencias no resueltas en las regiones evidencia el reto de la administración tributaria. Para empresarios y comerciantes, la efectividad de esta mesa de diálogo dependerá de la rapidez con la que el Seniat y los gobiernos locales transformen las peticiones del sector privado en soluciones concretas que equilibren la recaudación fiscal con la sostenibilidad del tejido empresarial.
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