Juan Guaidó negó nuevamente su vinculación y la del Poder Legislativo con la acción armada desmontada en Macuto el domingo 3 de mayo, pero exigió respeto a los derechos de los detenidos. La plenaria discutió sobre el enfrentamiento de bandas en Petare y anunció una investigación sobre la masacre de la cárcel de Los Llanos. Se declaró nulo el convenio entre Maduro e Irán para reactivar Amuay, presuntamente pagado con “oro de sangre”.
Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de la República (Art. 233), Juan Guaidó, intervino este martes 5 de mayo en la plenaria virtual del Parlamento para exigir el respeto a los derechos humanos de los más de 11 detenidos desde el domingo, relacionados con el desembarco en Macuto, La Guaira.
Luego de que el secretario Ángelo Palmieri diera lectura a un comunicado del gobierno encargado en el que se reclaman garantías para los civiles y militares capturados en relación con la Operación Gedeón, Guaidó marcó distancia de él y de la Asamblea Nacional con el suceso.
“Los voceros han dejado claro que esa acción es independiente del gobierno legítimo, que la Asamblea Nacional no tiene que ver con esa operación y tampoco el gobierno encargado. Nosotros hemos dejado muy claro que estamos de lado de la Constitución, de los que piden un cambio, como lo hicimos claramente el 30 de abril, sin complejos”, afirmó.
Destacó que de acuerdo con las declaraciones brindadas la noche del lunes por Nicolás Maduro, la Operación Gedeón fue infiltrada y condenó el que desde cuentas en redes sociales vinculadas al oficialismo se difundieran imágenes de los cadáveres de algunas de las ocho personas supuestamente abatidas en el intento de desembarco del pasado 3 de mayo.
“Es muy claro que esa acción, como lo dijo ayer el usurpador y como lo dijo uno de sus voceros, estaba infiltrada. Estaban esperándolos para masacrarlos ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en Vargas? ¿dónde están sus familias o es que no tenían familias? Es deber de esta Asamblea alertar y exigir el respeto a los derechos humanos porque ya conocemos el prontuario”, dijo.
Guaidó ratificó que no tiene “nada que ver con ninguna empresa”, en relación a SilverCorp, propiedad del exmilitar estadounidense Jordan Goudreau, supuesto entrenador de los venezolanos interceptados en Macuto.
El presidente de la Asamblea Nacional interpeló una vez más a los integrantes de la Fuerza Armada venezolana: “¿Qué va a hacer la FAN? ¿va a seguir matando y masacrando a capitanes, sargentos, mayores? ¿van a seguir masacrando a venezolanos? ¿van a permitir que esto suceda?”.
Nulo el convenio con Irán
El primer punto discutido este martes, en la séptima sesión virtual desde el inicio de la cuarentena, fue la aprobación de un acuerdo en rechazo a los anuncios del gobierno de Maduro de ceder activos de Pdvsa a terceros incluyendo la refinería de Amuay.
Intervinieron los diputados Elías Matta (UNT) y Luis Stefanelli (VP) quienes cuestionaron la falta de transparencia e información en el manejo del principal activo de la nación, como lo es Pdvsa, y en particular a la supuesta firma de un contrato con el gobierno de Irán para reactivar la refinería de Amuay a cambio de pagos en oro del BCV y “oro de sangre” extraído del Arco Minero.
El acuerdo declaró nulas todas las decisiones y contratos suscritos por Nicolás Maduro y las autoridades usurpadas de Pdvsa con Irán porque la administración Pdvsa corresponde a la junta ad hoc designada por la AN el 10 de enero de 2019. Denuncia la “inescrupulosa” actuación de Maduro al permitir “la incursión de aviones con material desconocido” al territorio nacional, lo que va en detrimento de las relaciones con los países del continente. Y autoriza a la comisión de Finanzas investigar el presunto uso de reservas de oro del BCV para pagar dicho convenio.
Masacre en Los Llanos
El segundo punto abordado por los diputados en la sesión virtual de este martes fue un debate sobre la masacre ocurrida el primero de mayo pasado en el Centro Penitenciario de Los Llanos, Cepella, en el que habrían sido asesinados más de 40 reclusos y heridos más de 70, presuntamente por los custodios del centro.
“No tenemos dudas en decir que fue una masacre”, dijo la diputada María Beatríz Martínez (PJ) quien denunció las condiciones que llevaron a los reclusos a protestar ese día, así como las graves irregularidades y atropellos a los derechos humanos de las familias de las víctimas y de los heridos:
- Dijo que la razón de la protesta fue por hambre, porque los presos no tienen comida y los custodios no permitían ingresar los alimentos que les llevaban sus familias.
- Alertó que a cuatro días del hecho, aún se desconocen los nombres y número exacto de fallecidos y heridos porque ni la cárcel, ni el Ministerio de Régimen Penitenciario ni la Gobernación de Portuguesa han dado un parte oficial del hecho.
- Solo algunos cadáveres (entre 19 y 26) han sido entregados a los deudos y fueron entregados “sin certificado de defunción para que los familiares no puedan saber la causa de la muerte”, dijo Martínez.
- La cava de preservación de los cadáveres de la cárcel no funcionaba y estos entraron en rápida descomposición, lo cual justificó el entierro en fosas comunes, denunció la parlamentaria.
- Algunos cuerpos, afirmó, han sido reconocidos a través de fotografías.
La comisión de Política Interior junto con la comisión de Régimen Penitenciario y el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, han iniciado una investigación sobre este suceso.
El último punto discutido este martes fue un debate “sobre la inseguridad en Venezuela y la actuación de los colectivos terroristas en los sectores populares”, en el que los diputados Delsa Solórzano (EC), Yajaira Forero (PJ) y Dencys Pazos se refirieron, entre otros hechos, al enfrentamiento armado que durante casi una semana han mantenido bandas criminales en Petare, sin que ninguna autoridad civil o policial intervenga en defensa de la ciudadanía y para imponer la ley y el orden.
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