Human Rights Watch solicita al Papa Francisco que inste al Gobierno a liberar presos políticos

Vivanco

La organización pide que se lleve ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los abusos contra los manifestantes políticos.

Redacción Crónica. Uno

Caracas. Human Rights Watch solicita al Papa Francisco que inste al Gobierno a liberar a los presos políticos, que se lleve ante la justicia a los miembros de la fuerzas de seguridad responsables de los abusos contra manifestantes políticos y que adopte medidas para reestablecer la independencia del poder judicial y afrontar la crisis de salud.

El próximo domingo el Presidente Nicolás Maduro tendrá una audiencia con el Papa Francisco y ante esa reunión, la organización envió una carta a Su Santidad para que exhorte al mandatario venezolano a adoptar medidas frente a la crisis que atraviesa el país.

La carta redactada por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, señala que “quisiera transmitir la profunda preocupación con respecto a la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, en particular en relación con el arbitrario encarcelamiento de opositores políticos y la ausencia de rendición de cuentas por abusos sistemáticos cometidos en contra de manifestantes pacíficos, así como la falta de independencia judicial en el país, debido a la cual es prácticamente imposible que estas víctimas obtengan reparaciones en Venezuela. También nos preocupa la crisis en el sistema de salud, que ha privado a gran parte de la población del acceso a medicamentos e insumos médicos esencial”.

La comunicación detalla que “en el último año, las autoridades venezolanas han utilizado abusivamente el sistema judicial para detener y perseguir penalmente de forma arbitraria a importantes opositores políticos. Entre estos se incluyen Leopoldo López, uno de los líderes del partido opositor Voluntad Popular; Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, en el estado de Táchira; Vicencio Scarano, ex alcalde de San Diego, en el estado de Carabobo; Antonio Ledezma, alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas; María Corina Machado, ex diputada opositora; y Carlos Vecchio, otro líder de Voluntad Popular”.

Se agrega que «Human Rights Watch ha efectuado un análisis exhaustivo de la documentación oficial que obra en los expedientes judiciales de estos casos y ha concluido que, en su opinión, en estos casos se violaron garantías básicas de debido proceso y no se aportaron evidencias creíbles que vincularan a los acusados con la comisión de algún delito».

La organización añade que hubo impunidad con los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2014. Se destaca que «Human Rights Watch documentó 45 casos, que afectaban a más de 150 víctimas, de uso ilegítimo de la fuerza por parte de miembros de diversas fuerzas de seguridad venezolanas –incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados– ocurridos entre febrero y abril de 2014».

“Miembros de las fuerzas de seguridad agredieron de manera sistemática a manifestantes no violentos y a transeúntes en diferentes lugares en tres estados y en la capital del país, incluso en entornos controlados como bases militares y otras instituciones estatales. Los abusos incluyeron disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud y, en algunos casos, disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y que, en ciertos casos, ya se encontraban bajo custodia de las autoridades”, apunta.

Human Rights Watch destaca la falta de acceso a medicamentos e insumos básicos. “La falta de acceso a medicamentos e insumos básicos en el país, tanto en el sistema público de salud como en el privado, pone en riesgo la vida y la salud de decenas de miles de venezolanos.

Detalla que “en visitas realizadas recientemente a Venezuela, advertimos que había faltantes de medicamentos para tratamiento del dolor, asma, hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, entre otras. Había también escasez de jeringas, gasas y agujas, y debido a la falta de insumos los hospitales no podían realizar análisis básicos de laboratorio. En marzo de 2015, Médicos por la Salud, una red de médicos residentes que trabajan en hospitales públicos de todo el país, informó los resultados de una encuesta llevada a cabo en 130 hospitales públicos de 19 estados, la cual mostraba que el 44% de los quirófanos no estaban operativos, y que el 94% de los laboratorios tenían fallas en el funcionamiento o falta de reactivos. Esta red también comprobó que en los hospitales había escasez o faltantes en el 60% de los medicamentos o insumos médicos que normalmente se mantienen en inventario, y que la mayoría de los medicamentos incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud no estaban disponibles en farmacias. A fines de 2014, los hospitales públicos tenían en listas de espera aproximadamente a 20.000 pacientes que necesitaban someterse a cirugías”.

Añade que “esta situación es consecuencia de políticas gubernamentales que han obstaculizado la compra y el acceso a  medicamentos e insumos”.


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