Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, durante el año 2017 hubo 28 muertes por desnutrición o tuberculosis en los centros de detención preventiva y penales del país. 143 presos fueron asesinados.
Caracas. Casi dos años después de que en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, se encontraran 15 restos humanos sepultados aún no se conoce, al menos públicamente, la identificación de los cadáveres.
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las investigaciones se encuentran paralizadas, incluyendo el compromiso de los fiscales del Ministerio Público de coordinar el proceso para dar con los nombres de las víctimas, a partir de experticias odontológicas, de antropología y genética.
En 2016, luego de que la PGV fuese desalojada por el plan de pacificación propuesto por la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, un preso apodado “Santini” dio indicios de que había cadáveres enterrados, víctimas del pran —líder de la prisión— Franklin “Masacre” quien lo habría matado por no pagar la “causa”.
Humberto Prado, director del OVP, sostuvo que tampoco se han mostrado avances de las investigaciones acerca de la masacre que ocurrió en Puente Ayala el 25 de abril de 2017, en la cual se registraron 13 víctimas. La tragedia ocurrió luego de un enfrentamiento entre los reclusos.
Denunció que la ministra Varela declaró en el programa José Vicente Hoy, en Televen, que había conversado con uno de los reclusos y le dijo que “redujeran” al grupo que se alzó. Posteriormente, se conoció de las muertes.
“Esas declaraciones deben investigarse y tampoco hay indicios al respecto”, soltó Prado.
Engavetados también se encuentran los avances de la masacre del retén de Amazonas, en la que asesinaron a 39 detenidos el 16 de agosto de 2017, pues según el OVP ningún sobreviviente ha sido llamado a declarar ni por la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público.
“Desde el OVP hablamos con sobrevivientes y nos dijeron que los funcionarios les pedían que dijeran un salmo de la Biblia, al no responder les disparaban y después los lanzaban desde la platabanda. De eso tampoco hay investigación”.
En los calabozos de Amazonas hubo una intervención policial para desalojar el centro de detención preventiva y los asesinatos se produjeron cuando las fuerzas de seguridad del Estado ingresaron. Por esto tampoco hubo avances ni nombres de responsables.
Muertes por desnutrición
Según el informe anual de 2017 del OVP, 28 presos murieron por desnutrición en cárceles y calabozos. Además 143 fueron asesinados y 120 resultaron heridos.
El Estado es responsable de la integridad de los privados de libertad. Sabemos que no deben tener privilegios pero sí buenas condiciones para estar en prisión”, dijo Prado.
También se refirió a la grave situación de salud dentro de penales y calabozos, pues aseguró que hay reos con sarna, VIH, tuberculosis y enfermedades estomacales.
“Se sabe que hay enfermos con VIH porque les preguntan y ellos levantan la mano”.
El hacinamiento es otro de los problemas que destacó Prado, dentro del sistema penitenciario. Hasta diciembre de 2017 la población penal era de 57.096 cuando la capacidad es de 19.000.
“Hay 161 % de hacinamiento en las cárceles y las causas son el retardo procesal penal, la falta de construcción de nuevos centros de reclusión, las reformas al Código Orgánico Procesal Penal y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva”.
Los penales con mayor hacinamiento son Tocorón, que tiene capacidad para albergar a 750 personas pero hay 7792; Tocuyito con capacidad para 850 presos y se encuentran 7632 y Puente Ayala con espacio para 750 reclusos pero hay 5028.
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