La Organización Internacional del Trabajo asegura en su más reciente informe que se prevé que en el segundo trimestre de 2020 se pierda en todo el mundo 14 % de las horas de trabajo (equiparable a 400 millones de empleos a tiempo completo), y que las mayores pérdidas se registren en las Américas.

Caracas. La pandemia de COVID-19 amenaza con acentuar las desigualdades en América Latina, y dejar a millones sin empleo. En Venezuela la economía no crece desde 2013 y a partir de entonces miles de empresas han cerrado. Las que subsisten lo hacen en un contexto hostil, en el que fallan los servicios de electricidad y donde desde el Estado se les persigue si no se apegan a las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro.

Las proyecciones de contracción para la economía venezolana aumentaron desde febrero. La última estimación de Ecoanalítica advierte que el Producto Interno Bruto (PIB) caería 25 % en 2020. Desde el año pasado las empresas lidian con la falta de crédito bancario debido a medidas del Banco Central de Venezuela (BCV) que elevaron el encaje legal.

Los primeros casos de COVID-19 fueron anunciados por el gobierno el 13 de marzo. A los pocos días se decretó cuarentena nacional, la cual se mantiene hasta la fecha. A partir del 1° de junio hubo una incipiente flexibilización que permitió a 10 sectores económicos retomar actividades; una semana después se sumaron 15. Sin embargo, la medida tuvo que ser retirada ante el aumento de casos. Las industrias y pequeñas y medianas empresas no han logrado levantarse debido a la crisis sanitaria.

En medio de la crisis de salud está una población que se empobreció en los últimos años por la recesión económica. Desde hace dos décadas el gobierno de Chávez y luego el de Maduro no consultan con el sector empresarial el sueldo mínimo de los trabajadores, que actualmente equivale a unos cuatro dólares al mes, a la tasa oficial. Un informe del año pasado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió a Venezuela cumplir los acuerdos que asumió al ser parte del organismo, entre ellos figura el consenso entre gobierno, empresarios y trabajadores.

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El año pasado el Fondo Monetario Internacional estimó que la tasa de desempleo en el país podría llegar a 47,9 % este 2020, una de las más altas de la región. El Instituto Nacional de Estadística, luego de no revelar cifras por tres años, indicó en noviembre de 2019 que la nación cerró con una tasa de desempleo de 6,7 % en 2018.

Una encuesta realizada a principios de la cuarentena en la plataforma juvenil Gritemos con Brío a más de 650 jóvenes venezolanos entre 15 y 35 años de edad,  encontró que 60,8 % de los entrevistados estaba sin empleo.

Las cifras de empleo, del sector formal e informal, no son publicadas por las autoridades.

Un informe de PGA Group revela que 63 % de las empresas en Venezuela evalúa tener reducciones importantes en el tamaño de sus negocios para diciembre de este año; específicamente, 53 % prevé que sus nóminas disminuirán para ese mismo período entre 15 % y 50 %. Para algunas personas los despidos ya comenzaron.

Ricardo Solano trabajaba como cocinero en un bodegón ubicado en Caracas. Desde que comenzó la cuarentena trabajaron por mes y medio. Sin embargo, luego de ese período los reunieron para informarles que iban a cerrar la cocina debido a que las cuentas no daban. La empresa les indicó que se iban a sus casas, pero quedarían recibiendo un sueldo básico. La fecha de la quincena llegó y no cobraron. Solano contó que llamó varias veces para pedir información y no le atendieron. Se quedó sin empleo.

la pandemia
Foto: Tairy Gamboa

La OIT asegura en su más reciente informe que se prevé que en el segundo trimestre de 2020 se pierda en todo el mundo 14 % de las horas de trabajo (equiparable a 400 millones de empleos a tiempo completo), y que las mayores pérdidas se registren en las Américas, alrededor de 18 %. Las medidas de cierre de lugares de trabajo varían en el hemisferio. En la actualidad, la región más afectada por restricciones a trabajadores y lugares de trabajo es las Américas.

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“No nos dijeron que nos iban a despedir, sino que nos iban a mandar a nuestra casa y que cuando pasara volveríamos a nuestro trabajo normal. No hay respuesta. Ya pasó un mes y medio”, dijo Ricardo Solano, quien es chef. Ahora que está sin empleo decidió hacer postres, tequeños, donas y pizzas para vender por encargo. “Me he puesto a hacer cualquier cosita para medio bandearme y sobrevivir a esto”, añadió.

Los pronósticos para el empleo en América Latina no eran buenos y tras la llegada de la pandemia son peores, alerta la OIT. En todo el mundo hasta 25 millones de personas podrían incorporarse a las filas del desempleo como causa de la COVID-19. El organismo también advierte que la cantidad de personas en situación de pobreza laboral podría aumentar cerca de 35 millones, la mayoría en países de ingreso medio.

PGA Group, consultora especializada en gestión de capital humano, señaló que en esta etapa 67 % de las empresas ha tenido impactos significativos, que se acentúan para 76 % de las pymes.

Esta semana la nueva junta directiva de la antigua Kimberly Clark despidió más de 80 trabajadores, entre el 29 y el 30 de junio, denunció el abogado Jhonny Lara, coordinador de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela en Aragua. “Alegan reestructuración y actúan como si los trabajadores fuesen funcionarios, pero administrativamente esa empresa todavía no ha pasado a ser propiedad del Estado y sigue funcionando como privada después de cuatro años de la ocupación”, explicó Lara.

Empresas que intentan sobreponerse a las restricciones por la pandemia se encuentran también con las observaciones de las autoridades. Cinex anunció la llegada de los autocines en dos lugares de la capital, a las pocas horas el Ministerio Público ordenó una investigación. El martes el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que el organismo abriría un expediente en atención a “las presuntas irregularidades en cobros excesivos de Cinex para la prestación de servicios de autocine”.

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En el ramo de seguros se dan despidos. Entre ellas está Yasbely Urrutia, quien cumpliría 13 años en La Previsora el próximo 25 de agosto. La citaron para ofrecerle un cambio de departamento, pero explicó que el horario no le convenía, debido a que viajar de lunes a viernes a Caracas implica gastar mucho dinero en pasaje. El horario que tenía (nocturno) de tres días a la semana le permitía poder llegar a la ciudad desde el estado Miranda.

“Ellos alegan que era un ganar ganar, pero uno no gana en nada. Al decirles que no ibas a firmar el cambio, si planteabas trabajar desde tu casa te respondían que no. Buscaban dos testigos para que notificaran que tu no aceptaste el cambio; si no te incorparabas en el turno que te asignaban, te abrían un proceso administrativo en el ministerio por abandono de trabajo”, relató Yasbely. La mujer cree que salieron de los empleados que vivían lejos, debido a que otros de zonas alejadas estaban en la misma situación que ella.

Yasbely contó que se vio obligada a renunciar y que la compañía se comprometió a pagarle la liquidación. A la semana, cuando llamó para verificar, le indicaron que no había fondos. “Nosotros necesitamos el amparo de ellos, más en este tiempo de cuarentena donde nadie está empelando a las personas”, agregó.

La OIT recomienda a los países enfrentar la pandemia con un diálogo social que involucre a gobiernos, empleadores y trabajadores, que permita adoptar estrategias, en especial cuando “la falta de confianza y la alta tensión social pueden ser parte de las secuelas del nuevo coronavirus”. Sin embargo, en Venezuela la fricción entre gobierno y sector empresarial arrecia desde mayo con la política de control de precios, remoción de concesión a las gasolineras en junio y averiguaciones a los sectores no prioritarios, como los autocines.


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