Desde que se decretó el estado de alarma y cuarentena en el país para evitar la propagación del COVID-19, los pacientes renales, los trasplantados y los crónicos están más expuestos a los riesgos. No poder acudir a las unidades de diálisis ni recibir los tratamientos requeridos para sus patologías los pone al filo de la muerte.

Valencia. Dos semanas antes de que el Gobierno de Venezuela decretara estado de alarma y una cuarentena social en aras de evitar la propagación del COVID-19, Robert Díaz recibió el diagnóstico médico de que sus dos riñones ya no estaban funcionando normalmente. A partir de allí, pasó a engrosar la larga lista de los más de 10.000 pacientes con insuficiencia renal en Venezuela.

Comenzó, también, el calvario para conseguir cupo en la unidad de diálisis del Hospital Pastor Oropeza, en Barquisimeto, estado Lara. Cuando apenas cumplía la primera sesión de diálisis, el país se paralizó. El suministro de combustible fue restringido y trasladarse hasta la unidad de diálisis representaba otro escollo para su salud.

 A una semana de mi primera diálisis, tuve que hacer cola en una estación de servicio desde las 6:00 a. m. para acompañar a un hermano de la iglesia que me ha ayudado con el traslado. Fue inútil, ni siquiera porque presenté los informes médicos a los encargados de las estaciones de servicio”, contó este transportista de 51 años de edad, que reside en Cabudare, municipio Palavecino, a 14 kilómetros de Barquisimeto.

La faena para encontrar gasolina es interdiaria y estresante, pues, además del riesgo latente al que se expone, debe hacerla pese a algunos de los síntomas secundarios que le dejan las diálisis, tales como presión arterial alta o baja, calambres musculares, picazón, problemas de sueño por apnea o piernas inquietas y anemia.

La mayoría de los pacientes renales no tiene cómo llegar a los centros de salud. Foto: Archivo

“Me aferro a Dios –dijo– y a la buena voluntad de amigos y hermanos en la fe. No tenemos ningún apoyo por parte de las autoridades del estado”.

En Lara, la gobernadora Carmen Meléndez había prometido unas rutas para trasladar a los pacientes que requieran tratamientos fuera de casa. Pero el incumplimiento de esta promesa, sumado a la restricción de la gasolina, generó preocupación en los afectados.

Vinieron las denuncias y también las detenciones, tal y como ocurrió con el abogado Henderson Maldonado, defensor de derechos humanos del estado Lara. Fue apresado por la Guardia Nacional, luego de acompañar a pacientes renales que denunciaban agresiones por parte de funcionarios de seguridad mientras intentaban equipar sus vehículos con gasolina.

La situación de los pacientes renales del Zulia no es diferente a los del resto del país. El gobierno regional ha dado prioridad a los sectores de alimentación y salud en el suministro de combustible, pero los enfermos crónicos, como los pacientes renales, deben perecer en el intento de llegar a los centros de diálisis para recibir su tratamiento.

Alfredo López es paciente renal desde hace 12 años. Su hermano Luis a veces lo lleva en un vehículo. Pero desde hace dos semanas Alfredo debe caminar un poco más de un kilómetro para llegar al centro de diálisis, ubicado en el norte de Maracaibo.

Caminar no es fácil para un paciente renal, menos si te vas ahogando por las toxinas. Pero nos vamos poco a poco, paramos en las sombritas y le damos despacio… De allá para acá es otro tema, porque vengo cansado y con malestar. A veces me da vómito o me desmayo, relató.

Su hermano Luis aseguró: “Estoy pensando hacer una carretilla para llevarlo y que no sufra tanto. Como sea hacemos. No voy a dejar que se me muera. Jamás dejaré de llevarlo a hacerse su diálisis, porque además de que les dan pocas horas por la escasez del agua, la luz o porque se dañan las máquinas, no puede faltar un día solo porque no hay gasolina”.

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Para miembros de la familia Ochoa, la posibilidad de cumplir con sus protocolos de hemodiálisis se ve empañada por la falta de combustible en la entidad.

Naudis Ochoa, de 23 años; Miguel Ochoa, de 18 años, y Arianna Ochoa, de 16, son pacientes renales que no han podido completar sus sesiones de diálisis y continuar su tratamiento por la imposibilidad de surtir de combustible el vehículo que los traslada hasta la Unidad de Nefrología en el Hospital Central de Maturín.

Los tres esperan por una donación de órgano. Naudis lleva ocho años en la lista de espera y seis años en hemodiálisis, mientras que Miguel tiene cinco años en lista y tres años en sesiones de diálisis. Arianna aún no está en diálisis, pero sí en la lista de espera, porque su enfermedad está en evolución.

pacientes
Foto: Archivo

A Arianna ya se le colocó una fístula arteriovenosa para estar en prevención por una posible diálisis. En vista de esta situación, se nos hace difícil trasladarnos para completar nuestras sesiones. Somos pacientes que dependemos de una máquina y tenemos que asistir tres veces por semana a la unidad para sesiones de tres horas, y por falta de gasolina no hemos podido cumplir con todas, comentó Naudis.

El salvoconducto ni las largas horas de espera garantizan la gasolina. Los funcionarios de la GN siempre piden la presencia del paciente que suele descompensarse en la cola, solo para surtir 20 litros.

Reducen las diálisis

Ender Camargo debe salir los lunes, miércoles y viernes, a las 4:00 a. m., desde Santa Ana del Táchira hasta San Cristóbal. En compañía de su hermano y sobre una silla de ruedas, que un vecino le prestó, comienza su trayecto para lograr tomar el único autobús que de esa población sale a la capital tachirense.

“Los que necesitamos transporte para dializarnos no tenemos acceso a ese carro”, dijo refiriéndose a un vehículo rústico que ha dispuesto la Alcaldía de Córdoba solo para estrictas emergencias.

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Si toma el autobús, Camargo igual debe recorrer el centro de San Cristóbal hasta la carrera 11 de Barrio Obrero, donde se ubica la unidad de diálisis. A veces, un compañero, también paciente renal, le da la cola. De lo contrario, su hermano empuja la silla de ruedas por 11 cuadras cuesta arriba, hasta llegar al centro médico.

Táchira padece escasez de gasolina desde hace mucho tiempo. Ahora, en tiempos de cuarentena, ha sido peor. Ni siquiera los pacientes crónicos que poseen vehículos tienen prioridad para abastecer.

Aquí no hay quien nos ayude. El hijo de una de las pacientes ya ha perdido dos días en la cola, y andamos desesperados porque ella no tiene ni una silla de ruedas para moverse, pues uno da dos o tres pasos y se agota”, dijo Camargo, que sabe de pacientes que ya llevan dos diálisis perdidas, precisamente, por no contar con un medio de transporte para llegar a la unidad.

Pagar a médicos y enfermeras

Para los pacientes renales de Anzoátegui, las restricciones de movilidad se han convertido en un dolor de cabeza; también su familia.

“Aparte de su condición, mi papá es invidente. Trasladarlo al centro de diálisis en transporte público debido a la falta de gasolina ha sido inhumano. En la última sesión de diálisis se mareó, vomitó, se le bajó la tensión, se descompensó mucho. Montarlo así en transporte público es cruel y muy peligroso para su vida”, afirmó Marilet Rodríguez.

Elba Blanco, además de paciente, es vocera de un grupo de 59 enfermos renales que se realizan sus tratamientos en el Centro de Nefrología de Barcelona. Estos pacientes están en riesgo porque, además de las vicisitudes que atraviesan, el personal que los atiende amenaza con renunciar debido a que no les han cancelado la quincena.

La mayoría somos de escasos recursos y tuvimos que buscar Bs. 400.000 para que los enfermeros y médicos cobraran su quincena. Los funcionarios de seguridad no comprenden la necesidad que tenemos de salir de casa y nos hacen darles una larga explicación para que nos dejen pasar. Estamos entre la población vulnerable a la pandemia y debemos evitar el contacto con personas que pudieran estar contagiadas, expresó angustiada Blanco.

Viajar una hora

Michelle solía viajar una hora desde Upata, tres veces por semana, para hacerse sus diálisis en el hospital Dr. Raúl Leoni, en San Félix, estado Bolívar.

Desde la cuarentena, con las limitaciones para las movilizaciones entre municipios y las restricciones para la gasolina, teme perder su tratamiento. De recibir tres sesiones a la semana, en la unidad las redujeron a dos semanales, por tres horas y media cada una.

Yo no tengo carro para surtir gasolina. Pagaba autobús o me venía en carro por puesto. Las rutas entre municipios están suspendidas. Hay carros que viajan hasta San Félix, pero cobran más caro, porque solo les surten 20 litros de gasolina, y eso no alcanza para ir y venir, señaló.

Su opción fue viajar una vez por semana y, con un amigo que se ofreció a llevarla, surtir gasolina. Debe presentar sus informes médicos en la única estación de servicio habilitada en Upata. Su colaborador también ha tenido que comprar combustible para completar el tanque y hacer las compras diarias o una emergencia.

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Trasplantados sin medicamentos

 A Elizabeth González, con 43 años de edad y trasplantada desde los 17, la embarga la preocupación por no tener acceso permanente a los medicamentos inmunosupresores que dispensa el Seguro Social.

En su caso, necesita el suministro de Azatioprina y Prednisona, pero desde hace dos años y medio la entrega no es constante.

He llegado a pasar hasta seis meses sin que me den las medicinas en la farmacia de alto costo de Cumaná, indicó.

Esa demora es la gran angustia de González y de otros pacientes que llegan a Cumaná desde Santa Fe, Araya y Cumanacoa, ya que, al no contar con el abastecimiento de estos medicamentos permanentes, corren el riesgo de perder el trasplante.

Además de no entregarles los medicamentos a tiempo, los pacientes tienen que renovar informes y planillas cada seis meses y llevar récipes originales. Muchos no pueden hacerlo, pues no cuentan con 10 o 15 dólares que cuestan las consultas médicas.

Sin garantías de vida

Esperanza López es paciente oncológico desde hace cuatro años, y en 2019 fue diagnosticada con reincidencia de cáncer en el útero. Asegura que en la cuarentena social no puede cumplir su tratamiento ni realizarse los exámenes de rutina, pues su vehículo ya marca en la reserva de combustible.

“El laboratorio que realiza esos estudios a más bajo costo queda en Naguanagua y yo vivo en El Trigal, en la capital de Carabobo. No he podido ir”, lamentó.

Aunque en Carabobo no se ha diagnosticado ningún caso positivo de COVID-19, López tiene miedo de contagiarse. Tiene 66 años de edad y es pensionada, pero no ha dejado de trabajar como administradora, pues el dinero poco le alcanza.

Su sistema inmunológico es débil y requiere de una buena alimentación.

Comprar los alimentos es difícil, porque no hay mucho transporte. ¿Cómo nos alimentamos bien para soportar tratamientos tan agresivos? No nos respetan ni garantizan nuestro derecho a la vida, concluyó  López.

De acuerdo con la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, 10.000 pacientes renales y 2600 trasplantados en Venezuela corren riesgo de muerte debido a la cuarentena colectiva, el control sobre el libre tránsito de personas de un lugar a otro y la restricción en el suministro de gasolina como medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 en el país.


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