El Alto Comisionado, por su parte, registró cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pidió a las autoridades esclarecer.
Caracas. Las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) habrán sido disueltas en el papel, pero en la práctica continúan vivas. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, la cual dijo tener información que le permite aseverar que los cuerpos de seguridad “persisten” en cometer ejecuciones extrajudiciales.
“Las FAES fueron formalmente disueltas en julio de 2022. Sin embargo, la información en poder de la Misión indica que sus principales funciones, mandos e integrantes han sido absorbidas por la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), como parte de la Policía Nacional Bolivariana. Su creación coincide con el relanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado conocidos como ‘operaciones Trueno’”, afirmó este miércoles la presidenta de la instancia Marta Valiñas, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre la situación de las garantías fundamentales en el país.
Tras informar que entre abril y septiembre pasado las DAET participaron en siete operaciones contra el crimen en cinco estados, la jurista portuguesa alertó al Consejo que durante estos procedimientos “los medios de comunicación han reportado un alto número de víctimas mortales”, las cuales “podrían ascender a 70”.
Asimismo, tomó nota de los datos manejados por organizaciones venezolanas como Control Ciudadano, la cual contabilizó 716 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2022.
En un día antes el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk, también expresó su preocupación por la ocurrencia de estos crímenes. “Desde nuestro último informe de julio de 2022, mi equipo ha documentado cinco muertes en el contexto de operaciones de seguridad, y se han recibido más alegaciones”, indicó.
Hechos y no palabras
Turk aseguró que durante su visita al país, en enero pasado, recibió de las autoridades la promesa de que los casos mencionados, así como los de torturas y malos tratos serían investigados. No obstante, hizo votos porque las averiguaciones lleguen a buen término en un tiempo razonable.
“Soy consciente de que se han abierto investigaciones sobre denuncias relativas a operaciones de seguridad, (pero) años después muchas siguen sin resolverse y las audiencias judiciales se posponen constantemente”, dijo, al tiempo que agregó: “Me hago eco de las peticiones de justicia que escuché de las víctimas. A estas y a sus familias se les debe otorgar su derecho a la reparación y garantías de no repetición”.
El funcionario consideró que la aplicación de los protocolos de Minnesota y de Estambul, los cuales las autoridades venezolanas se comprometieron a seguir será un paso positivo. Dichos instrumentos internacionales prevén medidas para investigar y castigar los casos de torturas y abusos policiales.
Tras saludar que las autoridades permitan a sus funcionarios en Venezuela seguir más audiencias judiciales y visitar centros de detención para constar la situación de los presos, Turk reiteró su llamado para que sean liberados todos los presos arbitrariamente.
“Mi equipo sigue documentando casos, incluidas personas que permanecen detenidas después de que se hayan emitido órdenes de liberación; personas mantenidas en prisión preventiva más allá de los límites legalmente establecidos; y situaciones determinadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como correspondientes a la definición de detención arbitraria con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”, se quejó.
Más represión
El Alto Comisionado y la Misión coincidieron también al mostrar su preocupación por los ataques y persecución que vienen sufriendo periodistas, sindicalistas y activistas de Derechos Humanos.
La Misión (…) ha insistido en que la nueva regulación (en referencia al proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines), de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG”, afirmó Valiñas.
Por su parte, Turk abogó por que cualquier legislación a la sociedad civil organizada “se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos”.
La Misión de la ONU tomó nota de las denuncias formuladas por organizaciones como Espacio Público en relación con la situación de los medios, en particular las radios, 80 de las cuales fueron cerradas por las autoridades. “El mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas”, advirtió al Consejo.
Solo ataques
El Gobierno, en boca de su embajador ante el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant, rechazó los informes, a los que calificó de “penosos”.
“Mientras los patrocinadores de la iniciativa (que pide al Alto Comisionado supervisar a Venezuela) quieren entorpecer el diálogo y la cooperación entre el Gobierno venezolano y la Oficina del Alto Comisionado, nosotros respondemos con la renovación por dos años de la Carta de Entendimiento que regula nuestra común relación, brindando a nuestros detractores una nueva lección de ética y de compromiso con los derechos humanos”, señaló el funcionario.
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