El vocero de la coalición opositora, Freddy Guevara, dijo que, incluso en el caso de que se cancelera la iniciativa de Maduro, los ciudadanos no deben “bajar la guardia”.
Caracas. El vocero de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Freddy Guevara, aseveró que no hay indicios, ni negociaciones, que permitan pensar que el Gobierno va a cancelar la Constituyente y llamó a la población a “dar el todo por el todo” para que aumente el “costo político” de llevar a cabo la iniciativa. “Si hay un momento en que tenemos que apretar, es ahora”, señaló.
El también primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) reiteró el llamado a un paro cívico y una huelga general de 48 horas desde este miércoles y luego a la llamada “toma de Caracas” que se realizará el viernes. “El destino [de la marcha] lo daremos a conocer el mismo viernes”, dijo.
Agregó que el paro del día jueves debe ser sin la protesta del “trancazo” para que las personas puedan llegar, desde las regiones hasta Caracas el viernes. Ese día se darán a conocer las acciones para los días sábado y domingo en los que habrá una “escalada superior” de las protestas. Pidió a las personas que obstaculicen el tránsito en las calles permitir el acceso a ambulancias y periodistas. “Vamos a poner todo el foco para que el costo político de aprobar esa locura produzca que quienes sostienen el dictador cambien de parecer”.
La diputada Delsa Solórzano también estuvo en la rueda de prensa e hizo un llamado directo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Exigimos a la FANB que se ponga del lado del pueblo. Es hora de que cumplan con la Constitución. Le exigimos a la FANB que no despliegue ningún operativo para que no sea cómplice de un fraude constitucional”, señaló.
Ambos diputados rechazaron las afirmaciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, quien expresó que ya fueron instalados 96 % de los centros electorales del país. Se refirió a lo dicho por Lucena sobre la existencia de más de 70 parroquias en donde los electores podrían tener problemas para ejercer el voto por la presencia constante de protestas en esas zonas. “Ya no son un Estado, no tienen control de su territorio, no pueden ni organizar un proceso electoral”.
Solórzano rechazó las más recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del alcalde de Lechería (Anzoátegui), Gustavo Marcano y de Iribarren (Lara), Alfredo Ramos, así como la detención de algunos de los magistrados nombrados por el Parlamento la semana pasada. “Ninguna sentencia en las condiciones en que se encuentra [el TSJ] es válida, son nulas de nulidad absoluta”.
Foto referencial: Francisco Bruzco
Participa en la conversación