En Güiria, capital del municipio Valdez, los vecinos prefieren no hablar del caso en el que desaparecieron al menos 10 personas tras naufragar la embarcación que los traía de vuelta a Sucre el 23 de diciembre de 2021. El silencio de las autoridades nacionales y trinitarias ha sido sepulcral.
Cumaná. Han pasado un año y dos meses de la desaparición de Amiyah, la embarcación que zarpó con 10 personas a bordo desde la isla de Trinidad y Tobago hacia Güiria, municipio Valdez en el estado Sucre, el 23 de diciembre de 2021. El caso ha estado rodeado por el silencio de familiares, el hermetismo de las autoridades y, por consiguiente, la impunidad.
En Güiria, capital del municipio Valdez, los vecinos prefieren no hablar del caso.
“Nadie quiere relacionarse por el trasfondo que podría encontrarse y nadie quiere salir perjudicado. Podemos arriesgarnos por nuestros seres queridos, pero las mismas familias de las víctimas se quedaron callados”, señaló un vecino de la localidad que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
Sin embargo, en opinión de Félix Indriago, tío de Joanderson, un joven de 22 años que viajaba en el bote Amiyah junto con su pareja; la mayor responsabilidad recae en las autoridades venezolanas y trinitarias, respectivamente.
La denuncia sobre el caso de mi sobrino la hicimos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), desde el primer momento que desapareció la embarcación Amiyah”, detalló.
Félix asegura que también trataron de ir a la Fiscalía del Ministerio Público, pero en Carúpano (municipio Bermúdez), con la finalidad de reportar el caso, pero no encontraron al fiscal.
“Hasta agosto del año pasado, nadie nos decía nada del paradero de nuestra gente, pero los rumores aseguran que la embarcación fue secuestrada y que las mujeres que iban en el bote estaban vivas y solo mataron a los hombres, para cargar con el dinero que portaban”, agregó Indriago.
Advierte que desde Trinidad tampoco ha tenido noticias sobre la investigación, porque no cuenta con los recursos logísticos para viajar y presionar por una respuesta a las autoridades.
Indriago fue enfático al señalar que una investigación seria y a fondo sería suficiente para determinar las causas del suceso y darle la tranquilidad que la familia necesita.
Sostiene que la embarcación Amiyah se movió desde Chaguaramas hacia isla de Patos, pero no entiende las razones por las cuales no hay registro de las cámaras de seguridad de los puertos de Trinidad y Guardia Costera.
Indriago asegura que su sobrino no tenía planificado hacer ese viaje sino esperar hasta enero de 2022, para ahorrar los recursos suficientes que le permitieran montar su propio negocio en Güiria.
No descarta que su intención haya sido sorprender a su mamá y a su hermanito para celebrar las fiestas decembrinas. Reconoce que la vida de su familia cambió de la noche a la mañana.
A ese muchacho lo crie como mi hijo y uno vive con la esperanza de que esté vivo. Que un día toquen la puerta y sea él, que está de regreso”, dijo.
Indriago, al igual que la mayoría de las víctimas de los naufragios que se han registrado en las costas venezolanas, han salido a buscar calidad de vida “y a él le iba bien con la venta de pescado en el puerto de Chaguaramas”, añadió.
Diciembre doloroso
El mes de diciembre tiene cicatrices imborrables en el desarrollo del pueblo de Güiria. El pasado día 6, se cumplieron dos años del naufragio de las embarcaciones: Mi Recuerdo y Mi Refugio, en el que fallecieron más de 41 personas.
“Todavía los lloramos, conocíamos a muchas personas y eso nos marcó. La tristeza se sentía en el pueblo”, dijo el informante.
Aunque los familiares fueron asesorados para insistir en la necesidad de una investigación del caso, al parecer el miedo y la falta de recursos frenaron el interés en presionar por la continuidad de las averiguaciones.
Mi sobrino era José Carlos San Vicente, tenía 30 años, a él prácticamente lo enterramos dos veces porque solo encontramos una osamenta y la segunda era la que tenía frenillo y las marcas que lo caracterizaban, además que él medía 2,05 metros”, declaró Julio Potella, tío de la víctima del bote Mi Recuerdo.
Asegura que por las condiciones en las que encontraron los cuerpos, las víctimas fueron acribilladas e incluso desmembradas.
Ellos desaparecieron el 6 de diciembre, pero los cadáveres no aparecieron sino al séptimo día. El Gobierno dijo que había sido un naufragio, pero vimos rastro de heridas que no solo eran comidas por los animales. Además hay muchas cosas que no se pueden decir”, enfatizó.
Potella señaló que para aquel momento las autoridades venezolanas se enfocaron en detener a las personas que hacían los viajes hacia Trinidad “para utilizarlas como chivos expiatorios del problema de trata de personas” y con ello, detuvieron a cualquiera que iba a comprar comida en la isla.
“La salida ilegal de embarcaciones se mantiene, porque es más cerca ir a Trinidad que a Carúpano y las compras de comida, por ejemplo, son más económicas y de mejor calidad. Para aquel momento era mucho mejor porque la situación en Venezuela era más fuerte por la escasez de comida”, detalló.
En su opinión, aunque la situación es distinta muchas personas aprovechan la ruta oficial para el envío de encomiendas.
Sigue la inseguridad
Ambos familiares de las víctimas coincidieron al señalar que la situación país presiona a los coterráneos para salir por las costas de Güiria, y aunque los hechos diarios de violencia han mermado, reconocen que persiste la sensación de inseguridad.
Incluso, advierten que en la Península de Paria, la tradición pesquera ha mermado y limitado sus horarios de faena por temor a la piratería marina, sumada a la escasez de gasolina y la acción de otras actividades ilícitas.
Sucre se mantuvo hasta el año 2021 en los cinco primeros lugares del ranking nacional de violencia, y el año pasado se desplazó al puesto 19, de acuerdo al Informe Regional Anual del Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).
Desde 2019 más de un centenar de personas han fallecido en diferentes naufragios. El caso de la embarcación Jhonaily José ocurrió el 23 de abril de 2019, de ese hecho solo rescataron a nueve de las 38 personas a bordo.
Otra embarcación que zozobró fue la lancha Ana María, 33 tripulantes desaparecieron en un hecho ocurrido el 16 de mayo de 2019.
Los familiares de las víctimas de ambos casos se mantienen unidos a través del Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones y Trata, mejor conocido como Mayday Confavic, junto con los seres queridos de los desaparecidos de Vela de Coro, en las costas del estado Falcón.
La organización está conformada por más de 115 familias que han perdido a 144 familiares en altamar. Aseguran que estos fueron víctimas de manos criminales dedicadas al tráfico y trata de personas.
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