El apoyo de la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales ha sido fundamental en el acompañamiento de las víctimas para exigir al Estado venezolano una investigación “real” de la tragedia.
Cumaná. Al cumplirse dos años de la tragedia ocurrida entre las costas de Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, y la isla de Trinidad y Tobago, en la que fallecieron más de 41 personas a bordo de la embarcación “Mi Recuerdo”; los familiares piden a la sociedad que no los olviden y la Iglesia exige una investigación “real”.
Una ceremonia litúrgica celebrada en la fosa común de los náufragos de Güiria y una vigilia por las calles del pueblo, con luces y globos, fue el marco para honrar a los hombres, mujeres y niños “que se convirtieron en el rostro visible de tantas personas que se marchan en busca de un futuro mejor”, en medio de la emergencia humanitaria compleja que compromete el desarrollo de la población venezolana.
“Ante estos graves y dolorosos hechos, desde la Iglesia católica pedimos nuevamente a los órganos del Estado venezolano que se realice una investigación real, en la que se apliquen los protocolos del derecho internacional para su esclarecimiento y establecer responsabilidades”, reza un comunicado firmado por la representación de la Diócesis de Carúpano, encabezada por monseñor Jaime Villarroel, la Red Clamor Venezuela –coordinada por el presbítero Jesús Villarroel–, José Gregorio Guarenas de la Vicaria de Derechos Humanos, José Fernández de Cáritas Carúpano y el presbítero Juan Calzadilla de la parroquia Inmaculada Concepción.
Además, exigen que se garantice la participación de los familiares en el proceso de investigación y, con ello, también incluyen la reparación de los graves hechos de forma integral y que se apliquen medidas de seguridad para que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir.
El comunicado hace un llamado a los órganos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que condenen las acciones y las conductas de las autoridades de países receptores, y se exija la aplicación de las normas de Derecho Internacional Humanitario que garantiza el deber de no devolución de migrantes.
Con ello, la Iglesia se muestra solidaria con las familias de las víctimas para que tengan consuelo y exhortan a la comunidad a no olvidar, a mantener la esperanza y a respaldar a los familiares a través de la promoción de espacios preventivos para mitigar la realidad.
La mayor preocupación de la sociedad, en general, es que este tipo de tragedias se repitan, pues la salida ilegal de embarcaciones no ha cesado.
Las salidas de embarcaciones clandestinas continúan porque las exigencias y los costos para entrar a Trinidad legalmente, son muy altos”, comentó Rosaura Fuentes, habitante de Güiria, quien prefiere mantener su verdadera identidad en el anonimato.
“Cada dos o tres días se van 100 personas y aunque las autoridades trinitarias devuelven 60, a la semana siguiente vuelven a querer salir para mejorar su situación, porque el día a día en el pueblo es muy fuerte con esas subidas del dólar”, añade con preocupación.
Situación inaguantable
Para los habitantes de la península de Paria, las condiciones de vida son cada vez más deprimentes y no es fácil desarrollarse en uno de las entidades más pobres del país, en las que las condiciones de productividad han sido mermadas.
Los pueblos lucen tristes y desolados. Además en Güiria el control lo tiene la delincuencia, si denuncias ante las autoridades, ellos mismos te ponen en evidencia con la gente mala para que te castiguen. Quién puede vivir así, hasta cuándo vamos a aguantar”, enfatiza Lucía Gómez.
Es así como en Güiria nadie puede hablar de las situaciones de violencia e inseguridad que cobran fuerza por el control del territorio, por temor a los daños que puedan causar no solo a su integridad física, sino la de familiares y seres queridos.
Sin embargo, los vecinos reconocen que el apoyo de la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales, ha sido fundamental no solo para los familiares de las víctimas de naufragios sino de muchas otras situaciones asociadas a la migración forzada que se vive en esta zona del país.
Cronología de las tragedias
Desde 2019 se ha confirmado el naufragio de cuatro embarcaciones, así como la muerte y desaparición de un centenar de personas en las costas sucrenses. La situación, llevó a los familiares a conformar el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones y Trata, mejor conocido como Mayday Confavit.
El primer caso fue el naufragio de la embarcación “Jhonaily José”, registrado el 23 de abril de 2019, de la que solo rescataron a nueve de las 38 personas a bordo.
La segunda lancha que naufragó fue “Ana María”, con la desaparición de 33 tripulantes en un hecho ocurrido el 16 de mayo de 2019. Las víctimas de este hecho no solo fueron captadas en el oriente del país, sino en entidades como Táchira y Distrito Capital.
El 6 de diciembre de 2020 se denunció la desaparición de los botes “Mi Recuerdo” y “Mi Refugio”, que zarparon con 41 personas.
Indiferencia
En contraparte, la representación oficial ha guardado silencio en torno a los naufragios de embarcaciones y familiares de los desaparecidos aseguran que solo se ha hecho eco de medidas efectistas que no garantizan la estabilidad de la población.
El 13 de diciembre, a través de la plataforma Twitter, la Gobernación del estado Sucre confirmó la incorporación de una nueva embarcación a la ruta Venezuela-Trinidad y Tobago con salida desde Güiria los miércoles, a las 8:00 a. m. y retorno los jueves, a la 1:00 p. m.
La embarcación “Playa Patanemo” se sumaría al buque Trini Flyer, puesto en funcionamiento en agosto.
Participa en la conversación