Las mujeres con cáncer y sobrevivientes decidieron protestar este 27 de mayo frente al Ministerio de Salud, en Caracas. Manifestaban que querían seguir viviendo. Un derecho que está en la Constitución y que, para ellas, no está siendo respetado.
Caracas. El anastrozol —un medicamento de terapia hormonal para tratar el cáncer de mama después de la cirugía— que le dieron a Estrella Rodríguez en el Oncológico Luis Razetti, en Cotiza, venció el 5 de mayo. El médico le recomendó que lo tomara máximo con cinco meses de vencimiento para evitar reacciones adversas. Ella no tuvo opción, estas pastillas las tiene que tomar todos los días por 10 años y en el mercado privado no bajan de 22 dólares.
Estrella tiene 62 años de edad y fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017. Es jubilada del hospital Dr. Miguel Pérez Carreño como licenciada en Nutrición y Dietética. En esos primeros meses con la enfermedad, su tarjeta de crédito todavía servía para algo y, junto con una donación del Banco Central de Venezuela y Empresas Polar, pudo pagar su operación. Además, los amigos y familiares la ayudaron a costear su radioterapia en la Clínica El Ávila hasta que se volvió impagable.
Uno de los tratamientos que necesitaba costaba 2000 dólares por ampolla y eran 18. Lo mismo pasaba con los exámenes en laboratorios privados. Se cambió al oncológico Luis Razetti y comenzó a vivir las dificultades del sistema de salud público. “Uno tiene la vida en un hilo. Me tenía que hacer una radiografía en marzo porque puede que tenga algo en el pulmón, y todavía no ha sido posible. Sin dólares es imposible”, manifestó con la voz entrecortada.
El anastrozol es un inhibidor hormonal. En el oncológico Luis Razetti le dijeron que el que había era ese que ya había vencido. En la Farmacia de Medicamentos de Alto Costo está escaso desde noviembre del año pasado. Pero, además de eso, necesita hacerse exámenes como un gammagrama óseo, que lo ha visto entre 250 y 700 dólares.
El oncológico está casi que en cierre técnico porque nada sirve”, lamentó Estrella, y detalló que no sirven el tomógrafo, la máquina de rayos X, no hay laboratorio. Como paciente, no puede cumplir con una buena alimentación, vitaminas y calcio.
A pesar de que es de la tercera edad y paciente de riesgo, tampoco la han llamado para que se vacune contra la COVID-19. Cuando sale se pone su tapaboca y máscara protectora. Se cuida como puede porque siente que el Estado venezolano no toma la salud como una prioridad: “Nuestra vida no es un juego y el cáncer no espera”.
A Venezuela solo han llegado 2.780.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 para 1.390.000 personas. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro insiste en que para agosto habrá inmunizado a 70 % de la población. Según el ministro de Salud, Carlos Alvarado, para la nueva fase de vacunación se integrará a las personas menores de 60 años de edad con dos patologías de base, pero sigue sin hacerse público un plan nacional de vacunación.
Según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, a causa del cáncer de mama y cuello uterino se perdieron casi 100.000 años de vida, para el año 2019. El grupo etario con mayor número de esos fallecimientos se encuentra entre los 55 y 64 años, es decir, que cada mujer fallecida pierde un promedio de 19 años de vida.
Las mujeres con cáncer y sobrevivientes decidieron protestar este 27 de mayo frente al Ministerio de Salud, en Caracas. Manifestaban que querían seguir viviendo. Un derecho que está en la Constitución y que, para ellas, no está siendo respetado. No les tembló el pulso para subir sus camisas y mostrar lo más íntimo de ellas porque se sienten abandonadas y enfrentando una enfermedad que es costosa en un país que está en una emergencia humanitaria compleja.
“La venezolana es guerrera. Desde que se levanta hasta que se acuesta. El cáncer no es una enfermedad para personas débiles. Es para luchadores”, dijo Mirela Iguera, de 49 años de edad, mientras que sus ojos casi amarillos se llenaban de lágrimas. En 2017 fue diagnosticada con cáncer de mama, pero recuerda que uno de los años más difíciles fue 2018 porque no conseguía nada. Para hoy está en revisión cada tres meses en el hospital oncológio Padre Machado y sigue con la procesión económica en un sistema de salud colapsado.
En el caso de Mirela, tiene que tomar un inhibidor hormonal llamado letrozol, por cinco años. Se lo han querido dar vencido y ella lo ha rechazado. “Estoy luchando por mi salud y no la voy a dañar con un medicamento vencido”, resaltó. Solo cumplió con tomarse esta medicina por dos años y medio. Ahora ha optado por tomarse algo “en lo que tiene fe, como un guarapito”.
Mirela detalló que el oncológico Padre Machado está pasando por su peor momento. Al igual que los otros centros de salud, la mayoría de los equipos están dañados y no hay insumos. Semanalmente ha tenido que ver cómo mueren entre 15 y 17 compañeras de todas las edades.
De acuerdo con la última investigación de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y otras cuatro ONG, al menos ocho de cada 10 mujeres jóvenes —entre 9 y 29 años de edad— no se realizan regularmente el autoexamen manual de las mamas, y solo al cumplir 30 años comienzan a asistir a consulta. Además, seis de cada 10 no pueden costear consultas de medicina general por más que quisieran y 46,9 % de sus encuestadas no tiene dinero para gastos de exámenes de laboratorio, mamografías y ecos.
La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH 2019) señala que los servicios de apoyo más importantes y básicos de un hospital, como laboratorios, rayos X y ecografía, presentan inoperatividad, en promedio, de 50 %.
Los familiares también sufren
La madre de Lizmervin Cerpa está en cama por un cáncer de ovario estadio cinco con metástasis en algunas zonas. De todas maneras, como hija, quiso acercarse a la manifestación para apoyar a las mujeres que están viviendo lo mismo que su mamá, a quien desde 2017 sacó de Puerto Ordaz, estado Bolívar, para que pudiera cumplir su tratamiento en Caracas.
Al principio viajaban mensualmente. Luego los pasajes se pusieron impagables y las medidas de cuarentena por la COVID-19 les impedían viajar con regularidad. Por eso Lizmervin dejó su trabajo, como docente de un colegio de Puerto Ordaz, y se estableció en la ciudad con su mamá, pagando alquiler a unos familiares.
La mayoría de los tratamientos y medicamentos los han podido cumplir con la publicación de servicios públicos en redes sociales. “Hay personas que te ayudan y otras que te estafan. Uno va aprendiendo”, lamentó.
Para Lizmervin, el cáncer es una enfermedad que enseña al paciente y al familiar. En el caso de Venezuela, subrayó, lo sufren las dos: su madre, que está en cama trata de no perder la batalla, y ella, que está día a día averiguando dónde está tal examen a un precio más económico.
Seis voceras del Hospital Militar, oncológico Luis Razetti, oncológico Padre Machado y hospital de El Llanito tomaron la responsabilidad de entregar un oficio con todas sus peticiones ante el Ministerio de Salud. El representante de este organismo del Estado no dio su nombre o identificación al momento de dejarlas pasar. No obstante, resaltaron que saldrán a manifestar todas las veces que sea necesario.
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