El informe de la ONG Espacio Público presenta tres casos de violencia digital de género en Venezuela y sus impactos en los derechos de las mujeres. Además, hacen un análisis enfocado en la situación de los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión en el mundo digital.
Caracas. Diana Liz Duque, bióloga dedicada a la conservación de la fauna silvestre y directora del Proyecto Moro Araña en la Reserva Forestal Caparo del estado Barinas, denunció el 7 febrero de 2020 en su cuenta de Twitter una tendencia irregular de guacamayas como mascotas por parte de Richard Linares, reconocido como experto en nutrición, quien respondió en su cuenta de Instagram acusándola de “calumniadora”.
Linares publicó en su cuenta, con más de 2 millones de seguidores, una fotografía de Diana Liz Luque y llamó a sus seguidores a que le dijeran “la verdad de cómo viven” sus guacamayas. El 16 de febrero, Diana Liz publicó un hilo en Twitter en el que compartió capturas de pantallas con una serie de expresiones sexistas, insultos, hostigamientos y descalificaciones contra su aspecto físico.
El testimonio de Diana Liz Duque es uno de los tres casos que levantó la ONG Espacio Público para el informe “Violencia digital de género contra las mujeres en Venezuela”, que presentaron este 18 de julio. También abordaron el hostigamiento que recibió la periodista Gregoria Díaz, luego de informar sobre la hospitalización de un ciudadano en el Hospital Militar de Maracay proveniente de China con síntomas de COVID-19, así como el acoso y amenaza que recibió la periodista y activista Lorena Evelyn Arráiz por parte del “influencer” venezolano Newman Pérez desde el año 2018.
“Las mujeres que experimentan mayor vulnerabilidad son aquellas que tienen un perfil público”, explicó Ricardo Rosales, asesor en litigio estratégico e investigador de Espacio Público. Ante esto, resaltó que las mujeres que se dedican al activismo, defensa de los derechos humanos o al periodismo, están más propensas a recibir ataques digitales, de manera individual o como grupo para tratar de “desacreditar” su participación pública.
En el informe de Espacio Público resaltan que el testimonio de Diana Liz lo recogieron en varios medios de comunicación, nacionales e internacionales, en algunos casos con un relato cronológico y en otros con opiniones personales. Igualmente, resaltaron que la “cobertura mediática lo trató como una polémica de redes sociales o una controversia que terminó en ciberbullying”, sin aterrizar en el tema de género.
Fernanda Vanegas, especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, resaltó que los ataques digitales son una forma de violencia de género que está invisibilizada con impactos negativos en las vidas de las víctimas y se da por un gran desfase que hay entre la digitalización y la respuesta preventiva o prohibitiva para este tipo de casos por parte del Estado.
La falta de conceptualización y las lagunas que hay en la tipificación de las conductas hace que haya un vacío donde se encuentra un espacio de vulnerabilidad (…) En algunos países han avanzado para integrar esto en sus códigos penales, pero no es algo sistemático”, subrayó Vanegas.
En el documento de Espacio Público señalaron que la violencia digital de género es “estructural y afecta primordialmente a las mujeres” e hicieron énfasis en que durante los últimos tres años ha recibido especial atención por diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la Relatoría ONU-Mujeres, la Unesco y numerosas organizaciones dedicadas al estudio de la intersección entre géneros, internet y libertad de expresión.
Hay que fortalecer prácticas de seguridad digital y hacer incidencia internacional pensando en el rol que juegan las redes sociales en ese tipo de violencia”, comentó Rosales.
Vanegas resaltó que, en el contexto actual en el que estas conductas de violencia digital de género no son castigadas, las víctimas pueden dudar sobre qué palabras usar al momento de hacer su denuncia por miedo a que se desestime. “Si en el mundo offline aún se desestiman denuncias, es peor y hay mayores dificultades cuando es violencia online”, destacó.
➡️ Mayor conceptualización.
➡️Mayor acompañamiento a las víctimas.
➡️ Insistir en la responsabilidad de actores privados y los intermediarios de Internet, debe haber un enfoque de género en las reglas de uso de las redes sociales. pic.twitter.com/p91LCFqTmv
— Espacio Público (@espaciopublico) August 18, 2021
Violencia más allá de la pantalla
La encuesta global de la Unesco Journalists Too 2020 arrojó que de 714 periodistas mujeres, 26 % señaló los impactos psicológicos, el 17 % se sintieron más inseguras como resultado de la violencia en línea, 12 % recurrió a ayuda psicológica o profesional en general, 11 % perdió su trabajo por el cuadro psicológico diagnosticado, 10 % encontró afectada su reputación profesional y 4 % perdió el trabajo por temor a la violencia física a partir de lo digital.
Rosales y Vanegas coincidieron en que existe una posibilidad de que la violencia online pase a violencia física. “La violencia no para en la pantalla”, destacó Vanegas y comentó que también tiene impactos en las vidas de las mujeres y niñas, como en el caso de la salud mental, con consecuencias relacionadas con ansiedad, depresión, miedo, aislamiento y tentativa de suicidio.
Por ejemplo, en el caso de Lorena Arráiz, destacó que las agresiones que recibió afectaron su salud mental porque de alguna manera se sintió vulnerable y expuesta. “Mis datos personales fueron revelados y se generó una campaña con imágenes personales que distorsionaron para manipular a la opinión pública”, documentó Espacio Público en su informe con declaraciones de la víctima.
Según otro estudio de la Unesco citado por Espacio Público sobre violencia digital contra periodistas en Latinoamérica, las mujeres son atacadas, al igual que sus colegas hombres, por los temas políticos o de coyuntura que publican; pero se utilizan contra ellas muchas más expresiones discriminatorias vinculadas al género y agresiones con connotaciones sexuales.
En el informe de Espacio Público destacan que, en el entorno digital, el acoso puede tener repercusiones importantes y dar lugar a la autocensura. Por esto, mencionan que los casos estudiados comparten como falla estructural la ausencia de una perspectiva de género que atienda a las particularidades de las mujeres en sus ámbitos individuales y sociales.
“Las empresas y el Estado deben proporcionar respuestas efectivas a las denuncias de violencia de género desde un enfoque normativo no punitivo. La sociedad civil carga otra responsabilidad en documentar, denunciar y sensibilizar sobre la temática, así como de llevar adelante estrategias sociales comprometidas con abordar estructuralmente el problema de la discriminación contra las mujeres. La violencia digital de género existe y merece un lugar relevante en la agenda pública. Ya no alcanza con psicólogos y refugios: se trata de una realidad impostergable para los derechos de todas las mujeres”, agregaron.
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