Cynthia Brizuela, miembro de Unicef Panamá, precisó que más de 1500 billones de estudiantes se encuentran fuera de la escuela en todo el mundo por las medidas de cuarentena adoptadas en muchos países. De esos, más de 160 millones corresponden a estudiantes de América Latina y el Caribe.
Caracas. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad venían en cuerda floja. Con la emergencia humanitaria a causa de la COVID-19, siguen siendo una población vulnerable con pocas respuestas por parte del Estado venezolano. Las leyes de protección están en el papel, solo falta que se apliquen en la cotidianidad.
“La Lopna representó un antes y un después en Venezuela, pero hay brechas entre lo que está en el texto y la realidad que sufren los NNA con discapacidad en nuestro país”, aseguró el abogado y coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, en un encuentro digital de la ONG Riadis sobre inclusión, discapacidad y COVID-19.
Para Trapani, la pandemia es solo un elemento más de muchas barreras que afectan a los NNA con discapacidad. Limitaciones en cultura, educación, familia y políticas públicas. Sin embargo, ahora más que nunca siguen vigentes principios de protección a los que no se les deben dar la espalda durante la emergencia del coronavirus:
• La opinión del niño es importante. Superar la barrera de pensar que una persona con discapacidad no puede expresarse, no piensa o no siente.
• Igualdad y no discriminación. No dejar que se normalicen algunos prejuicios, o que sean tan comunes que pasen inadvertidos y puedan herir a una persona con discapacidad.
• Medidas del Estado para garantizarles a los NNA que son prioridad en el acceso de servicios públicos, protección y socorro.
• Las familias como espacios de protección privados. Mamá y papá tienen igualdad de derechos en el cuidado.
La ONG Consorven alertó a finales de mayo, a dos meses de haber llegado la pandemia al país, de que de un universo de 251 personas con discapacidad encuestadas, 53,7 % respondió que su acceso a la alimentación había disminuido durante la cuarentena, y 68,3 % reportó que necesitaba medicamentos.
Pero, si se echa un ojo para atrás, en octubre de 2019, 18 organizaciones civiles y universidades se unieron para mostrar a través de un informe que 46 % de las instituciones de educación pública en 12 estados del país presentaban limitaciones de accesibilidad en su infraestructura, debido que tenían más de un piso, carecían de rampas, y 76 % no tenía ascensores.
Cynthia Brizuela, miembro de Unicef Panamá, precisó que, en el escenario actual de una paralización significativa de varias actividades, más de 1500 billones de estudiantes se encuentran fuera de la escuela en todo el mundo por las medidas de cuarentena adoptadas en muchos países. De esos, más de 160 millones corresponden a estudiantes de América Latina y el Caribe.
Con los obstáculos de conexión, barreras del acceso al aprendizaje a distancia, y pocos mecanismos de educación para los NNA con discapacidad, se calcula que siete de cada 10 menores de edad no tienen acceso a la educación en el transcurso de la pandemia.
En el caso de Venezuela, Consorven registró que 69 % de las personas con discapacidad perciben que cada vez fallan más los servicios públicos. Sin luz, no puede haber clases a distancias. Y, más allá, la escasez de agua o gas doméstico también significan motivos de estrés para los NNA con discapacidad.
Brizuela citó otras barreras que no están muy lejanas de la realidad venezolana: problemas para el cumplimiento de la higiene por falta de agua potable, exposición a enfermedad y complicaciones por falta de medicamentos, desinformación porque el Estado no garantiza un formato que sea apto para las personas con discapacidad cuando hablan de datos sobre el virus, y limitaciones para acceder a los servicios de salud.
Aunque no se trata de un tema nuevo, Javier Álvarez, adjunto de la oficina de Unicef en Venezuela, consideró que durante las situaciones de crisis siempre se abren oportunidades, y aseguró que no pierde la esperanza de que se renueve el compromiso político y financiero del Estado para con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Desafíos para la inclusión
Trapani, agregó una serie de desafíos durante la cuarentena que son de importancia para las organizaciones no gubernamentales; las madres, padres y cuidadores, y, por supuesto, para el Estado.
Visibilidad: incrementar los esfuerzos a escala nacional para que las ONG levanten datos duros y diagnósticos que permitan identificar la situación de las personas con discapacidad. Además, ponerles rostros a las historias.
Políticas públicas: un plan integrado, lógico, sostenido, con indicadores y recursos. “No hay derecho sin presupuesto”, sostuvo Trapani.
Programas y servicios: de calidad, cercanos, con personal sensibilizado.
Mecanismos de denuncia: que sean singulares, accesibles, gratuitos. “Es inaceptable un acto de violencia ante un niño y que quede impune”, afirmó.
Tratar a los niños como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Evitar exponer al menor de edad a nuevas formas de discriminación, violencia o exclusión.
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