Francisco Valencia, presidente de Codevida, dijo que en el país hay cerca de 200.000 enfermos crónicos que no consiguen medicinas. Defensores crearon la plataforma denuncialoya.org.ve, para registrar casos de violaciones a la salud.
Caracas. 200.000 pacientes crónicos sufren la escasez de medicamentos que en algunos casos supera 80 %, según informó Francisco Valencia, presidente de la Coalición de organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida).
Es por ello que varias organizaciones dedicadas a una vida sana y a la defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Codevida, Senos Salud, Convite, Acción Solidaria, Provea, Transparencia Venezuela y el Centro de Justicia y Paz, este lunes introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una demanda de protección para todos los venezolanos.
Esta es la primera vez que varias organizaciones no gubernamentales firman en conjunto una petición de esta magnitud. En febrero pasado el Centro de prendizaje Comunitario (Cecodap), interpuso un amparo para solicitar garantías en vista de la escasez de medicamentos ante el Tribunal Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). La acción judicial fue denegada en abril, quedando así vulnerado el derecho de los pacientes más pequeños.
Ahora con esta nueva acción pretenden que el TSJ dicte medidas que obliguen de alguna manera al Estado a declarar y aceptar la ayuda humanitaria, o en su defecto a comenzar ya con el abastecimiento de medicinas e insumos.
Valencia destacó que por el desabastecimiento de fármacos han fallecido ciudadanos. “Por tanto vamos a hacer todas las acciones pertinentes, para que el tema de la salud sea tomado en cuenta. El TSJ tiene ya en sus manos las pruebas, esto no es una decisión difícil. Los magistrados pueden hacer que el Gobierno entienda que la única manera de garantizar la salud en estos momentos es activando los mecanismos internacionales”.
Informó que ya hay una proyecto de Ley de Ayuda Humanitaria que en los próximos días será enviada al Poder Ejecutivo. “Esperemos el Gobierno no la mande al TSJ porque sería atentar contra la salud de las personas”.
Esta crisis del desabastecimiento es algo que incluso consta en los expedientes que manejan la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero para el Gobierno eso es puro cuento chino.
De hecho en estos momentos la ministra de la Salud, Luisiana Melo, se encuentra en Ginebra-Suiza en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Consejo de Salud Suramericano de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), cuya presidencia Pro Témpore está a cargo de la República Bolivariana de Venezuela.
En la jornada que se realiza en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), máxima instancia internacional en la materia, se espera -a juicio de Valencia- que a la ministra le den algunas recomendaciones.
“La OMS está enterada de toda la situación y tan es así que ya hay varios organismos esperando para brindar la ayuda que necesitamos y abastecer el país. Esta es una situación crítica, catastrófica, y por tanto esperamos a que el TSJ no vacile, pues le entregamos un documento de 170 páginas con base, con informaciones y testimoniales de una crisis que para nadie es un secreto”.
Juan Bautista Carrero, accionante legal de la medida, explicó que los magistrados tienen cinco días para pronunciarse y se mostró confiado en que el Poder Judicial tome una decisión que favorezca los derechos fundamentales del pueblo, y emita una orden al Estado para que hagan las gestiones necesarias para el abastecimiento de medicinas, o para solicitar la ayuda humanitaria.
Destacó que es necesario que tome una decisión urgente porque hay gente que está muriendo, por un lado y, por el otro, porque las políticas como el motor farmacéutico anunciado hace poco van a tardar mínimo seis meses. “Igual sucederá si decide pagarle a las empresas del sector, tardarían seis meses en reactivar la producción”, dijo.
Beatriz Borjes directora del Centro de Justicia de Apoyo y Paz, además anunció la creación de la plataforma denuncialoya.org.ve donde las organizaciones de salud y abogados de la red de derechos humanos documentarán las diferentes violaciones al derecho de la salud.
Fotos: Miguel González
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