La fiscal general anunció que en los próximos días su despacho comenzará a citar a quienes le adjudicaron contratos para obras a la empresa brasileña y a quienes no velaron porque las mismas fueran concluidas pese a los desembolsos hechos. Asimismo, habló sobre el proceso en su contra y se mostró dispuesta a servir de puente para que el Gobierno y la oposición dialoguen.
Caracas. A horas de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida si autoriza o no su enjuiciamiento y la suspende de su cargo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha decidido mostrar los dientes, al confirmar que funcionarios venezolanos recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y al asegurar que ya tiene algunos identificados, a los cuales procesará en los próximos días.
“Ya tenemos identificados a varios a funcionarios públicos que comprometieron el patrimonio del Estado a favor de esta empresa”, afirmó en la tarde de este lunes durante una entrevista radial, en la cual agregó: “Tenemos los contratos y las personas que autorizaron que se ejecutaran esas obras y que no le hicieron seguimiento a esos contratos y esas obras nunca concluyeron. ¡Ojo a aquellas personas que firmaron esos contratos y que no le hicieron seguimiento! ¡Esas obras nunca concluyeron!”.
Pese a que no reveló de cuántas personas se trata ni su jerarquía dentro de la administración pública, Ortega Díaz aseveró tener elementos suficientes para procesarlos. “Muchos recibieron comisiones y esas comisiones fueron depositadas en el extranjero y en algunos casos a nombre de familiares. Todo eso ya lo tenemos bien organizadito”, soltó.
Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber sobornado con 98 millones de dólares a funcionarios públicos en Venezuela entre 2006 y 2015, el monto es el segundo más alto en coimas en toda Latinoamérica después del mismo Brasil.
Los anuncios de Ortega Díaz son los primeros que realiza luego de que en enero informara que abría una investigación por este caso, en el cual Brasil ha provocado la detención del presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, de otros directivos, exministros y diputados.
La fiscal general atribuyó la demora a lo complicado de las investigaciones. “Lamentablemente, aquí hemos tenido muchos obstáculos tú sabes que en materia de corrupción y de legitimación de capitales siempre es difícil la investigación, porque quienes tienen las pruebas son aquellos precisamente a quienes se está investigando”, dijo, al tiempo que reconoció que ha tenido algunos problemas con su par brasileño para que le haga llegar información.
El Defensor miente
Sobre el proceso que el TSJ tiene en su contra, Ortega Díaz aseguró que el mismo ha perdido “toda formalidad” y calificó de “impertinente” la prueba grafotécnica que el organismo le solicitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por cuanto ella admite haber acudido a la sesión del 21 de enero de 2016, donde según el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el diputado Pedro Carreño, ella avaló las designaciones de los magistrados hechas un mes antes.
“Esa reunión del 21 de enero no está en discusión, esa sí se realizó”, dijo, al tiempo que indicó el problema es la del 16 de diciembre de 2015, donde supuestamente el Consejo Moral Republicano hizo la escogencia de los candidatos a integrar el TSJ, cita que, insistió, no se realizó.
“El Defensor está mintiendo, porque él no señala esta acta [en relación a la del 16 de diciembre, la cual no tiene su firma ni la de la entonces secretaria del Consejo, María José Marcano, ni siquiera la del propio Saab]”, afirmó, al tiempo que agregó: “Por qué no busca el acta a que hace referencia esta otra [del 16 de diciembre], porque esa acta no se firmó. No la firmé yo ni la secretaria ni el propio Defensor (…) Lo que hay que ver es el acta donde se designaron los magistrados y no se realizó. ¿Dónde está el acta donde se seleccionaron los magistrados?”.
Como prueba para sustentar su ausencia la funcionaria pidió que se revisara su cuenta de Twitter y revisar la publicación que hizo ese 16 de diciembre. “Ese día yo estaba juramentando creo que eran 70 o 77 nuevos funcionarios del Ministerio Público. Materialmente no tengo el don de la ubicuidad”.
Detenciones irregulares
Tras condenar los hechos de violencia ocurridos el lunes en Caracas y en particular el ataque que sufrió un grupo de guardias nacionales, la fiscal general hizo un llamado a la reflexión tanto al Gobierno como a la oposición.
“Hay que darle un alto a todo esto. Hay que sentarnos a entender que lo que está pasando es algo grave”, dijo, al tiempo que se mostró dispuesta a conversar con el presidente Nicolás Maduro, el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno; y los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática.
“Ojalá pudiera convertirme en un factor para el diálogo en este país (…) que aquí entienden todos que la sociedad reclama paz, entendimiento, alimentos y medicinas”, afirmó, para luego denunciar que 232 personas se encuentran detenidas arbitrariamente en el país porque los jueces han decidido enviarlos a prisión, pese a que su despacho ni lo ha solicitado ni los ha imputado de ningún delito.
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