Paúl Martucci: el activista que mantiene esperanzas de que reconozcan la identidad de las personas trans en Venezuela

A sus 36 años de edad, Paúl Martucci aún se enfrenta a la incomprensión de familiares y a discriminación social y laboral por ser un hombre trans. Su lucha más reciente como activista LGBTIQ+ se enfoca en que las personas trans puedan tener un documento que refleje su identidad.

Caracas. Aunque desde hace seis años Paúl Martucci se identifica como un hombre trans, y dio inicio a su terapia hormonal para hacer la transición, sus padres, tías y abuela siguen llamándole Paola.

Él anhela que esto pueda cambiar algún día. Por lo pronto, aspira a convertirse en una de las primeras 15 personas trans en Venezuela que, por motivos de género, logre cambiar su nombre en el documento de identidad como se supone que lo permite la ley.

Paúl relata que durante su niñez no se hallaba entre los vestidos, faldas, bikinis ni sandalias que le hacían usar. Creció en la parroquia de El Paraíso, en Caracas, en un hogar donde las peleas y maltratos por sus gustos eran recurrentes.

“Si jugaba fútbol, básquet o ‘pisa y corre’ con los varones de mi familia, me agarraban a golpes. Una vez me agarraron frente a todo el barrio y más nunca quise salir”, cuenta. “Si en ese momento me preguntabas quién era, no tenía palabras exactas para definir… En ese entonces no se veían hombres trans. No sabía qué me estaba pasando”.

Durante su adolescencia sintió más libertad de mostrar una expresión de género más “masculina”. Pero por su aspecto y actitud, desde primero hasta tercer año de bachillerato fue objeto de acoso escolar.

LGBTIQ
Paúl Martucci. Foto: Gleybert Asencio

Intentó pedir ayuda a la directora de su colegio, pero le dijeron que tenía que resolver sus problemas por su cuenta. Sin acompañamiento ni orientación, no halló otra opción más que defenderse a golpes cuando le acosaban.

Cuando pasó a cuarto año quiso ir a estudiar en el colegio Cristóbal Rojas, especializado en Arte. Para ello tuvo que enfrentarse, una vez más, a sus padres. “Me decían que ahí abundaba la droga y el mariquismo. Les dije: ‘Ok, entonces no estudio’”. Al final, cedieron. En esa institución conoció jóvenes que se expresaban sin tabúes.

Más o menos sabía quién era. Era marica, pero marica. Una lesbiana masculina”, narra sobre su proceso de autoconocimiento. Y añade que, entonces, “mi mamá presentaba a mis parejas como si fueran mis amigas”.

Foto: Gleybert Asencio

Diez años más tarde, Paúl se reconoció como un hombre en el cuerpo de una mujer. “Fui a reuniones con un grupo de apoyo llamado Transgresores. Varios chicos trans contaron sus historias, cómo se sentían y cómo habían crecido y entendí lo que me estaba pasando”.

A los 31 años empezó su tratamiento hormonal gracias a la donación que recibió de una amiga. La crisis económica en Venezuela le impedía iniciar el tratamiento por sus propios medios. La transición la comenzó en medio del confinamiento por la COVID-19.

En ese entonces se había ido a vivir con su mamá en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. “Me tuve que ir para allá porque, lamentablemente, mi padrastro se había suicidado. Yo soy el único hijo que queda en Venezuela y tuve que acompañarla”, relata. Sin embargo, jamás conversaron sobre los cambios que él atravesaba.

La discriminación que llevó al activismo

Un hecho que marcó a Paúl durante su adolescencia fue cuando un policía le apuntó a la cabeza con su arma tras ver cómo besaba a su pareja, una mujer. Cree que situaciones traumáticas como esta llevan a las personas LGBTQ+ a cuestionarse sobre la vida misma. “Uno se pregunta ¿Por qué vivir? A muchos nos pasa. Por eso tenemos que buscar mejorar nuestras condiciones”.

Su lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQ+ inició en sus veintes, antes de comenzar su transición.

“Participé con mi novia de entonces en una besada en el centro comercial El Recreo”, relata. Consistía en una protesta creativa, donde parejas del mismo sexo se besaron como protesta ante la constante discriminación que sufrían en el lugar.

De casualidad la prensa me tomó una foto y salió en un periódico. Me ficharon”. Por dos años no pudo entrar al centro comercial.

Ese fue su primer coqueteo con el activismo y, aunque no estaba en sus planes adentrarse en esta labor, los episodios de violencia que vivió en carne propia, así como de otras personas conocidas, lo condujeron a eso.

Paúl se adentró en su tarea como defensor primero de manera independiente, en protestas y marchas, luego buscó colaborar desde organizaciones no gubernamentales. Llegó primero a Transgresores, donde se apoyó para iniciar su transición y luego, en 2019, fundó su propia asociación Trascendiendo Fronteras, que a la fecha ha donado hormonas a 20 hombres trans del interior del país, a través de recaudación de fondos.

El activista está convencido de que aún hay mucho por lo que trabajar para que las personas trans en Venezuela vivan en condiciones dignas. Él, por ejemplo, ha experimentado discriminación laboral por motivos de género.

“Cuando te piden tu cédula para cerrar el contrato lo primero que ven es que tu nombre no coincide con tu apariencia y ahí empiezan los problemas”, afirma. Hace un par de semanas se postuló a un empleo de atención al cliente y personal de limpieza en una panadería, pero fue rechazado para ambos cargos.

Paúl apenas se mantiene económicamente con las remesas que le envían sus hermanos desde Perú, los únicos de su familia que sí le llaman por su nombre.

“¿Cómo le pides a alguien que sea un agente de cambio, que tenga conciencia política, que quiera involucrarse, si no tiene comida, vivienda, trabajo, ropa, educación?”, se pregunta.

Aunque sus hermanos le insisten en que migre, Paúl asegura que no está preparado psicológicamente para que además de ser discriminado por razones de género pueda serlo por su nacionalidad, en referencia a la xenofobia que experimentan muchos venezolanos en el extranjero.

Foto: Héctor Antolínez
Encadenarse por sus derechos

El 9 de agosto pasado Paúl le preguntó a su madre en qué registro civil de la ciudad lo había presentado al nacer. “Me preguntó que para qué. Cuando le expliqué que quería cambiar mi nombre me dijo que seguro eso era muy caro, que no iba a poder”, recuerda.

Desde 2009 la Ley Orgánica de Registro Civil, en su artículo 146, permite el cambio de nombre propio “cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”. Sin embargo, en la práctica, ejecutar esta modificación resulta cuesta arriba.

Cuando acudió al registro civil, le indicaron que para modificar su nombre debía acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y solicitar un fallo. “Por lo menos me respondieron algo”, señala. Hace cinco años, la activista trans Richelle Briceño interpuso una demanda ante el Poder Judicial por reconocimiento de la identidad de género, pero a la fecha no ha obtenido respuesta.

“Este 2022 fuimos cinco veces a la Asamblea Nacional (AN) y dos al TSJ. Estamos cansados de entregar cartas y que nos mareen… ¿Cómo es posible que después de 13 años yendo al Parlamento, quienes modificaron la Ley Orgánica de Registro Civil digan que no saben qué dice la norma? Es una burla, una falta de interés, de preparación, no queremos promesas vacías”, expresa Paúl.

Ese cansancio lo motivó a encadenarse, junto con los activistas Koddy Campos y Jhoan Chavarrío, en la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas durante una semana, entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre pasado.

Entre el frío, fuertes lluvias, desesperación e incertidumbre exigían al Estado el cumplimiento del art. 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, así como la despenalización de la homosexualidad que sanciona el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar y la aplicación de la sentencia 1187 del TSJ, donde se establecen los derechos de las familias homoparentales.

No pasamos hambre, frío ni enfermedad para nada. Mínimo exigimos el cambio de nombre y lo logramos”, dice sobre la promesa que les hicieron las autoridades para que abandonaran la protesta.

Para el 7 de diciembre se tenía previsto que 10 personas trans, entre estas Paúl, acudirían a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar el trámite que les permitirá cambiar su nombre en la cédula de identidad, pero al final no se llevó a cabo. Fueron recibidos por la primera vicepresidenta de la AN, Iris Varela, y los diputados Pedro Infante y Asia Villegas, a quienes entregaron un listado con las primeras 15 personas trans que cambiarán su nombre.

Los activistas tienen previsto reunirse el próximo miércoles 14 de diciembre con autoridades del CNE y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para dar seguimiento a los lineamientos del cambio en la identificación venezolana.

Foto: Héctor Antolínez

Aunque reconocen y admiran la protesta que realizaron Paúl, Koddy y Jhoan, un sector de los defensores de los derechos de las personas LGBTQ+ considera que esta promesa de las instituciones del Estado se trata de una “farsa mediática” que no reconoce el derecho al género.

Paúl, por su parte, mantiene la esperanza de que esto represente un primer paso en las reivindicaciones y la garantía de los derechos.

Obtener mi cédula significa un poco de seguridad para transitar la ciudad sin tener miedo de las alcabalas y posibles violencias policiales. Significa que mi identidad se corresponde con mi expresión de género. Es un avance para nuestra comunidad trans tan desprotegida”.

Recalca que además de las dificultades para acceder a la educación, la salud y el empleo, para las personas tras el no poder cambiar de nombre puede exponerlos a situaciones de violencia que pongan en peligro su vida.

Un monitoreo elaborado entre 2016 y 2020 por la ONG Reflejos de Venezuela contabilizó ocho casos de crímenes de odio por motivos de género, diez casos de discriminación laboral, cinco casos de discriminación educativa y tres casos de situación de calle de menores de edad.

El Estado no lleva cifras y cuantitativamente lo que puede levantar una organización es minúsculo comparado con la realidad”, aseguró Ana Margarita Rojas, directora de la asociación, a Crónica.Uno.

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