Desde el 28 de diciembre de 2020, cuando ocurrió la explosión de más de 100 bombonas de gas, en el caserío del estado Monagas, el estado de salud de los afectados ha empeorado a tal punto de quedar incapacitados.
Maturín. A tres años de la tragedia de Caños de Los Becerros, en el municipio Piar del estado Monagas, los sobrevivientes no solo viven con el daño físico, también con el emocional. Sienten vergüenza por las marcas en todo su cuerpo y tratan de cubrir las cicatrices que dejaron las quemaduras en su piel.
Se cumplen también tres años de la falta de respuesta por parte de las autoridades regionales, en el establecimiento de responsabilidades de la explosión de más de 100 bombonas de gas, el 28 de diciembre de 2020, en el que fallecieron 9 personas y 28 resultaron gravemente afectadas y que ahora quedaron ciegas, sordas y sin fuerzas para trabajar.
Ante el silencio de los organismos del Estado y de agotar las medidas conciliatorias y administrativas, un grupo de víctimas viajó hasta Caracas para entrevistarse con el fiscal general –designado por la extinta ANC– Tarek William Saab.
Los afectados solicitaron una nueva investigación al existir supuestas irregularidades en el caso, como el desvío de los informes realizados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Bomberos de Monagas, los cuales nunca llegaron al despacho de la Fiscalía Superior de la entidad.
Responsabilidades
Luis Díaz, abogado especialista en derecho administrativo, informó que también acudieron ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), donde consignaron un documento para que se conozca del caso y la denegación de justicia.
Aunque desconocen el tiempo en que puedan recibir respuestas, las víctimas confían en que serán escuchadas. Expresan que utilizarán los medios necesarios para que se haga justicia ya que no tienen más nada que perder, parte de sus vidas murieron junto a sus seres queridos el día de la desgracia.
Pudiera ser un proceso de meses y hasta de años, según las diligencias que se tramiten desde la oficina de la ONU en la capital del país para que las instancias superiores en materia de Derechos Humanos revisen el expediente.
Con este paso buscamos que se ejerza presión en las autoridades venezolanas para que exista el pronunciamiento. Nosotros pedimos como medida adelantada se realice asistencia médica, suministro de tratamientos, alimentos y recursos económicos hasta que se llegue al fondo del caso”, comentó el experto en leyes.
Díaz argumenta que las víctimas están amparadas por la Constitución de la República. “El artículo 30 habla de la indemnización y responsabilidad del Estado en medio de la tragedia. La muerte de un ser humano es incalculable pero el Estado está obligado a dar repuestas”.
Comenta que la responsabilidad de protección de este grupo de afectados recae también sobre la Defensoría del Pueblo, como lo establece el artículo 281 numeral II de la Carta Magna.
“Esto exhorta a abrir una investigación contra el gobierno estadal para que cumpla con su responsabilidad y en lo posible tratar de resarcir el daño”.
“Gases de Maturín C.A. (Gasmaca) no es una empresa privada, es del Estado y por ende debe establecer responsabilidades”, resalta el abogado al descartar la teoría manejada en su momento por funcionarios del gobierno regional en la que responsabilizaban de lo sucedido a vecinos del sector que fumaban cigarro cerca del punto de acopio y una colilla habría ocasionado la explosión.
“Allí hubo negligencia al momento de la distribución de los cilindros domésticos. El Gobierno a través del servicio de la empresa apiló las bombonas en una casa de familia que explotó; la gente decía que había una fuga pero hicieron caso omiso y el camión se fue a otra comunidad a cumplir con las entregas. Con el roce entre bombona y bombona, una chispa produjo el estallido”, sostiene.
Cicatrices y tristeza
Ahora, el caserío, ubicado a unos 45 minutos de Maturín, sigue marcado por el dolor y la tristeza. Nada ha cambiado para mejor y las promesas del gobierno local han quedado en palabras y peor aún, les han quitado a los sobrevivientes y afectados un incentivo de 200 bolívares que recibían de manera quincenal.
La base de misiones construida poco después de la explosión, donde está instalado un médico integral, no existen insumos o fármacos para atender no solo a los sobrevivientes, sino a cualquier paciente que requiera de auxilios.
“Soy ama de casa y siempre me salían chances para realizar labores domésticas, también acompañaba a mis hijos al conuco pero ahora no puedo hacer nada, ni pasar mucho tiempo parada, sentada o acostada. No estoy bien aunque me vean caminando. Es desesperante cuando hace calor porque las heridas pican y arden”, cuenta Marisela Suárez, sobreviviente.
La mujer tiene sus piernas quemadas y siempre que las mira una gran tristeza la invade, “lloro y le pido muchas fuerza a Dios, nunca tuve marcas en mi cuerpo, esto fue un cambio duro”.
Asegura que para cubrir los gastos de medicamentos y pomadas tiene que realizar rifas y resolver con lo poco que pueden recibir.
No pudo bailar el vals
Emili Leonett fue una de las nueve víctimas fatales de la explosión de gas en Caño de Los Becerros. Tenía 12 años y soñaba con ser una gran mujer, pintar sus labios, cabellos y uñas.
Sus padres tenían planes de celebrar sus 15 años de edad este 2023, pero toda esperanza del festín murió con Emili y su hermanito de ocho años, Gerderson Leonett. Ambos se cuidaban mientras estaban hospitalizados en Bolívar.
Como toda niña, Emili soñaba con un gran vestido y compartir con sus familiares y amigos el día de su cumpleaños, los 15 sería la edad especial porque todas las miradas del pueblo se fijarían en ella por la fecha tan especial.
Perder dos hijos no se lo deseo a nadie. Cuando los recuerdos invaden mi mente me lleno de rabia tratando de buscar culpables, aunque sé que eso no me los regresará. Sufro por no tener a Emili y Genderson, pero mi vida debía seguir por mis otros dos hijos que me necesitan. Este dolor no lo quita nada ni nadie”, cuenta Yamili Romero, quien para el momento de la desgracia salió a Maturín a comprarle los zapatos al niño.
Una investigación de Crónica.uno reveló que los accidentes de gas doméstico dentro de las viviendas en Venezuela se incrementaron en la última década.
Una base de datos arrojó que las explosiones de estos dispositivos, empleados fundamentalmente en las cocinas de sectores pobres y rurales del país, dejaron al menos 36 muertos y 136 heridos entre 2019 y 2021.
Esto ha ocurrido en un contexto de fallas de mantenimiento y de sustitución de cilindros que cumplieron su vida útil, y de crecientes temores de los miembros de las organizaciones comunitarias a los que se ha asignado la distribución del producto.
Paradójicamente Venezuela, uno de los países del mundo con mayores reservas gasíferas, aún no logra garantizar el suministro oportuno y de calidad de este combustible.
Lea la serie sobre el caso:
Caño de Los Becerros: un dolor que continúa a un mes y medio de la tragedia (I)
Caño de los Becerros: los conucos como forma de sobrevivir (II)
Caño de los Becerros: daños psicológicos posaccidente tardarán en curarse (III)
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