A Nicmer Evans se le acusa de incitar al odio, uno de los delitos contenidos en el texto que emula una ley y que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.

Caracas. Luego de ser capturado el pasado 13 de julio, Nicmer Evans fue presentado este martes ante el tribunal 21 de Control de Caracas por presunto delito de incitación al odio, uno de los crímenes contenidos dentro de la normativa contra el odio que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 8 de noviembre de 2017.

Dicho tribunal fue el que emitió la orden de aprehensión en contra de Evans que finalmente fue ejecutada el pasado lunes por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y que el propio politólogo mostró en redes sociales.

La ONG Espacio Público detalló en su cuenta en la red social Twitter, que el tribunal que procesará a Evans y al que fue trasladado la mañana de este martes, no se encuentra de guardia, motivo por el que los fiscales que llevan el caso no quieren presentar al dirigente político sino hasta dentro de dos semanas, fecha en la que el tribunal retomaría sus actividades.

La persecución contra Evans, quien también es el director del medio de comunicación Punto de Corte, comenzó el pasado lunes en la tarde, cuando los efectivos del cuerpo de seguridad se presentaron en su residencia y mantuvieron detenida a su esposa por un lapso de más de tres horas, llegando inclusive a amenazarla con llevársela detenida ante la ausencia de Nicmer en el sitio.

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Cuando finalmente los uniformados se retiraron de la vivienda, alrededor de las 5:15 de la tarde, cargaron consigo celulares, computadors y otros equipos electrónicos que no estaban incluidos en la orden de captura contra Evans. Del lugar también se llevaron detenido a Álvaro Herrera, abogado del político, en calidad de testigo.

No sería sino hasta la noche que se volvería a saber del procedimiento adelantado por el Cicpc y la Dgcim. Específicamente fue a 9:00 p. m., cuando el propio Evans publicó un video en su cuenta en la red social Instagram, en el que mostraba la orden de arresto en su contra y señalaba que se iba a entregar a los efectivos que habían descubierto el lugar en el que estaba a resguardo.

En el audiovisual, Evans señala que el delito del que se le acusa es de instigación al odio y lanzó una advertencia de que en Venezuela “se vive en una neodictadura en la que los delitos se imputan sin ningún tipo de razón”. Además, pidió a todas las personas que trabajan con él que se mantengan en la lucha por “la libertad para Venezuela”.

Quiero dejar claro que el derecho consagrado de la libertad de expresión, la crítica, la acción política, la defensa y la resistencia ante la tiranía no puede ser considerada instigación al odio (…) Yo fui chavista, pero nunca para esto, nunca para lastimar a la gente, manifestó Evans en la parte final del video.

Nicmer Evans, de apoyar a Chávez a enfrentar a Maduro

Evans, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue militante del partido Movimiento Quinta República y apoyó desde la base el ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela, inclusive manteniéndose dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela para 2010, año en que fue precandidato a la Asamblea Nacional por el circuito 1 de Caracas.

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En 2013, antes de que Nicolás Maduro sucediera a Hugo Chávez tras su muerte, decide romper filas con el chavismo criticando las desviaciones del proyecto que en su momento apoyó.

Ese mismo año funda la firma Visor 360 Consultores y se une a las filas del movimiento Marea Socialista, un grupo político de izquierda que intentó sin éxito convertirse en un partido político y del que Evans eventualmente se separaría en el año 2017.

Tras su salida de Marea Socialista, Evans crea el Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI), organización política en la que todavía milita y que a pesar de no ser un partido político con reconocimiento del Consejo Nacional Electoral para participar en elecciones, se ha mantenido activo en la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Para diciembre de 2017 y con el apoyo del partido Nuevo Visión Para mi País (Nuvipa), Evans se lanza a la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital. En esos comicios obtuvo 24.776 votos (3,32 % del total), mientras que Érika Farías, actual alcaldesa, sumó 493.225 (66,18 %).

Evans ha sido uno de los principales voceros del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), una coalición de sectores políticos y sociales dentro de Venezuela que buscan el retorno de la democracia al país. En el Frente, él representa a un sector denominado como chavismo crítico o chavismo disidente, que agrupa a personas que a lo largo de los años se separaron del proyecto impulsado por Hugo Chávez.

La “ley” contra el odio, mecanismo de represión a la medida

El delito de instigación al odio, por el cual estarían imputando a Nicmer Evans, es uno de los delitos establecidos en la “Ley Constitucional” contra el Odio y la Convivencia Pacífica, un texto que emula una ley aprobada por la ANC el 8 de noviembre de 2017.

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Este instrumento ha servido principalmente para la criminalización de la libertad de expresión y de la protesta, llegando a ser utilizado en la totalidad de los casos contra personas que critican al gobierno de Nicolás Maduro o sus funcionarios

En la opinión del abogado Jesús Loreto, consultado por Crónica.Uno días después que la ANC promulgara el texto, el jurista señala que a pesar de que la ley contra el odio no es en realidad una ley, se usará como excusa para cometer crímenes en contra de los ciudadanos, algo que pudiera ser lo que está pasando con Evans.

Diversas personas han sido acusadas de incitación al odio durante protestas, y adicionalmente el documento se ha empleado hasta para procesar a personas como el comediante José Rafael Guzmán por publicaciones en la red social Twitter.

Lo indiscriminado de la ley contra el odio se observa en especial en las penas que establece el texto, el cual estipula penas de entre 10 y 20 años de cárcel por “difundir expresiones de odio”. Además, es un instrumento que se puede usar contra los propios cuerpos de seguridad del Estado, ya que sus funcionarios se arriesgan a penas de 8 a 10 años si no impiden que delitos de odio sean consumados.


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