El sindicato de Inparques ha denunciado que, más allá de estas competencias, las bicicletas han estado presentes en el parque nacional de forma constante desde que el instituto lo ha permitido. Además, han manifestado su preocupación porque la revisión del PORU estaba planteada para el segundo semestre de 2021, pero se adelantó por “premura ministerial y presión de un grupo”.
Caracas. Han firmado 751 personas, hasta este jueves 6 de mayo, para solicitarle al Ministerio de Ecosocialismo y al Instituto Nacional de Parques (Inparques) que en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del parque nacional El Ávila se mantenga vigente la prohibición de bicicletas de montaña, en todas sus modalidades, categorías y competencias.
La petición se ha hecho a través de una plataforma digital y tiene como objetivo que esta práctica deje de hacerse de forma ilegal y, además, no pase a ser legal dentro de los espacios del parque nacional, como senderos, cortafuegos, Camino de los Españoles y demás vías que tienen valor cultural y natural.
Los firmantes aseguran que quieren que el parque nacional mantenga el objetivo de su creación, a partir de la conservación, la educación y la recreación, en el espíritu de las leyes y convenios internacionales que debe garantizar Inparques.
En 2019 se dio una carrera de bicicletas de montaña organizada por la empresa Enduro Series Venezuela y, para marzo de este año, se convocó a otra competencia que finalmente fue cancelada. Esta práctica está prohibida en el artículo 28.b numeral 9 del PORU actual y en la resolución N.° 00012 del 4 de marzo de 2011 del Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, en la primera reunión para revisar el PORU, hecha vía web el pasado 9 de abril, el coordinador del parque nacional El Ávila, Ramón Campos, aseguró que Inparques emitió una autorización a la empresa Enduro Series Venezuela para usar “algunas rutas del parque” a través de una “vía de excepción” que fue firmada por altas autoridades de la institución.
El sindicato de Inparques ha denunciado que, más allá de estas competencias, las bicicletas han estado presentes en el parque nacional de forma constante desde 2019, cuando el instituto no ha hecho respetar la norma. Además, han manifestado su preocupación porque la revisión del PORU estaba planteada para el segundo semestre de 2021, pero según el entonces presidente de Inparques y viceministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, lo adelantaron por “premura ministerial y presión de un grupo”.
Elides Sulbarán, ingeniero forestal con maestría en Ordenación y Territorio y profesor ad honorem de la Universidad de los Andes, se cuestionó a qué va un ciclista a El Ávila y opinó que “seguramente no va a disfrutar del aire puro, del sonido o del viento, y no es porque estas personas no aprecian esto, pero cuando se lanzan cuesta abajo en sus bicicletas, las formas no pueden ser objeto de su atención”.
Para que el Parque Nacional sea de todos, paradójicamente, no puede ser de alguien o de algunos; particularmente en las áreas que conservan su condición prístina o poco intervenida”, aseguró Sulbarán.
Además, el profesor agregó que la controversia originada en la autorización de actividades ilegales en el parque nacional El Ávila y su probable “legalización”, al eliminar las actuales prohibiciones en un nuevo PORU, “no es un acto de justicia, es la consagración de un privilegio que crea un precedente extremadamente peligroso para la sobrevivencia del Sistema Nacional de Parques, al desnaturalizarse su condición”.
El pasado 6 de abril los miembros venezolanos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) rechazaron las carreras de bicicletas y subrayaron algunos daños que puede causar este deporte, como erosión en el suelo, ampliar el ancho de los senderos, el efecto “capas de cebolla” y que aleja a la fauna por el ruido.
Por su parte, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, con 91 años de trayectoria, manifestó a través de un comunicado su categórico desacuerdo y absoluta objeción a cualquier violación del PORU, y resaltó que, aunque este reglamento debe revisarse periódicamente, tiene que haber un diagnóstico para conocer qué y por qué se debe modificar.
Otras irregularidades en las reuniones
Desde el 9 hasta 27 de abril se han dado cuatro reuniones con las autoridades de Inparques y distintos participantes en mesas de trabajo con biólogos, excursionistas, deportistas y prestadores de servicios turísticos. No obstante, en ninguna se presentó el diagnóstico del parque nacional El Ávila, un documento que para los expertos resulta indispensable para poder conocer los problemas actuales del parque y en función de eso saber qué deben mejorar del reglamento.
Marlene Sifontes, secretaria del sindicato de Inparques, reportó que en la segunda reunión efectuada el 15 de abril se conectaron hasta 70 personas, que en su mayoría opinaron que “Inparques estaba parcializado con los ciclistas”. De igual manera, Sifontes pidió que se haga público cuántos usuarios han podido conectarse en todas las reuniones, y resaltó que no todas las personas tienen acceso a un internet estable o sufren constantes fallas eléctricas para participar en los encuentros virtuales.
La tercera reunión, del 16 de abril, fue convocada con la comuna socialista agro-turística de Galipán y prestadores de servicios. La invitación les llegó a las 9:30 p. m. del día anterior. “Fue improvisada, algunos ni sabían de las reuniones pasadas y en Galipán había varios casos de COVID-19, entonces extremaron las medidas”, comentó Sifontes, y se preguntó por qué no invitaron a los galipaneros que no pertenecen a esos grupos.
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