El gobierno de Nicolás Maduro ya no se acuerda, o no ha repetido más la frase: la curva está aplanada. Hasta mediados de mayo se mantenía estable el número de contagios, luego con el ingreso masivo de inmigrantes comenzó la escalada de nuevos casos. Ese mes fue cuando más pruebas diagnósticas se hicieron. Según el reporte oficial, 510.737.
Caracas. Este 13 de septiembre se cumplen seis meses de confinamiento, desde que el gobierno que administra Nicolás Maduro anunció los dos primeros casos de COVID-19. Ese día, un viernes a mitad de mañana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez daba la información oficial, reporte que empezó con mal pie. No hizo una categorización de los casos, ni estuvo acompañada de un equipo médico que la respaldara con las políticas sanitarias a seguir.
Fue muy escueta. Un hombre y una mujer llegaron los días 5 y 8 en vuelos provenientes de Europa. De inmediato se habló de suspensión de las actividades académicas y del uso obligatorio de las mascarillas. Un par de días después entró en vigencia la cuarentena radical en siete estados; para el 17 de marzo era en todo el país. Toda actividad se paralizó súbitamente.
En el mundo la Organización Mundial de la Salud ya había declarado la pandemia, pues más de un centenar de países tenía el virus.
Se contaban más de 135.000 casos en los cinco continentes. La mayoría en China, con más de 3100 muertes en ese momento. Tras la nación asiática, Italia con 15.000 contagios y 1000 muertes. Francia y España seguían en la lista con los territorios con más casos en Europa.
Con retraso
A Venezuela llegó la pandemia con dos meses de retraso. Se hablaba –entre las razones– del hecho de que el país ya estaba aislado, incluso la movilidad entre regiones era poca, tanto por aire y tierra como por mar. Uno o dos vuelos desde la capital hacia Amazonas, por ejemplo.
Ya eso ratificaba una crisis interna que terminó recrudeciendo con los cortes de luz, de agua, la escasez de efectivo y el suministro intermitente de gasolina en las regiones.
En medio de esas deficiencias que arrastraban una crisis humanitaria compleja, de la que el mundo ya tenía registro, entraron por Maiquetía dos venezolanos provenientes de Europa portadores de la COVID-19.
Esos fueron los que marcaron el inicio de la pandemia oficialmente, aunque en las declaraciones oficiales de ese 13 de marzo hubo espacio para la duda, pues se corría en redes sociales sospechas de pacientes con coronavirus.
Fue viral el caso de una persona aislada en el hospital militar de Maracay, caso desmentido por las autoridades locales.
La pandemia llegó a sumar una pal’mingo, como dicen en el argot popular, pues los hospitales ya venían en una cuarentena obligada, impuesta por la falta de una política gerencial emanada del gobierno nacional.
A saber, el sistema público en Venezuela tiene 145 hospitales tipo I, 51 tipo II, 39 tipo III y 26 tipo IV, todos pertenecientes al Ministerio de Salud; del Seguro Social son 36 entre I, II, III y IV, y militares son nueve. Todo esto da 306 centros asistenciales.
Y según la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) 2019, presentada el pasado 30 de enero, los servicios de apoyo más importantes y básicos de gran parte de estos centros, como laboratorios, rayos X y ecografía, presentaban valores de inoperatividad, en promedio, de 50 %. Los datos relativos a tomografías revelaban una inoperatividad muy alta, superior a 70 %.
Eso sin contar que en 20 estados no había camas de aislamiento y maternidad, y que solo en 12 entidades federales había UCI con ventilador (102) y en 11 no tenían ventilador (104 camas), de acuerdo con lo reflejado por la encuesta.
Para cuando se hizo ese monitoreo, en 51 % no había insumos como guantes, tapabocas, jabón, lentes de seguridad, batas descartables. Situación que, luego de seis meses, no ha variado mucho; deficiencia que se ve lamentablemente en cifras como las que maneja la organización civil Médicos Unidos de Venezuela, que para el 9 de septiembre manejaba un total de 150 trabajadores de la salud muertos por la COVID-19.
Discriminación, aislamiento y detenciones
La pandemia en estos seis meses de confinamiento ha dado mucha tela que cortar. Casos de discriminación y aislamiento forzoso, y hasta por más de 60 días, de los inmigrantes en los llamados puestos de asistencia, los Pasi, ubicados en los estados fronterizos.
No solo por la afectación del virus han muerto 461 personas, según la cifra oficial. Hay otros decesos colaterales, como la muerte de un niño que fue recluido junto con su familia en el refugio Villa Bolivariana de Barquisimeto. Lo sacaron ya descompensado con un cuadro diarreico. Su caso fue procesado por Provea. También se cuentan detenciones arbitrarias de periodistas, médicos, enfermeras, actuaciones directas del gobierno nacional y regionales.
En medio de todo este panorama se afianzó el desabastecimiento de gasolina. Se impuso el control en las estaciones y con ello el suministro a discreción. Los doctores, aun con salvoconducto, no podían llenar el tanque de combustible. Tampoco los pacientes renales y oncológicos.
Mientras el gobierno echaba mano de la improvisación, académicos y la sociedad civil con incidencia en el tema de la salud mostraban otra ventana de la pandemia.
Por ejemplo, a finales de abril la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hizo un modelo del comportamiento del pico de la curva entre junio y septiembre de 2020, y por la media chiquita calcularon 1000 casos diarios.
Algunos anuncios y hechos del gobierno entre marzo y mayo:
- Venezuela comienza a aplicar cloroquina a las 77 personas que tenían coronavirus en el país. La cloroquina es un fármaco utilizado en el tratamiento o prevención de la malaria por más de 50 años, y en el país actualmente se disponen de 250.000 tabletas “para atender a 115.000 pacientes”, señaló el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.
- Las medidas para combatir el virus son: el aislamiento social, el despistaje personalizado, la garantía de los insumos terapéuticos y de la capacidad hospitalaria.
- El país cuenta con 23.762 camas, “que es más que suficiente para la atención de todas y todos aquellos que presenten infección por COVID-19”, dijo Rodríguez.
- Hay 1200 camas de cuidados intensivos para atender a pacientes que presenten complicaciones mayores. Habilitados 45 hospitales centinelas.
- Los profesionales de la salud jubilados podrán incorporarse “a la batalla contra el COVID-19” a través de un plan de voluntariado, anunció Delcy Rodríguez, aun cuando el gobierno que representa pidió a la población de tercera edad no salir de sus casas para evitar los contagios.
- Las brigadas médicas de Barrio Adentro han visitado a 30.145 personas en sus viviendas. La vicepresidenta explicó que se habían hecho 1830 test de despistaje
Las pruebas de las disputas
Otros investigadores recalcaban las pocas pruebas diagnósticas aplicadas a la población, mientras en todas las alocuciones del gobierno privaba la opacidad. De hecho, no hay un un boletín epidemiológico que indique la caracterización de estos estudios necesarios para la observación del curso de la pandemia.
Aun así, el 1° de junio dieron inicio a un plan de flexibilización, justo cuando los casos comenzaron a repuntar y los exámenes clínicos empezaron a disminuir.
La plataforma Cendes-COVID-19, una ventana a la pandemia, recoge datos emitidos en los reportes diarios y, de acuerdo con el gráfico que presentan sobre las pruebas PDR y PCR realizadas en estas 26 semanas, se destaca que entre el 23 y el 29 de mayo, semana 11 de la epidemia, se realizaron 231.908 pruebas.
Del 13 al 19 de junio, semana 14, se realizaron 44.557; y en la semana 26, que corre hasta el 11 de septiembre, 41.180 (al corte del 9 de septiembre). Cada día menos, según el mismo gobierno.
En total, en 26 semanas, dice la administración de Maduro, han hecho 1.830.551 pruebas.
Casi todas las pruebas de diagnóstico para COVID-19 se realizan mediante métodos basados en PCR, que buscan el material genético del virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19. Estos métodos solo pueden diagnosticar a alguien con COVID-19 si está infectado activamente. Actualmente, la mayoría de las pruebas de diagnóstico para COVID-19 analizan muestras nasofaríngeas u orofaríngeas (hisopos nasales y faríngeos). Recientemente, la FDA otorgó la autorización de uso de emergencia a un laboratorio para analizar la saliva de los pacientes.
No obstante, en Venezuela no se conoce qué tipo de pruebas se están aplicando. Desde el gobierno no se ha dicho cuántas son rápidas y cuántas PCR. El dato más técnico al respeto lo da la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Ocha por sus siglas en inglés: al 28 de julio, se habían realizado un total de 1.511.433 pruebas diagnósticas de COVID-19, de las cuales se estima que alrededor de 5 % a 6 %, no más de 91.000, fueron PCR.
Lo que han criticado los expertos es que en estos seis meses de pandemia se haya centralizado el estudio de las muestras en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Inhrr.
- El 11 de abril llegó al estado Táchira una unidad móvil de bioanálisis, destinada a la realización de pruebas PCR para el descarte de posibles casos de COVID-19.
- El 21 de julio la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que el gobierno nacional tiene como meta ampliar a seis la red de laboratorios en Venezuela para el análisis de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Prevén instalar en el Zulia.
- Ya incorporaron el Félix Pifano, en Yaracuy, y en Miranda se acondicionó el laboratorio de biología molecular, dependiente del Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández, al que estará adscrita una unidad de la Misión Médica Cubana.
- También está habilitado el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Según la funcionaria, Venezuela cuenta con seis robots adquiridos de China, como parte de los convenios de cooperación, para avanzar en el diagnóstico y procesos de estudio moleculares.
Ya son cinco laboratorios. Aun así persiste la opacidad en las estadísticas y la demora de los resultados. Tanto que en el segundo informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, publicado este 9 de septiembre, se informó que la demora promedio en la entrega de resultados de la COVID-19 en Venezuela ha sido estimada en ocho-cinco días.
“Si le agregamos los 5-6 días del período de incubación, los reportes diarios reflejan el curso de la epidemia en los 8 y 18 días anteriores. En el Distrito Capital y en el estado Miranda los retardos promedios son de 8 y 10 días, respectivamente. Estos retardos tienden a ser mayores en los estados más distantes. Por ejemplo, 17 días (Zulia), 15 días (Mérida) y 14 días (Guárico, Portuguesa, Anzoátegui, Falcón y Carabobo), en donde no existen laboratorios para el diagnóstico de la infección por RT-PCR. Las pruebas de RT-PCR que se realizan en Venezuela continúan siendo insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la epidemia. Los altos porcentajes de positividad sugieren que la capacidad diagnóstica está saturada”, se lee en el informe.
Al respecto, sugiere la academia una ampliación sustancial de esta capacidad para monitorear y controlar efectivamente la dispersión del virus en Venezuela: “Subrayamos la necesidad de establecer una capacidad diagnóstica de 8000-10.000 pruebas RT-PCR diarias, que sea descentralizada y pueda dar respuesta en no más de tres días para la ubicación temprana de los focos de contagios. Sin una cobertura amplia y masiva que incluya no solo a personas con síntomas de la enfermedad, sino también a infectados asintomáticos, no sería posible diseñar estrategias para una flexibilización de las medidas de distanciamiento sin aumentar sustancialmente el impacto de la enfermedad sobre la población”.
El dato
En abril llegaron desde China 500.000 pruebas rápidas. Ese mismo mes Venezuela donó pruebas a países del Caribe. Según datos de la Ocha, Venezuela contaba con 52.000 kits de PCR y un millón de pruebas rápidas provenientes de convenios con Rusia, China y Cuba. El 26 de agosto la OPS entregó 370.000 pruebas.
Balance negativo a seis meses de confinamiento
El doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, aseguró que a la fecha no tienen una tipificación o caracterización eficiente de cómo se está comportando la pandemia en Venezuela.
“El hecho de que no se ha llegado a establecer el número adecuado de pruebas de PCR hace que la estimación del tamaño real de la infección no sea efectiva y nos pone a dudar de las cifras que están siendo publicadas por el ente oficial. Existe una saturación de números de disponibilidad o de la capacidad de diagnosticar y, por lo tanto, el número de casos que se han verificado finalmente como positivos es muy pequeño. Existe entonces un subregistro muy alto, si vemos que el número de pruebas diarias no está por el nivel de 8000 a 10.000, de acuerdo con nuestra población, es muy significativo que no tengamos, a seis meses de que se hayan iniciado estas medidas contra la pandemia, una eficiente caracterización de cómo está circulando. Lo que sí podemos decir es que existe una negación muy evidente de la cifra de contagio en toda la comunidad”.
A su entender, el impacto en el sistema sanitario ha sido evidente. En primer lugar tenemos que destacar que cuando llegó la pandemia las condiciones del sistema sanitario hablaban de una pérdida de su capacidad de atención; el número de camas disponibles para la atención de pacientes era muy bajo, básicamente aquellas que estaban localizadas en unidades de terapia intensiva, y esa realidad no ha cambiado con el paso del tiempo. Vemos que en la mayoría de los hospitales IV de Venezuela, donde había la mayor dotación, se establecieron los centros centinelas, los cuales no contaban con la mayoría de los servicios adecuados para la atención de pacientes con complicaciones respiratorias, por ejemplo.
José Félix Oletta, exministro de Salud e integrante de la Alianza Venezolana por la Salud: “La opacidad de la información y la falta de respuesta oportuna y efectiva por parte del gobierno de Maduro”.
“El impacto ha sido significativo, y el mayor, a nuestro modo de ver, está en que la afectación sobre el personal sanitario ha sido muy evidente; ronda alrededor de 33 % de la mortalidad en todo el país. Significa que una de cada tres personas que fallecen son personal sanitario, significa que existe un problema en la definición de políticas y distribución y uso adecuado de los materiales o los enseres o insumos de protección personal para todo el que trabaje en el área sanitaria, y queda en la responsabilidad ahora de cada uno de los miembros del equipo de salud hacer una protección de sí mismo y seguir con la normativa para la bioseguridad que garantice un equipo que pueda responder a las exigencias del número de pacientes que cada vez es mayor”, agregó López Loyo.
En México, comparó, la mortalidad del personal sanitario también es elevada. Sin embargo, el último reporte de la OPS, al final de agosto, estableció medidas de control para estos trabajadores.
En cuanto a los laboratorios, indicó que dejar uno para que la llamada Misión Médica Cubana lo maneje no significa eficiencia: “Porque tiene que dar la cifra real del número de muestras que van a ser procesadas ahí. Lo que están haciendo básicamente es denunciar que tienen la necesidad de ampliar la base de sustentación del número de pruebas diarias. Hemos sabido de casos de personas con toda la clínica COVID-19 hospitalizados y que fallecen, y no se tiene conocimiento aún de si era o no positivo el resultado, y eso tiene que ver con el retraso significativo en las confirmaciones”.
Otra afectación que incluye en el balance de estos seis meses es el hecho de cómo se han alterado las situaciones económicas del país: “El número de personas que necesita trabajar diariamente y se ha visto en la necesidad de salir, tal vez sin las medidas de seguridad, y esto ha ayudado a aumentar las infecciones de carácter comunitario, porque la economía del país, aun en condiciones difíciles en las que se encontraba, ha empeorado esta situación”.
Destacó que las empresas que formalmente están instaladas, que apenas alcanzan 30 % del empleo formal, han establecido algunos protocolos y propuestas para que, con medidas de protección y de seguridad de sus trabajadores, se reinicien las actividades; pero esto no ha sido promulgado por el gobierno, no se les ha dado la permisología para tal funcionamiento. Esto agrava la situación de las familias venezolanas: “Recordemos que la salud es un hecho relacionado con un ingreso de calidad, que sirva para ayudar a cubrir las necesidades de la familia, y eso ha estado seriamente comprometido”.
Doctora Judith Toro, profesora de la Cátedra Clínica Obstétrica en el Posgrado de Obstetricia y Ginecología de la UCV: “El impacto de la pandemia en estos seis meses ha tenido principalmente efecto en el personal de salud. Son trabajadores que han arriesgado sus vidas, la han perdido ejerciendo su deber, atendiendo pacientes”.
En relación con el sistema educativo, comentó igualmente que con las deficiencias propias de la falta de luz y las fallas de internet se puso en evidencia que mucha gente ha sufrido bastantes penurias; las universidades están evaluando las posibilidades de reinicio de actividades, ya algunas han adelantado que no están de acuerdo con las clases presenciales o semipresenciales: “Esto se convierte en el tercer impacto que ha generado la situación de pandemia”.
Anuncios y hechos oficiales de junio a septiembre
- Maduro: Arranca con éxito la flexibilización.
- En estos momentos cerca de 100 edificios de alojamiento son usados por el gobierno de Nicolás Maduro para atender la emergencia. En marzo el mandatario aseguró que tenía un “arsenal” para frenar el virus y 23.763 camas disponibles.
- Venezuela recibe ayuda humanitaria de la República Islámica de Irán y de Turquía.
- Amplían cordón sanitario en estados fronterizos del sur del país.
- Despliegan fuerzas del orden público para que “colaboren con la cuarentena”.
- Anuncian la creación de brigadas de prevención comunitaria.
- Nueva modalidad de clases se lleva a consulta popular.
- Gobierno estudia la posibilidad de incorporarse a los estudios clínicos de la vacuna rusa contra la COVID-19, “Sputnik V”, y producirla en el país.
- Se prorroga el estado de emergencia.
Al final, y evaluando los seis meses de confinamiento, el académico dijo que el llamado es para que se logre establecer el número de pruebas descentralizadas con respuestas: “En la medida en la que sepamos muy bien qué está ocurriendo vamos a identificar el momento en el que ocurra verdaderamente un descenso de la curva, que es lo que realmente justifica una flexibilización, tanto moderada como amplia. De otro modo, hay que evitar actividades de presencia masiva en la calle, deportivas, electorales, religiosas, que pongan en contacto directo a las personas y faciliten el grado de infecciones. Se presume un subregistro elevado en el país.
“En el caso de la Academia de Medicina, nosotros no tenemos ningún dato específico, simplemente nos hemos basado leyendo los informes tanto del Cendes como los de las academias. La Ocha tiene mayor soporte desde el punto de vista técnico, y lo que queremos significar con esto es la vulnerabilidad del dato en relación con el número de pruebas. Decir que un mes son 63.000 y otro 500.000, son cifras abismales. Ya se ha reportado en las comunidades el agotamiento en cuanto a los diagnósticos para la evaluación de probables positivos, pero en líneas generales no hay una cifra, solo la oficial. Hemos sido muy correctos en el sentido de que se establezca la transparencia en cuanto a los datos de las PCR, pues hablar en un término específico para nosotros sería especulativo”, puntualizó el doctor López Loyo.
Pablo Zambrano, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud: “Indudablemente, el balance en estos seis meses de confinamiento, las constantes muertes de los trabajadores sanitarios. Eso demuestra lo vulnerable del sistema público nacional y, además, queda en evidencia la falta de responsabilidad, compromiso y voluntad políticas por parte del Estado, y deja claro la falta de capacidad para la búsqueda de soluciones, de resolver la profunda crisis económica y social que golpea al pueblo venezolano”.
Si algo no ha dejado de hacer el gobierno es precisamente dar anuncios, como si se tratara de dar palos a una piñata. Lo ha hecho de manera desorganizada y sin rigurosidad. Un día da el balance en cadena a las 5:00 p. m. Otro, a las 10:00 p. m., o se limita a dar el conteo vía Twitter. Esto último sucede mucho cuando hay sucesos políticos o vinculados con las sanciones que ganan espacio en la cobertura diaria.
Noticias como en cuántos hospitales están haciendo despistaje no se dan; tampoco dónde están los pacientes con insuficiencia respiratoria grave. Para el 9 de septiembre 7166 personas estaban en hospitales, 3564 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y solo 251 en clínicas privadas. No se dice cuántos asintomáticos están en el nuevo hospital centinela habilitado a mediados de agosto en las instalaciones del Poliedro y en donde se instalaron cubículos y carpas para más de 900 personas. Lo que se sabe es que funciona como centro de triaje. Chequean a las personas y si son casos graves las mandan al hospital de Coche. Para ello, esperan más de una hora por una ambulancia.
La OMS ha dicho en reiteradas oportunidades que el virus llegó para quedarse. Luego de 26 semanas entre cuarentena radical, flexibilización, instalación de salas de cine e, incluso, el reinicio de actividades comerciales en peluquerías y gimnasios, en Venezuela la pandemia convive con la duda y la opacidad informativa. En todo este tiempo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, solo ha hecho tres intervenciones en las cadenas de la Comisión Presidencial para el estudio de la COVID-19.
