El acceso al gas licuado de petróleo (GLP) en las zonas populares capitalinas se convirtió en una cadena de obstáculos. Entre cobros en divisas bajo la figura de fletes, fallas en los canales de atención digital y plataformas de pago privado fuera del alcance del sueldo mínimo, los vecinos lidian con esperas de meses y riesgos dentro de sus hogares.
Caracas. En la parroquia Macarao, a Marta*, una educadora de 41 años, las cuentas no le cuadran al entrar a la cocina. Acumula un mes y medio limitada a preparar la comida en una hornilla eléctrica porque no logra reemplazar su bombona de gas. En su comunidad, la opción de adquirir un cilindro por vías comerciales o en el sector privado impone una tarifa que excede la capacidad de su bolsillo.
“Comprar un cilindro nuevo puede alcanzar un costo de 50 dólares, sin incluir el regulador. Mi sueldo es de apenas 250 bolívares más el bono de guerra. Aquí los ingresos no alcanzan para eso”, dijo la docente a Crónica Uno.
La experiencia de Marta refleja el principal obstáculo que sufren miles de familias en las zonas populares de Caracas: la brecha entre el precio oficial del gas licuado de petróleo (GLP) y los montos reales en divisas que deben desembolsar para mantener las cocinas encendidas.
Reportes de Crónica Uno y fuentes del sector revelan una paradoja: aunque el país alberga las mayores reservas de gas natural de América Latina, el suministro apenas cubre el 49 % de la demanda nacional.
Cuentas imposibles
A este escenario se suma una producción nacional estimada en apenas 15.000 barriles diarios de gas doméstico frente a una demanda que oscila entre los 40.000 y 50.000 barriles diarios, lo que genera un déficit estructural del 60 % en el abastecimiento.
Esta escasez obliga a más del 90 % de los hogares a depender del gas en bombonas, ya que la red de tuberías de gas directo solo llega al 7 % de la población. Ante las fallas continuas en la distribución de los cilindros, miles de familias recurren a cocinas eléctricas o a la quema de leña para preparar sus alimentos.
Especialistas y organizaciones médicas han alertado que el uso prolongado de leña incrementa la aparición de afecciones respiratorias agudas como bronquitis y neumonía. Esto afecta principalmente a niños y adultos mayores, además de provocar procesos de deforestación local y sobrecargar el sistema eléctrico nacional.
El costo del gas en divisas golpea con fuerza a los adultos mayores y a las familias que sobreviven con un salario mínimo o una pensión. Aunque el combustible cuenta con subsidio estatal, en las comunidades los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Mesas Técnicas de Gas fijan un cobro adicional para pagar a los choferes, a los caleteros y el combustible de los camiones repartidores, lo que eleva de forma drástica la tarifa final.
En zonas caraqueñas como Catia, Caricuao, La Vega y Macarao, el sobreprecio deja ver la dura carga económica que enfrentan los usuarios. Mientras el precio oficial de la bombona de 10 kilogramos se ubica entre 1,15 y 1,50 dólares, los vecinos terminan pagando entre 3,20 y 5 dólares por recarga.
El mercado del reemplazo
Una distorsión similar ocurre con la presentación de 18 kilogramos: aunque la norma fija su valor entre 2,52 y 3,00 dólares, el costo real ronda entre 4,70 y 6,00 dólares. Para el cilindro de 43 kilogramos, regulado entre 4,81 y 5,23 dólares, el precio al público salta a un rango de 9,40 a 12,00 dólares.
El gasto se dispara aún más para quien tiene una bombona deteriorada y necesita una nueva. En el mercado privado, la compra o el canje de cilindros en buen estado a través de distribuidores, puntos de venta directa o plataformas digitales como Gas Caribe exige desembolsos de entre 30 y 50 dólares por unidad.
Esta realidad económica frena las iniciativas populares. En el barrio Unión, parroquia Petare del municipio Sucre, los vecinos intentaron organizar una compra colectiva para abastecer a decenas de familias sin servicio. Pero la respuesta de los distribuidores dejó a casi todos sin acceso.
Josué*, un residente de la zona, expuso el drama que viven en su comunidad: “Imagínate, aquí pedimos 72 cilindros y no nos dan solución. Es más, nos dijeron que las iban a vender en 30 dólares. ¿Cómo es posible ese precio si aquí la mayoría son personas mayores y vulnerables que solo dependen de la pensión?”, cuestionó.
Al problema del costo y los retrasos se suma el peligro físico que provoca el desgaste de los envases metálicos. Tras años de uso continuo sin un plan estatal de mantenimiento o sustitución masiva, miles de bombonas en circulación presentan corrosión profunda, fugas en los empaques o válvulas defectuosas.
Envases fuera de servicio
El método de revisión en los centros de acopio genera un nuevo obstáculo para las familias. Cuando los inspectores detectan fallas en la base del cilindro, le pintan las siglas “HP”. Esa marca anula el envase de forma permanente, lo que imposibilita al usuario recargarlo o recibir un reemplazo inmediato.
Sin embargo, el mercado informal ofrece soluciones inmediatas para quienes disponen de efectivo.
“En La Morán venden la bombona grande en 35 dólares y la mediana en 15 dólares. Allá sí te las venden y te las recargan. Es un negocio que existe mientras a uno no le despachan el servicio en su zona. Deberían quitarle ese monopolio a los consejos comunales”, denunció Carlos*, un habitante afectado.
Para Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, este deterioro de los cilindros y la brecha entre la tarifa oficial y el mercado paralelo obedecen a causas muy claras.
El sindicalista señaló que más de 12 millones de bombonas están inservibles en todo el país. Ante la falta de presupuesto y de acero para reparar o fabricar envases, Pdvsa Gas Comunal mantiene en circulación cilindros oxidados o con fallas en sus válvulas, un factor que incrementó las explosiones letales en barriadas populares como Petare y Caricuao.
Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades de Pdvsa Gas Comunal y la Alcaldía de Caracas no han emitido declaraciones oficiales ni han respondido a las solicitudes de los vecinos sobre los planes de contingencia para atender el desabastecimiento.
El limbo digital
A este escenario se suma el esquema de “cambio a ciegas” en las comunidades. Este mecanismo obliga a las familias a entregar cilindros en buen estado y recibir a cambio recipientes deteriorados.
Además, la paralización de la industria siderúrgica convirtió a los envases en un bien escaso, lo que alimentó redes de reventa e intermediarios que lucran con la urgencia de las familias y cobran tarifas hasta 30 veces por encima del precio regulado.
Para mitigar las fallas del sistema tradicional, las autoridades impulsaron modelos de atención digital como la aplicación Gas Caribe, orientada a la compra y recarga programada a precio base. A través de esta herramienta móvil, el usuario puede rastrear los camiones en tiempo real para gestionar la entrega directa en su hogar.
No obstante, este esquema impuso nuevas barreras tecnológicas y administrativas para los sectores de menores recursos. A juicio de Hernández, el lanzamiento de la aplicación tiene un impacto ambivalente: mientras alivia los tiempos de espera y combate a las mafias locales, de forma paralela profundiza la brecha de acceso tecnológico y geográfico para las comunidades empobrecidas.
Exclusión
El proceso exige el registro en portales web, transferencias electrónicas y desembolsos elevados para comprar cilindros nuevos o solicitar servicios exprés. Estas exigencias excluyen a los adultos mayores que viven solos y a los hogares en pobreza extrema que no poseen teléfonos inteligentes ni datos móviles.
Además, los usuarios reportan fallas continuas en los canales de atención telefónica y demoras prolongadas tras realizar los pagos.
“Una aplicación optimiza la toma de pedidos, pero no produce gas. Si las plantas de fraccionamiento sufren paradas técnicas por falta de inversión o si escasean los cilindros aptos en el inventario, el sistema digital se satura. Esto provoca retrasos en el despacho real, aunque la orden aparezca como aprobada en la pantalla”,
señaló el gremialista.
Un ejemplo de esta falla lo vive Josefa Bermúdez, una habitante de Caricuao, quien realizó el pago electrónico para la recarga de dos bombonas mediante esta plataforma de atención rápida a mediados de agosto.
“El 12 de agosto pagué dos bombonas de gas y me cansé de llamar a los tres números de celular que tienen. Pero nadie me respondió. Lo único que me dijeron después fue que el sistema de recarga exprés no funciona y que atienden por orden de llegada tras verificar el comprobante. Ya tengo dos semanas sin servicio y debo salir a comprar comida hecha para que mi hija coma. ¿Hasta cuándo?”, denunció.
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