En un comunicado, la asociación civil Súmate pidió retrasar las elecciones regionales y municipales convocadas para el 21 de noviembre, asegurando que esto permitiría inscribir más ciudadanos y subsanar una serie de irregularidades que han documentado del proceso de inscripción y actualización de datos.
Caracas. El pasado 1° de junio inició en Venezuela una jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral. Esta jornada ha presentado una serie de irregularidades que fueron denunciadas por la Asociación Civil Súmate a través de un informe, que acompañaron con una solicitud formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) de retrasar las elecciones hasta el próximo 5 de diciembre.
Entre las irregularidades se encuentra, por ejemplo, la ausencia total de una campaña institucional por parte del ente comicial.
“El 1° de junio de 2021, tal como lo había acordado el órgano comicial, se inició la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral, sin ningún pronunciamiento institucional y sin presentar una campaña divulgativa y comunicacional sobre tan importante etapa del Proceso Electoral, aprobado para realizarlo el 21 de noviembre de 2021”, reza el documento. Súmate hace la acotación de que los rectores del CNE sí han divulgado información, pero solo a través de sus cuentas en Twitter.
La organización también cuestiona en materia de comunicación que, hasta la fecha de publicación del informe, el CNE no haya activado la línea 0800-Votemos (0800-8683667) ni el servicio de mensajería de texto a través del 2637. Explican que hacer esto permitiría a los electores sin acceso a internet conocer no solo la ubicación de los puntos de inscripción y actualización de datos, sino también saber si fueron migrados de centro sin su consentimiento, una denuncia que se ha repetido en los últimos procesos electorales.
Además de la falta de promoción, Súmate también registró cambios de ubicación de centros que no aparecen en el portal web del Consejo Nacional Electoral. El informe señala: “Sólo en los casos de las entidades federales de Trujillo y el Distrito Federal, los cambios han sido actualizados en el portal web, aunque sin notificación. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en estados como Lara, Zulia, Sucre y Bolívar”.
Una de las irregularidades más graves reflejadas en el informe tiene que ver con la injerencia, coacción y lineamientos hechos por parte del partido de Gobierno y cuerpos de seguridad en medio de una jornada que se supone es exclusivamente civil y llevada a cabo por un ente imparcial.
Súmate señala que los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia no se cumplen “cuando observamos que se repiten situaciones en las que el partido de gobierno y organismos del Estado se involucran en las actividades electorales”.
Destacan que varias estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela y actores que forman parte de esta organización se han involucrado directamente en el proceso, usando figuras como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez para coordinar la puesta en marcha de puntos rojos cerca de los lugares en los que el CNE realiza la jornada. También hubo el caso de una jornada de carnetización cerca de donde se habían instalado los funcionarios del ente comicial. Denuncias similares se hicieron en relación con instituciones del Estado para favorecer una parcialidad política.
“Durante el seguimiento de contraloría ciudadana realizado durante el desarrollo de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE, hemos observado cómo la estructura de los organismos públicos nacionales, estatales y municipales, se han pronunciado e involucrado en esta actividad, disponiendo de recursos materiales y humanos que pertenecen al Estado venezolano, e incluso haciendo uso de sus investiduras de funcionarios públicos”, refleja el informe.
Sobre esto, Súmate denunció que registró instancias en la que “algunos de los ciudadanos participantes manifestaron que acuden a la jornada porque les exigen la constancia de inscripción o actualización para obtener servicios o beneficios socioeconómicos de instituciones del Estado”.
Todas estas denuncias fueron usadas como argumentos para la solicitud al CNE de que las elecciones regionales y municipales fuesen movidas del 21 de noviembre al 5 diciembre, pues de acuerdo con Súmate, dada la situación actual del proceso de inscripción y actualización de datos, “al finalizar la jornada el 15 de julio, de mantenerse la tendencia, solo se lograría cumplir entre el 25 y 30 por ciento de la meta, con lo cual podrían verse afectados más de 3 millones de ciudadanos en su derecho al voto y el de aspirar a un cargo de elección popular”.
De acuerdo con estimaciones hechas por Súmate, para el inicio de la jornada especial había aproximadamente unos dos millones de ciudadanos entre 18 y 30 años en el país que no estaban inscritos en el Registro Electoral, a los cuales se suman 1.574.787 electores que fueron migrados de manera inconsulta “desde el corte del Registro Electoral de junio de 2019”.
Las cifras expresadas por Súmate distan mucho del total de movimientos que el CNE anunció que se han logrado hasta el 29 de junio, los cuales son 256.756 nuevos inscritos y 479.515 cambios de domicilios.
El CNE no respondió la solicitud para aplazar las elecciones y solo dio acuse de recibo a la carta enviada por Súmate. Al preguntársele si esperaba que el ente comicial fuese a responder en los próximos días, Francisco Castro, director de la organización, declaró a Crónica.Uno que “nunca nos han respondido a una sola comunicación en 19 años, hablamos de más de 100 comunicaciones”.
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