Tiziana Polesel: La inflación es el impuesto más alto que pagamos consumidores y comerciantes

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La comunicadora social y empresaria, recién electa presidente de Consecomercio, abordó las consecuencias del esquema 7+7 para comerciantes y población en general, el impacto de la falta de combustible y la necesidad avanzar en temas como simplificación de trámites y racionalización de tributos para que aumente la formalidad del sector.

Caracas. Por su versatilidad y décadas de políticas económicas agresivas, el sector comercio ha sido de los más afectados por la pandemia y las medidas que trajo su llegada, y al mismo tiempo, fue de los que se tuvo que adaptar más rápido a ese y otros aspectos, como la dolarización, el alza de tarifas de servicios y la inflación.

La misma crisis venezolana ha propiciado cambios sustanciales en el sector, que sortea diariamente con migraciones hacia ofertas de otros rubros, dificultades para abrir y producir y, de manera más marcada, una informalidad que impide su crecimiento gracias a trabas burocráticas y una gestión tributaria que no propicia la inversión privada.

Sobre estos y otros aspectos conversó Crónica.Uno con la recién electa presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) para el período 2021-2023, Tiziana Polesel, comunicadora social, empresaria y profesora vinculada de lleno al sector empresarial, con conocimiento de lleno de las dificultades que enfrentan los comerciantes y prestadores de servicios.

Polesel cuenta con amplia trayectoria en el ámbito gremial y económico, al frente de la Cámara de Comercio de Caracas, la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, la organización Cedice Libertad y, hasta 2021, la primera vicepresidencia de Consecomercio. Durante su gestión, pretende seguir impulsando acercamientos con las autoridades y exponer los problemas que atraviesa el sector, principalmente en las regiones.

¿Cuál es el estado actual del sector comercio y cuál está siendo su rol en la economía del país, tomando en cuenta factores como la dolarización o el 7+7?

—El sector continúa en su afán y su tarea de subsistir, superar esta crisis, continuar buscando opciones. Estamos trabajando mucho para adaptarnos como sector a las nuevas exigencias del mercado, especialmente en lo que se refiere a pandemia y postpandemia, haciendo los cambios que hemos tenido que hacer como sectores porque la situación no ha sido fácil y la contracción del consumo se profundiza con la implementación del 7+7.

Consideramos que el país ya debe empezar a recuperar la continuidad de sus operaciones, los procesos comerciales, de producción, nuestra rutina, nuestros hábitos, eso reactivaría el consumo. Hemos aprendido que tenemos que vivir con la pandemia, y eso parte de una responsabilidad individual que cada quien debe seguir tomando precauciones, pero eso no debe impedir que podamos retomar las actividades regulares.

¿Durante su gestión continuarán impulsando la formalización del sector? ¿Qué beneficios trae eso para el comerciante?

—Algo que hemos sostenido es que en Venezuela lo informal es informal porque no le queda otro remedio, los trámites para formalizar son muy engorrosos y los impuestos son muy altos. Si hacemos un análisis de cuáles son esos procedimientos para formalizar y se pueden simplificar, va a ayudar a la formalización.

Los tributos tienen que ser razonables, tiene que haber una revisión tanto de los del Seniat como los impuestos municipales, en la medida en que nos formalicemos, más empresas van a pagar impuestos y así deberían bajar los tributos. Lo que más aleja el comercio formal es la cantidad de trámites.

Hay que entender que el informal quiere llegar a la formalidad, porque ayuda a registrar su marca, proteger lo que hace, solicitar créditos. Para poder exportar y abordar otros mercados, el informal necesita formalizarse. El gran reto es disminuir todos los trámites y simplificar los trámites, y que los tributos sean razonables.

¿Qué otras propuestas o planes piensan adelantar o promover en el corto plazo para beneficio del sector comercio?

—Seguimos trabajando a lo interno para fortalecer a Consecomercio, apoyar a las cámaras, especialmente las que están en las zonas más vulnerables.

Tenemos la tendencia a pensar que lo que sucede en Caracas sucede en el resto del país, y no siempre es así. El resto del país tiene problemas, hay regiones donde la escasez de gasolina y gasoil se siente más, las fallas eléctricas son más frecuentes y persistentes.

Todas estas regiones requieren más apoyo de Consecomercio y trabajaremos en ese sentido. Tenemos una serie de actividades que ayudan a que las cámaras le transmitan a sus afiliados acerca de las innovaciones y cosas que pueden hacer y que las ayuden a superar la crisis, como plantearse nuevos nichos de mercado o negocios.

¿Piensan reunirse y trabajar con las autoridades competentes para buscar desahogar un poco a los afectados por tarifas de aseo, servicios e impuestos?

—Eso es parte de lo que nos corresponde hacer. Dentro del objeto de Consecomercio nos corresponde buscar esos acercamientos para exponer todas las situaciones que nos ocasionan problemas. Vamos a abordar temas con las alcaldías y autoridades regionales y municipales, así como sobre los servicios públicos, porque hay gran inquietud y problemas que difieren en las zonas. Zulia tiene situación con energía eléctrica grave, otras tienen otros problemas con fiscalizaciones.

Existe la aplicación a discreción de cada alcaldía del 7+7 de manera diferente, hay fiscalizaciones que están ocurriendo en algunas zonas que son problemáticas. También señalar que es importante abordar el problema del combustible, porque de persistir como en los últimos días va a generar escasez debido a que hay problemas serios para el transporte de carga para abastecerse de gasoil y gasolina, y eso va a tener consecuencias a corto plazo.

¿Qué incidencia han tenido tanto la pandemia como el esquema 7+7 en el crecimiento o decrecimiento del comercio en Venezuela? ¿Es sostenible ese modelo?

—En diciembre declaramos, a raíz de una muestra representativa de comerciantes y prestadores de servicios, que más de 30 % no podría abrir en enero debido a las medidas, cosa que ha ocurrido, es un porcentaje alto de empresas que simplemente no pudieron resistir todas las medidas, no solo el 7+7, sino aquellas que impactaron en la contracción del consumo. Los sectores de alimentos y medicinas han sido priorizados, pero eso no es todo, porque también les afecta la caída del consumo. Cultura, recreación, entretenimiento, todos los sectores de servicios se han visto afectados. Si persiste el 7+7 esa cifra podría elevarse, en algunas regiones la contracción puede variar, en algunas es 20 % y en otras supera 30 %.

El 7+7 también es un problema para el consumidor porque impide poder lograr cubrir sus necesidades. El consumidor no tiene necesidades intermitentes, si se le daña la nevera, no puede esperar siete días para comprar el repuesto de la nevera. El comercio y servicios dependen de las necesidades del consumidor, que aparecen cuando se presenta una emergencia, de manera que el enfoque no es nada más hacia el comercio, porque nuestro trabajo es atender las necesidades. La medida pudo haber sido entendida durante un tiempo corto, pero ahora perjudica mucho a la gente, al trabajador que depende de la venta. Las necesidades no son intermitentes, son cuando ocurren, y hay que atenderlas.

Economistas y expertos prevén que la migración de los comercios hacia el rubro de alimentos seguirá aumentando, ¿esto supone un reto o inconveniente para el sector de cara al futuro, el hecho de reducir la diversidad del comercio?

—Es una medida transitoria que algunos han encontrado para subsistir, pero no es la naturaleza de su negocio. Un negocio que ha tenido durante 20 o 30 años un enfoque y tipo de cliente específico, que atiende una necesidad específica, ha migrado por necesidad, para lograr mantener su negocio abierto. Lo lógico es que, cuando la circunstancia termine, ese negocio de manera natural regresará a su actividad principal.

Si a una persona durante siete días no la dejan vender, tratará de aumentar su oferta para entrar dentro del esquema priorizado, pero no todas las empresas están en esa capacidad. Las empresas de servicios no tienen esa posibilidad, son las que han sufrido mucho más, porque los servicios no son intermitentes, cuando se deja de prestar no se puede retomar lo perdido más adelante, no lo puedes recuperar. 

Esa migración que vemos hacia establecimientos comerciales de venta de alimentos o medicamentos no conforma la mayoría de oferta del comercio y servicios, es lo que vemos, pero hay una serie de empresas que no tienen posibilidad de hacerlo y son las más afectadas.

Ya se cumplió un año del nuevo esquema de distribución de combustible. ¿Cuál ha sido el impacto del aumento del precio de la gasolina y las dificultades para obtener diésel?

—El problema no es solo el aumento, porque quizás en la estructura de costos de una empresa no se refleja directamente el aumento de la factura del combustible, lo más grave es el tiempo que una unidad tienen que esperar en la cola para poder abastecerse, es un tiempo que es trasladado de alguna forma al costo del precio del producto. 

Si una unidad tiene que esperar cinco días para abastecerse, o más dependiendo de las regiones, eso es un costo mucho mayor que el del combustible total. No solo genera escasez y demoras en el abastecimiento, sino un aumento en el precio final, porque además se suma el chofer que está ahí cinco días esperando en una cola, un drama que hace que muchas empresas de transporte prefieran no transportar porque los riesgos son enormes.

A eso se le suman las alcabalas, un número muy elevado que genera muchas demoras. Algunos transportistas han contado hasta 58 alcabalas entre San Cristóbal y Caracas, lo que genera retrasos y demoras y todo eso se va sumando en el precio del producto. Lo más grave no es el costo, sino la escasez que se puede generar si vemos que las unidades optan por no rodar debido a estos problemas que tienen.

¿Qué otros aspectos prevén que puedan cambiar o redireccionar al sector al menos en los próximos dos años? ¿Para cuáles de ellos están trabajando?

—El impuesto más alto que pagan los consumidores es la inflación. Si no se aborda ni se generan mecanismos necesarios para atacar la inflación, probablemente seguirá siendo el impuesto más alto que pagaremos en cualquier transacción que hagamos, es algo que dejamos de reportar con insistencia debido a otras prioridades, pero que no podemos dejar de denunciar y que está solo en manos de quienes están ejerciendo el gobierno. Seguiremos haciendo llamados para que ese gran costo que tenemos que pagar los venezolanos sea abordado. 

El otro tema importante es el de los medios de pago, que tienen varios enfoques. El primero es que no debemos aceptar como normal que en una transacción comercial o servicios, en vez de concluirse con un solo mecanismo, el consumidor tenga que pagar con más de dos monedas y en tres o cuatro métodos de pago. 

El tema de los métodos de pago es preocupante porque vuelve muy compleja la operación, un establecimiento que necesitaba una cajera ahora necesita tres personas para el mismo cargo, porque una sola no puede manejar todo eso. Eso genera costos y demora, el consumidor se incomoda y se molesta, genera una situación de tensión que no hace que la transacción culmine.

Lo otro es la posibilidad de que podamos acceder al crédito, tanto consumidores a través de tarjetas de crédito y mecanismos que permitan que se reactive el consumo, como el comercio, que lo requiere para poder ofrecer una mejor oferta de productos

¿Ven inminente una reconversión monetaria? ¿Qué ha supuesto para el comercio la dolarización informal de la economía?

—Hemos señalado que podemos decretar la reconversión, pero si no se ataca la inflación seguirá el problema. La reconversión para nosotros es una manera de simplificar el manejo de operaciones, pero no soluciona el problema fundamental, que es la inflación.

¿Cómo ha impactado al comercio la llegada y expansión de deliveries?

—Es un servicio adicional que están ofreciendo aquellos establecimientos que pueden, porque no todos pueden ofrecer ese servicio. En Venezuela, por razones de seguridad, fuimos siempre un poco temerosos con el servicio a domicilio, pero la necesidad de comida y medicamentos en la pandemia hizo que se superara esa inquietud de inseguridad. 

No se va a ir porque hay un principio fundamental en teoría de prestación del servicio que parte de que una vez que le das un servicio a un consumidor, no se lo puedes quitar. Probablemente los que la tienen, la mantengan. Aquellos establecimientos que solo implementaron servicio a domicilio para sobrevivir al cierre de establecimientos, probablemente mantengan una parte, pero su oferta estaba enfocada en la presencia del cliente y aspira a que se pueda retomar el servicio de presencialidad.

Según una encuesta que hicimos, los establecimientos de comida calculan que el servicio a domicilio aporta entre 20 % y 30 % a su facturación, lo que los ha ayudado a no cerrar y poder resistir la crisis, pero si no los dejan abrir los restaurantes van a tener problemas serios.

La Asamblea Nacional prevé este año promulgar una ley de Nuevos Emprendimientos y reformar el Código de Comercio. ¿La Comisión de Finanzas se ha reunido con ustedes como gremio para discutirlo? ¿Es suficiente llevar adelante estas legislaciones para recuperar el sector?

—Tuvimos dos reuniones hace algunos meses y aspiramos reiniciarlas porque partieron de una propuesta general que hizo Fedecámaras. Estamos a la orden para incorporarnos en las comisiones de cada uno de los temas.

Cualquier iniciativa que se tenga para motivar a la gente a que cree empresas e inicie un negocio tiene que incorporar simplificación de tramites y apoyo crediticio. El emprendedor puede tener una excelente idea, pero para poder formalizarse debe haber condiciones para que sea rápido. El gran reto de los emprendimientos es que pueda superar esa barrera de 9-10 años, que es lo que mundialmente está estudiado que llega la mayoría de los emprendimientos. 

Usted puede hacer todas las leyes del mundo, pero si la gente no tiene confianza en emprender en crecer ahí está el problema. Se necesita confianza, simplificar trámites y acceso a créditos. 

El Código de Comercio fue hecho hace muchos años, quizás el principal cambio sería actualizarlo a los nuevos tiempos tecnológicos, porque cuando se redactó no existía internet ni métodos de pago como los actuales. La transformación del comercio en los últimos años requiere muchos aspectos. 

Otros tipos de cosas están entrabando más la actividad, aspectos más regionales y municipales. Pagar los tributos es engorroso e implica toda una serie de trámites que hay que hacer, no todo está automatizado y hay que hacer eso más fácil, se necesita revisar cuáles son las gestiones que tiene que hacer un comerciante o prestador para que su negocio funcione, quitando esas trabas del funcionamiento, como solicitar permisos, simplificar todo eso usando las nuevas tecnologías.

¿Qué respuestas han obtenido sobre las propuestas hechas a principios de año por el sector privado, como la armonización tributaria, los estímulos fiscales, simplificación de trámites, expropiaciones y el libre ejercicio económico?

—Nosotros estamos enfocados en ciertos temas. Hay un documento que fue entregado a diferentes instancias que tiene que ver con la desmaterialización de las facturas, la propuesta es que los comercios que así lo soliciten puedan pedir que se les aplique una disposición que ya existe, pero solo para grandes empresas, que permite enviar una factura vía electrónica. 

Si una empresa vende un servicio está obligada a mandar la factura en físico a clientes en otros estados, algo que encarece mucho los costos, el envío de un documento físico es muy costoso. Solicitaremos una reunión para que nos digan si hace falta más argumentación y documentación al respecto. 

En este momento, sin inmunización de rebaño, con aumentos diarios de contagios y una dolarización desordenada, ¿Qué requiere el sector para recuperar terreno perdido por la pandemia y años de políticas económicas fallidas?

—Confianza, combate a la inflación y la necesidad de una vacunación rápida, transparente, con instrucciones claras y sin discriminación, en la medida que tengamos más personas vacunadas los riesgos van a disminuir, aunque sin dejar a un lado la prevención y la responsabilidad individual.

Hay que concluir con el proceso de vacunación del personal sanitario y de educación. Debemos hacer todos los esfuerzos para que se retomen las clases presenciales. Es importantísimo este sector de servicios, porque la pandemia ha tenido impacto importante en la educación y formación del niño, adolescente y estudiante universitario. Ha demostrado que se necesita lo presencial, aunque la remota no va a desaparecer, probablemente se van a mantener, pero los estudiantes quieren regresar al aula y reencontrarse con sus compañeros.


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