Trabajadores de Pdvsa condenados a morir de hambre o contaminados con sustancias tóxicas

Una prueba toxicológica realizada por la Unidad de Salud Ocupacional del laboratorio de la planta procesadora de Piamo, ubicada en Monagas, arrojó una alta concentración de químicos nocivos, como xileno y benceno, en la sangre de 16 trabajadores. En las plantas de producción la falta de protección industrial se cobra la vida de los empleados, excluidos del sistema de salud, hostigados y sometidos a la pobreza. 300 de ellos han muerto desde 2019 a causa de enfermedades ocupacionales, patologías, falta de medicinas y contagiados de COVID-19, según datos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

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Caracas. A Rosa, nombre real en resguardo por medidas de seguridad, le pican y le sudan excesivamente las manos. La comezón es tan intensa que debe quitarse los guantes cada 10 minutos porque no puede concentrarse. Siente que los dedos se le sancochan, y nota que un sarpullido que hace días le cubría solo los nudillos ahora hace estragos en sus muñecas. A la erupción le acompaña una irritación en los ojos y una tos seca que no se le quita y empeora cada semana. Además de ella, otros 16 de sus colegas en su sitio de trabajo lidian con los mismos síntomas.

En el laboratorio de la planta de tratamiento químico de Piamo, que pertenece a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que está ubicado en la parroquia El Tejero (municipio Ezequiel Zamora) del estado Monagas, no es la COVID-19 lo que enferma y envenena a los empleados y analistas químicos como Rosa. En esa unidad de procesamiento en la que se manejan a diario sustancias nocivas como xileno, benceno y tolueno, es la falta de equipos y medidas de seguridad industrial lo que compromete la salud de los trabajadores, quienes, además, están desprotegidos debido a la falta de seguro médico y el deterioro de sus condiciones laborales.

Una evaluación toxicológica realizada por la Unidad de Salud Ocupacional del laboratorio de la planta de Piamo arrojó a mediados de este año que 16 de un total de 36 trabajadores tienen la sangre contaminada con sustancias tóxicas. Sin embargo, se desconoce el estado o la situación actual de estos empleados. 

La información sobre el umbral de riesgo al que están expuestos es un rumor de pasillos. Una fuente vinculada a la planta, que prefirió mantener su nombre en anonimato, explicó que la gerencia optó por mover de sus puestos a los empleados contaminados que manifestaban los síntomas de envenenamiento.

“La gerente y directora de salud de la parroquia Punta de Mata (municipio Ezequiel Zamora), Luvidis Millán, negó desde el principio los estudios hematológicos especializados para hacerles seguimiento y determinar el daño generado o las patologías. A quienes se complicaron con la COVID-19 tampoco se les sometió a una evaluación. Una compañera desarrolló problemas en su sistema reproductor y se hizo estudios particulares. Cuando se supo el diagnóstico la enviaron a otro departamento y se olvidaron de eso. No fue atendida”, denunció la fuente.

Olvidados y expuestos a la muerte

Para los trabajadores de la estatal petrolera enfermarse puede significar la muerte. Según cifras y datos recopilados por los sindicalistas de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) 300 trabajadores activos y jubilados han muerto desde 2019 hasta la fecha a causa de enfermedades ocupacionales, patologías crónicas, falta de medicinas y complicaciones asociadas al coronavirus.

Desde que el Sistema Contributivo para la Protección de la Salud de los Trabajadores Petroleros (Sicoprosa) dejó de ser aceptado en las clínicas privadas, hace más de año y medio, la agonía de los empleados es un clamor que se replica en cada estado.

Luis Hernández, trabajador de la industria y directivo de la Futpv, explicó que por su amplia póliza de cobertura el seguro médico de Pdvsa, de régimen contributivo, era considerado uno de los mejores del mundo. A los trabajadores les descontaban 20 % de su sueldo y Pdvsa aportaba el 80 % restante. Pero la empresa dejó de pagar y actualmente adeuda a la red de clínicas y farmacias 12.000 millones de dólares.

“Ahora nuestros empleados mueren en sus casas sin atención médica o después de ser ruleteados por varios hospitales. La miseria de sus familias es tal que no tienen ni para enterrarlos, y hasta le hemos pedido ayuda a la Alcaldía de Maturín para cubrir los gastos funerarios de nuestros profesionales”, aseguró.

Pero eso no es todo. Hernández destacó que la situación es peor para los jubilados, quienes cobran como pensión 1.800.000 (1,2 dólares) bolívares mensuales, equivalentes al costo de una harina PAN. El sindicalista detalló que el fondo de pensiones reservado para un total de 29.500 trabajadores fue saqueado durante la gerencia de Francisco Illaramendi y el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, quienes –según él– cargaron con la suma de 573 millones de dólares de los que han sido recuperados 333 millones que están congelados en cuentas de Estados Unidos.

“Si no se hubiesen robado ese dinero, los jubilados recibirían 660 dólares mensuales y no se estarían muriendo de hambre”, dijo.

Las secuelas que deja la industria

Leyller Paorline es operador de producción industrial del complejo petrolero de la región del Lago en Tía Juana, municipio Simón Bolívar del estado Zulia. No ha dejado de asistir a su puesto de trabajo, pese a la pandemia. Cuando le toca ir viste siempre igual: con una gorra, un bluyín, un par de zapatos gastados y una franela, pues es la única muda que tiene para laborar. Lleva un pedazo de pan en el estómago y, con una arepa pelada que lleva para comer durante el día, se prepara para enfrentar la jornada de 24 horas por siete días continuos.

La planta en la que trabaja es una de las pocas en las que todavía se apalanca una fracción de producción petrolera con 11.000 barriles diarios. En sus instalaciones abundan el petróleo y los peligros. Paorline explicó que los derrames del hidrocarburo y las fugas de gases que a veces huelen a huevo podrido son una constante y ya está acostumbrado.la

Algunos días la concentración de los vapores se condensa tanto en el ambiente que se le dificulta la visión, ya deteriorada después de nueve años de servicio en la industria y tres años trabajando sin la indumentaria de seguridad, porque no se la suministran.

“Vivimos en la miseria y expuestos al desastre. Durante las guardias nos dan unas viandas con pasta y nos sentimos afortunados, porque vemos a otros compañeros morir desnutridos mientras los dirigentes de la Federación Unitaria, como Wills Rangel, le aplauden al Gobierno, señaló».

Pero hay otra amenaza más peligrosa que se cierne sobre quienes trabajan en el complejo refinador. Freddy Álvarez, trabajador activo de Pdvsa desde hace 43 años en el área de laboratorio de la refinería El Palito y dirigente sindical, señaló que en estas plantas se lleva a cabo un proceso de síntesis química entre el propileno, el buteno y el isobutano. Lo que se obtiene de esa síntesis es conocido como alquilado o gasolina alquilada, un hidrocarburo muy valorado por su alto octanaje. Lo que los alarma es que durante la producción de este combustible se genera H2S o ácido sulfhídrico, un componente tóxico que provoca daños irreversibles en el sistema óseo, principalmente en la columna vertebral.

Álvarez añadió que las unidades más contaminantes son aquellas en las que se maneja tolueno y xileno. La refinería El Palito dispone de un área habilitada para emplear estas sustancias y, aunque está paralizada, representa un riesgo, pues si bien los agentes tóxicos derivados de la producción de hidrocarburos no salen al exterior, siguen almacenados en las plantas.

“Los equipos que detectan las fugas o concentración elevada de agentes industriales perjudiciales en las instalaciones operan por debajo de su capacidad o están estropeados desde hace tiempo, lo que deja desprotegidos a los trabajadores ante el efecto progresivo y mortal que químicos como metilbenceno, fenilmetano, ortoxileno y paraxileno provocan en el organismo”, puntualizó.

Mónica Krauter, profesora jubilada del Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar (USB) y licenciada en química, señaló que en una refinería se genera una gran cantidad de compuestos nocivos, pero la mayoría se circunscribe al grupo de los carbonados, es decir, aquellos que contienen azufre, nitrógeno y compuestos metálicos. Aunque enfatizó que asociar una afectación a la producción de hidrocarburos es irresponsable sin registros ni estudios formales, afirmó que existe un descuido de la seguridad laboral que atañe a todas las empresas del Gobierno.

“Si a los trabajadores se les dota de la indumentaria completa con botas, cascos, tapa orejas, bragas y guantes para minimizar los riesgos, eso no resolvería el problema porque no se están atacando las fuentes generadoras de estos compuestos dañinos y, por tanto, no se evita la contaminación”, explicó.

Esto quiere decir que los equipos de seguridad no minimizan el riesgo de contaminación mientras la fuga y la emanación de químicos nocivos sea constante en las instalaciones de las refinerías.

La especialista explicó que hay patrones repetitivos que caracterizan el envenenamiento por sustancias asociadas a la producción petrolera. Uno de los síntomas más evidentes se percibe en el aparato respiratorio, con molestias en los pulmones, garganta y esófago. Si la exposición al compuesto tóxico es prolongada, ocurre un proceso en el cual la concentración de metales pesados remplaza el hierro en el torrente sanguíneo, lo que genera daños en el sistema nervioso y muscular.

“Los trabajadores intoxicados se quejan de un cansancio extremo y comienzan a hacer movimientos involuntarios y repetitivos. En este punto se compromete la respuesta motora y la persona cae en cama. Luego observamos episodios de taquicardia, disnea y convulsiones. En los bebés, niños, mujeres embarazadas, hipertensos y asmáticos los síntomas son más pronunciados y hasta fatales”, subrayó.

Excluidos y sin derecho a la salud

En los pozos petroleros por todo el municipio El Tejero, en los alrededores de la planta de Piamo, la jornada empieza cuando apenas se asoma el sol. A 150 kilómetros de Punta de Mata un grupo de supervisores de pozo se alista para tomar las muestras del hidrocarburo que se acumula bajo tierra. El objetivo del procedimiento es conocer el comportamiento de los yacimientos para optimizar la producción, hoy día venida a menos con 392.000 barriles diarios, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) correspondientes a agosto de este año.

La cadena de evaluación sigue en el laboratorio de Piamo, adonde son llevadas las muestras. Allí Rosa se encargaba de procesar los rastros de crudo con xileno, un líquido blanco y de suave olor que se sintetiza industrialmente a partir del petróleo. En los laboratorios se emplea como solvente y es nocivo para la salud. La exposición a este componente se asocia al desarrollo de enfermedades hematológicas y renales, de acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Pese a los riesgos, Rosa se sentía satisfecha con la labor que desempeñaba, hasta que un día no pudo soportar los efectos que el xileno causaba en su salud.

“Soy asmática y me sentía muy mal. Introduje el reclamo varias veces para informarles a mis supervisores, pero nunca me brindaron apoyo, ni a mí ni a otros colegas que estaban en peligro. Las campanas extractoras de humo estaban inoperativas desde hacía años. Las mascarillas autofiltrantes de protección no funcionaban correctamente. Y solo nos daban un par de guantes a la semana. Me cansé y renuncié, porque nunca hicieron nada para mejorar las condiciones laborales”, contó.

Hostigados y en la mira

En la clínica industrial de Pdvsa Campo Rojo del municipio Punta de Mata, la enfermera Ana, nombre ficticio en resguardo de su seguridad, se las apaña para atender diariamente a entre 45 y 80 trabajadores de forma ambulatoria.

Los atiende en condiciones precarias, con solo dos camas disponibles en el área de emergencia, sin aire acondicionado, ambulancias, laboratorio ni kits de bioseguridad. Lleva puesto un par de guantes que ha reusado varias veces, y asegura que la atención es tan básica que no hay insumos para brindar cuidados especializados a los trabajadores contaminados. Hace más de tres meses la Unidad de Salud Ocupacional fue cerrada, al igual que la sala de observación que contaba con ocho camas que supuestamente serían destinadas a atender a los pacientes con coronavirus.

“Por denunciar esta situación y exigir salarios dignos nos han atacado. Nos amedrentan e intentan callarnos dejando en claro que la gerencia es un cargo vinculado a la preferencia política, y que por eso nada ni nadie los sacará jamás de allí”, sostuvo.

José Muñoz es capitán de lancha de la división EyP de Pdvsa Occidente y se define a sí mismo como un luchador de la clase obrera. Fue incorporado a la petrolera en 2009, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez expropió la empresa Aguas Services, en la que trabajaba. Desde entonces se encarga de gestionar las movilizaciones marítimas hacia las estaciones de flujo del gas y hacia los pozos petroleros que están en alta mar. EyP Occidente Maracaibo y Ciudad Ojeda cuenta con 19 muelles. Once años después, de las 25 lanchas en las que se trasladaba para trabajar, ninguna está operativa.

Muñoz indicó que desde hace cinco años no recibe la indumentaria básica. Tampoco cuenta con atención médica, pues en la división Zulia Occidente los 30.000 empleados de Pdvsa disponen solo de 60 camas para recibir asistencia en la clínica Sur y el hospital Coromoto de Maracaibo.

“Nuestros registros semanales contabilizan de 250 a 300 emergencias entre nuestros trabajadores, bien sea por enfermedades, bien por accidentes. Vivimos a la buena de Dios y convertidos en mendigos”, reclamó con rabia.

Muñoz es padre de cuatro hijos, gana 4.500.000 bolívares mensuales y la limitada situación económica que altera la armonía en su hogar es lo que lo motiva a impulsar protestas en los sectores La Cañada, Maracaibo, La Concepción, San Francisco, Santa Rita, Ciudad Ojeda y Lagunillas.

Al igual que otros gremialistas, como Bartolo Guerra, capitán de remolcador de PDV Marina, y Eudis Girot, director ejecutivo de la Futpv, ambos imputados por supuesto terrorismo, Muñoz ha sido víctima de persecución y amenazas. El último hecho ocurrió hace dos meses cuando fue golpeado por la policía del municipio Lagunillas. El resultado de la golpiza fueron varios hematomas y unas costillas rotas que tardaron semanas en sanar. Pese a los riesgos, asegura que se mantendrá en la calle para reclamar sus derechos y los de otros 1000 trabajadores que se han sumado a la jornada de manifestaciones en más de 10 municipios de esa entidad.

Luis Hernández, sindicalista de la Futpv y quien tiene más de 20 años en Pdvsa, indicó que más de 40.000 trabajadores han renunciado a la industria como consecuencia de los bajos sueldos, y lamentó la situación de más de 1200 empleados que aún asisten a sus puestos de trabajo a cumplir guardias pese a la pandemia.

“Nuestros obreros, ingenieros y operadores de planta que se fueron del país están regados por Dubai, Colombia y Estados Unidos y ganan hasta 7000 dólares mensuales, mientras que aquí el salario de quienes cumplen jornadas de 24 horas no equivale ni a cuatro dólares. Algunos son manipulados por el Gobierno y tienen la esperanza de que todo se resolverá, porque los callan con promesas y un kilo de azúcar”, dijo.

La época dorada en que ser trabajador de Pdvsa era un lujo por los buenos sueldos, que oscilaban entre los 600 y los 1200 dólares, terminó. Ahora los empleados ganan el equivalente a tres dólares y no cuentan ni siquiera con seguro médico, uniformes ni equipos de protección. Quedaron a la deriva.

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Trabajadores de Pdvsa condenados a morir de hambre o contaminados con sustancias tóxicas

Concepto: Celina Carquez
Desarrollo Editorial: Celina Carquez
Textos: Betania Franquis
Fotografías y videos: Gleybert Ascencio
Edición: Flor Cortéz
Diseño: Lesslie Cavadías
Infografías: Amadeo Pereiro

Especial publicado el 3 de enero de 2021.


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