Más de 200 trabajadores han fallecido por falta de atención debido a que seguro de Pdvsa no funciona

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Empleados del holding petrolero estatal llevaron sus reclamos a la calle y consignaron un documento en la sede del Ministerio Público donde exigen la reactivación del seguro médico. Cementeros también protestaron para demandar la restitución de beneficios laborales

Puerto La Cruz. Los trabajadores petroleros y de la industria del cemento elevaron el nivel de sus protestas y este jueves tomaron las calles de Puerto La Cruz para consignar sus reclamos ante las dependencias tanto del Ministerio Público como del Trabajo.

Quienes laboran en el holding petrolero estatal realizaron una marcha desde el edificio sede de Pdvsa en la urbanización Guaraguao hasta la sede de la Fiscalía en la avenida municipal de Puerto La Cruz, en lo que calificaron el inicio de la lucha por la restitución de los beneficios laborales y la extinción de las mafias internas dentro de la industria petrolera.

Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), sostuvo que la situación en Pdvsa ya rebasó “los límites de lo moralmente aceptable”, al indicar que tienen pruebas y nombres de los 200 trabajadores de la industria que han muerto por falta de atención médica, debido a que el Sistema Contributivo para la Protección de la Salud de los trabajadores petroleros (Sicoprosa), no es aceptado en ninguna clínica privada pese a que mensualmente se lo descuentan de su salario.

“Los compañeros Rubí González y Luis Ortiz de Refinación Oriente, Carlos Amato de CVP, Enrique Guacarán de Pdvsa Gas, Jorge Márquez del proyecto Costa Afuera y Félix Monteverde de la Refinería El Palito, junto con una larga lista que está conformada por 200 personas, han muerto porque la señora Aura Malavé, quien es la directora de Sicoprosa a nivel regional, cuando los trabajadores llegan a su oficina a pedir atención, ella simplemente levanta el teléfono y les dice a las clínicas que no los atienda. Esta señora maltrata y humilla a los trabajadores, el personal de la empresa simplemente se está muriendo”.

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Girot argumenta que el seguro Sicoprosa no es una concesión de Pdvsa para con los trabajadores, se atrevió a calificar la situación a nivel de estafa, en virtud de que son ellos los que pagan el mismo producto de los descuentos que le realiza la empresa en su salario.

Son 25.000 trabajadores más sus familiares los que están perjudicados por esta situación. A mí me amenazaron y un funcionario de la Guardia Nacional me dijo esta mañana en las puertas de la refinería que si seguía haciendo las denuncias tanto del seguro como de las mafias de Pdvsa iba a amanecer con un tiro en la cabeza”, afirmó Girot.

Oídos sordos

El representante sindical sostuvo que desde el año 2014 le han entregado informes al gobierno de Nicolás Maduro sobre la situación de la industria y no han obtenido respuesta.

“Un ejemplo del desastre en la empresa es el campo Urdaneta en el estado Zulia, ese campo tenía 27 taladros operativos y producía 700.000 barriles de petróleo diarios, hoy no produce ni uno y los taladros fueron desvalijados en su totalidad. Maduro le dio una orden a Manuel Quevedo para que incrementara la producción y lo que ha hecho es producir muerte de trabajadores, Nicolás (Maduro) no es bolsa, yo personalmente le puse un informe en sus manos de la situación de la industria, pero no hizo caso”.

Juan Martínez, trabajador de Petromonagas, sostuvo que ellos están claros de que la única forma de lograr un cambio en la petrolera estatal es con un cambio de gobierno, porque quienes ahora dirigen la empresa “se hacen de oídos sordos”.

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Para el secretario ejecutivo de la Futpv, José Bodas, la situación de Pdvsa es inaceptable. La caída es de tal nivel que en el comedor de la sede de Guaraguao “a los trabajadores nos tratan como perros al darnos arroz con mortadela cruda”.

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Bodas refirió que el gobierno de Nicolás Maduro está buscando privatizar la petrolera. / Foto: José Camacho

“El contrato colectivo está vencido, ahora se ha desatado una represión contra los trabajadores a los cuales amenazan con despidos y jubilaciones anticipadas si continúan protestando por sus derechos. Conocemos de primera mano que Quevedo (Manuel) pretende privatizar la industria al vendérsela a los chinos, a los rusos y a la Chevron norteamericana, nosotros no vamos a permitir eso, aquí estamos los trabajadores defendiendo la industria”, refirió.

Los empleados del holding aseguraron que no abandonarán las calles y la próxima marcha llegará a los centros de salud privados adscritos al Sicoprosa.

Cementeros en crisis

Al igual que sus pares petroleros, los empleados de la planta Pertigalete de Vencemos, ubicada en Guanta, marcharon hasta la inspectoría del Ministerio del Trabajo en Puerto La Cruz para consignar un documento en el que exigen la derogación del memorando 2792 el cual, aseguraron, eliminó de un golpe todos los beneficios conquistados por la contratación colectiva y por mejoras en las condiciones de seguridad laboral en la empresa.

Luis Chaparro, secretario general del sindicato de Vencemos en Anzoátegui, indicó que más de 7.000 personas, entre trabajadores y familiares, están a la buena de Dios por la ausencia de HCM.

“Las condiciones de salud están críticas, tenemos 300 trabajadores que están sin equipos de seguridad en la empresa y por lo tanto se quedan todo el día en el comedor sin hacer nada, porque en esas condiciones no se puede trabajar. La empresa produce a menos de 15 % de su capacidad y los niveles de contaminación son tales que los cuatro municipios de la zona norte de Anzoátegui ya sienten los estragos por el polvillo porque los filtros no están funcionando, si no se hacen los correctivos la empresa está destinada al cierre total, ahora tenemos prácticamente un paro técnico”.

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El inventario de falencias esgrimido por los operadores de la planta no dibuja un panorama alentador. En la actualidad Vencemos Pertigalete no produce cemento.

El pasado 17 agosto se paralizó el único molino que producción, de los cinco hornos que mantenía operativo la cementera, solo uno funciona; de siete molinos de cemento crudo instalados en la misma apenas dos siguen operativos y los tres procesadores de cemento tipo I están paralizados.

“Estamos ahora en una situación de esclavitud, nosotros retamos al diputado Francisco Torrealba para que viva con el salario que ganamos en una empresa que está inoperativa. No hay programa de seguridad laboral, no hay data epidemiológica. Esta empresa hace actos criminales al no garantizar la vida de los trabajadores. El bono de salud que pagan no alcanza ni para un tratamiento hipertensivo, nuestros enfermos están condenados a morir por no contar con servicio médico”, sostuvieron los dirigentes Iván Caigua y Luis Chaparro.

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Los empleados de Vencemos sostienen que no cuentan con equipos de seguridad. / Foto: José Camacho

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