Un año después del naufragio del primer bote en Güiria autoridades se hacen la vista gorda con las investigaciones

en Güiria

28 personas permanecen desaparecidas, luego de que la embarcación Jhonnailys José partiera de forma clandestina hasta Trinidad y Tobago, el 23 de abril de 2019. El Ministerio Público no ha informado a los familiares de avances en las averiguaciones y no han investigado a funcionarios, que presuntamente participan con una red de trata de personas.

Caracas. Mi hija estuvo toda una semana en Güiria y pude haberla salvado si el Conas y el Cicpc me hubiesen ayudado cuando denuncié, pero me mandaron a buscarla sola. Luisannys José Betancourt Arias cumplió un año desaparecida, este 23 de abril de 2020. Era una de las pasajeras del bote Jhonnailys José, que naufragó entre Güiria y Trinidad y Tobago. 

Su mamá, Ana del Valle Arias, denunció que estaba desaparecida una semana antes de que la lancha partiera. En el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de Cumaná, le dijeron que seguro estaba parrandeando, que esperara su regreso. Pero Luisannys, de 16 años, no suele perderse de casa.

Escuche el testimonio de Ana Arias, mamá de Luissanys Betancourt:

Las autoridades venezolanas no han avanzado, de ninguna forma, con las averiguaciones. Los parientes desconocen si hay algo nuevo y un año después no han tenido acceso al expediente.  En febrero de este año se enteraron de que sus familiares no tenían la notificación amarilla de la Interpol, la alerta policial mundial para reportar a personas desaparecidas, de la que debe encargarse el Estado. Solo hay nueve detenidos, acusados por trata de personas, vinculados con el caso.

Cuando Ana del Valle Arias denunció que su hija estaba desaparecida, los funcionarios le dijeron que fuera por su cuenta a buscarla a Güiria. Foto: Luis Morillo

La noche del 23 de abril de 2019, 38 personas partieron desde Güiria hacia Trinidad y Tobago en el bote Jhonnailys José, identificado con la matrícula ARSI-CA-0067. A la altura de Boca del Dragón, el paso más peligroso de las dos horas de camino, porque en él desemboca el río Orinoco y el océano Atlántico, el capitán apagó el motor. Supuestamente iba a llamar a quienes los recibirían en Puerto España, pero la lancha quedó a merced de la corriente y una ola arropó la embarcación. 

Según testigos, algunas jóvenes flotaron en pimpinas y otras nadaron. En la oscuridad oyeron motos de agua y se presume que cargaron a quienes estaban en pleno mar abierto y las sometieron. Dos días después pescadores de Güiria emprendieron la búsqueda con Protección Civil del municipio Valdez. El apoyo de la Guardia Costera se sumó tarde, alegaron que no tenían gasolina.

Rescataron a nueve personas y el cadáver de una adolescente. No hay rastros de las 28 personas restantes, ni una prenda de vestir o un bolso que la marea haya llevado hasta la orilla. 

El Ministerio Público identificó a los detenidos como Beatriz Elizabeth Alcalá, de 46 años; Deyson Alexander Alleyne, de 28 años; Daniela Josefina Luces, de 19 años; Ornella Milagros Martínez, de 26 años; Yaritza del Valle Romero, de 22 años; Dignora del Valle Romero, de 40 años; Carlos Enrique Laffont, de 30 años; Ingrid José Martínez, de 28 años y Adrián Eduardo Pacheco, de 33 años. 

Dos de los sobrevivientes están entre los presos: Carlos Laffont y Adrián Pacheco, quien era el encargado de la embarcación. Los otros siete detenidos fueron localizados en hoteles de Güiria, con otras jóvenes que serían trasladadas a Trinidad con la misma intención.

A los aprehendidos los acusaron por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y asociación para delinquir. Y además, a Adrián Pacheco, le agregaron homicidio intencional por la adolescente que murió ahogada. 

Entre Güiria y Trinidad y Tobago opera una mafia, en la que principalmente captan a mujeres jóvenes y menores de edad, para explotarlas sexualmente en la isla vecina. Algunas son engañadas por amigas o conocidas, quienes les ofrecen trabajo con una buena remuneración y vivienda, y además les pagan el pasaje de la lancha (entre 200 y 300 dólares). A otras las llevan a la fuerza.

De acuerdo con las investigaciones de la comisión de la Asamblea Nacional, un guardacostas trinitario recibe 500 dólares por permitir que los botes ingresen al país con mujeres víctimas de trata. Desde Venezuela también se exige esta suma para permitir que zarpen sin importar las condiciones. 

Durante la búsqueda hallaron el cadáver de una adolescente. No hubo rastros de pertenencias personales de los desaparecidos. Cortesía Protección Civil

Nosotros pedimos que radicaran el juicio del Circuito Judicial Penal del estado Sucre, que se trasladaran a los detenidos que estaban en Güiria, porque la mafia opera ahí y nadie quería declarar. Eso no fue posible. Tampoco fue posible que se interviniera la Capitanía de Puerto, porque tienen complicidad en estos hechos, tampoco se intervino el Comando de Guardacostas ni la GNB. Nada de esto ha sido posible, contó el diputado del estado Sucre, Robert Alcalá, miembro de la comisión.

Las autoridades venezolanas no han informado que funcionarios policiales y militares estén involucrados con esta red. Vecinos de Güiria, contaron a Crónica.Uno que en el pueblo la trata de personas es un secreto a voces y que, supuestamente, cuenta con la participación de los cuerpos de seguridad

Escuche las trabas en las investigaciones. Diputado Robert Alcalá:

 

Desde noviembre de 2019 Ana del Valle Arias no tiene contacto con ninguno de los tres fiscales designados para la investigación. Además de las denuncias en el Conas y el Cicpc que puso recién ocurrido el hecho, también lo hizo en el Ministerio Público en Cumaná y en Caracas.

La última vez que Ana estuvo en la capital fue en febrero de 2020. El comité de los familiares de las víctimas del Jhonnailys José y del bote Ana María, que desapareció tres semanas después en la misma ruta, se reunieron con el fiscal auxiliar 84, Charlis Frías, y con Edmisajal Guillén, fiscal con Competencia en DD. HH. del Ministerio Público. Y se quedó en lo mismo: se va a investigar, los estaremos llamando. 

En febrero de este año los familiares protestaron ante el Ministerio Público, para exigir avances en las investigaciones. Foto: Luis Morillo
Pidieron 200 dólares, lo que gastaron por ella 

Luisannys Betancourt desapareció la noche del lunes 15 de abril de 2019, una semana antes del naufragio. Omarlys Velásquez, una amiga del liceo, tocó la puerta de su vivienda, en el sector Villa Maisanta de Cumaná, estado Sucre. Estaba acompañada por su prima, otra adolescente, Unyerlyn Velásquez. Sus padres y su hermana mayor estaban a punto de dormir. Luisannys ya tenía la dormilona puesta. 

Luissanys José Betancourt Arias sueña con ser enfermera. Foto: Cortesía Ana Arias

Yo salí del cuarto y le pregunté qué pasaba, me dijo que le estaban pidiendo una camisa, pero la tenía en casa de su abuela. No pasaron ni 10 minutos desde que salió y fui a buscarla, su abuela me dijo que se había ido ya. No la volví a ver, contó Ana del Valle Arias. 

Escuche el testimonio de Ana del Valle Arias, mamá de Luisannys:

 

Los vecinos le dijeron a Ana que, la noche en que desapareció Luisannys, vieron que corría junto con Unyerlyn y Omarlis, y se montaron en un vehículo blanco. Supuestamente las dos adolescentes la llevaban tomada por el brazo. 

Luisannys, quien para ese momento tenía 15 años, se comunicó en varias oportunidades con su mamá. En una de las llamadas le contó que quería irse, pero tenía que entregar 200 dólares “lo que gastaron por mí”. No llegó a decirle dónde se encontraba, aunque su mamá sabía que era en Güiria porque los funcionarios le dijeron que las llamadas provenían desde ahí.  Una de las líneas pertenecía a un hombre llamado Héctor Torres, apodado el Tico, en el pueblo.

Entre los desaparecidos hay cinco menores de edad de Cumaná: Luisannys, Unyerlyn, Omarlis, Rosmiri Laguado y Michelle. Se presume que las mantuvieron sometidas en hoteles de Güiria, mientras partía la lancha hacia Trinidad y Tobago. Y aunque se tienen identificados estos lugares, las autoridades no han hecho más nada.

trata de personas
Los pescadores del pueblo iniciaron la búsqueda, las autoridades alegaron que no tenían gasolina. Cortesía Protección Civil

La adolescente estudia cuarto año de bachillerato en el liceo Rafael Castro Machado de Cumaná. Sueña con estudiar Enfermería. El corazón de su mamá dice que sigue viva, incluso sospecha que podría estar detenida, luego de creer que la vio en una foto de un allanamiento a un bar, en Trinidad y Tobago. Pero las autoridades trinitarias tampoco han entregado una lista de los venezolanos detenidos.  

Mi hija es asmática, me preocupa que donde esté le haya dado un ataque. Pienso en que a mi hija le dura de 10 a 12 días el período. Mi vida ha cambiado por completo desde que no está, extraño pararme a las 5:00 a. m. para hacerle el desayuno antes de irse al liceo y que me diga: ‘Mamá, te amo’, y yo le preguntara qué me iba a pedir, dijo Ana del Valle Arias.

La ONG Provea documentó que el flujo migratorio venezolano condujo que Trinidad y Tobago endureciera sus políticas migratorias. Al menos 40.000 venezolanos han ingresado a ese país, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), exponiéndose a arrestos o deportaciones. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo. El hecho consiste en reclutar, transportar y recibir a las personas mediante la amenaza, uso de la fuerza o el engaño, con el propósito de la explotación sexual. Se calcula que 40,3 millones de personas son víctimas de esta actividad.  

Medios de comunicación trinitarios registraron lo que ocurrió. Cortesía a Crónica Uno

En América Central y el Caribe 80 % de las víctimas son mujeres, más de la mitad son niñas y 25 % son adultas, de acuerdo con los datos de la Oficina contra la Droga y el Delito. 

La Oficina de Cáritas en conjunto con la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas exigió al Estado venezolano que se pronuncie y condene la desaparición de las personas que iban en el Jhonnailys José y posteriormente en el bote Ana María. También del pequeño que desapareció en junio de 2019 en Coro, estado Falcón.

Asimismo exigieron que coordinen, a través de sus misiones diplomáticas en el extranjero, estrategias conjuntas para la ubicación de las víctimas. 

Con respecto a esta situación, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió a los desaparecidos en su actualización oral, sobre la situación de los DD. HH. en Venezuela, en diciembre de 2019


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