La CIDH acusó al Estado de violarle al excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski sus derechos elegir y ser electo, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y la protección judicial efectiva. Este proceso es uno de los dos que la instancia ha remitido al tribunal hemisférico en las últimas dos semanas.
Caracas. En el banquillo de los acusados. Allí terminará Venezuela, gracias a la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las reñidas elecciones presidenciales de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la manera como el árbitro comicial y el máximo juzgado desecharon, sin más, las peticiones del entonces candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski para auditar los votos emitidos en los comicios, en los que oficialmente Nicolás Maduro se impuso una pírrica ventaja de 1,49%.
Casi nueve años después, la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó al CNE y al TSJ de violarle al entonces abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sus derechos elegir y ser electo, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y la protección judicial efectiva, todos ellos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Así lo informó el organismo con sede en Washington (Estados Unidos) en un comunicado de prensa.
Tras constatar que los comicios estuvieron marcados por “el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato oficialista y un acceso marcadamente inequitativo de los medios masivos de comunicación estatal”, así como por la ocurrencia de “múltiples irregularidades durante la votación” que no fueron impedidas por el CNE, la Comisión concluyó que a Capriles se le vulneró el derecho de participar “en condiciones de igualdad en las elecciones presidenciales”. Una situación que no solo lo afecta a él personalmente, sino a quienes lo respaldaron, señala la Corte IDH.
Pero la CIDH no solo fustigó al organismo comicial entonces presidido por Tibisay Lucena, actual ministra de Educación Universitaria, sino también al TSJ. “Capriles no contó con un recurso judicial idóneo y efectivo dado que la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisibles las recusaciones formuladas sin un mayor análisis”, denunció la instancia.
El candidato interpuso en su momento dos recursos contenciosos electorales contra los comicios ante la Sala Electoral. Una de las acciones buscaba que se reordenara un recuento, mientras que en la otra se pedía su anulación por “fraudulenta”, en virtud de las denuncias de coacción y amenaza a votantes. Por su parte, la MUD interpuso una tercera acción contra las votaciones efectuadas “en 5.729 mesas electorales”. Sin embargo, la intérprete de la Carta Magna, sin explicación alguna se avocó de oficio a conocer éstas, así como a otras siete acciones interpuestas por individualidades y organizaciones civiles.
La Sala Constitucional desechó todas y cada una de las acciones con casi el mismo argumento: “(El accionante) narró múltiples circunstancias en las que se produjeron eventuales retrasos en el proceso de votación y presuntas irregularidades en determinados centros electorales, pero no concatenó los señalados eventos entre sí de manera de evidenciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se habrían presentado tales irregularidades y sobre todo su impacto determinante en la decisión en la que habrían tomado los electores en las urnas, pues no basta que exista una anomalía ella debe ser determinante para comprometer la voluntad del cuerpo electoral”.
No es la primera vez
El caso de Capriles no sería el primero relacionado con la presunta violación de derechos políticos en Venezuela que termina en manos de la Corte IDH. En 2011, el tribunal con sede en San José (Costa Rica) acusó a Venezuela de violarle sus derechos a la elegir y ser electo al también dirigente opositor Leopoldo López, quien fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por la Contraloría General de la República.
Semanas atrás la CIDH emitió otro comunicado instando a las autoridades a derogar la figura de las “inhabilitaciones administrativas” que puede imponer la Contraloría. Solo entre 2002 y 2015, esta instancia sancionó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los cuales destacan López y el propio Capriles, así como disidentes del chavismo como el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres. Así lo denunció la organización Acceso a la Justicia, en un análisis en el cual sostiene que esta práctica ha sido utilizada por el chavismo para consolidar en las urnas su hegemonía.
El juicio iniciado por Capriles no es el único que deberá enfrentar Venezuela en la Corte IDH, pues la Comisión también decidió el pasado día 9 de mayo demandarla por la detención y el proceso judicial ilegal al que fue sometido el militar (r) Milton Revilla Soto. El oficial denunció presuntos vínculos entre el Gobierno del fallecido Hugo Chávez con grupos terroristas como las guerrillas colombianas de las FARC, el grupo vasco ETA y el islámico Hezbollah.
Este caso se remota a 2010, cuando el entonces mayor (r) fue detenido por agentes de la Dirección General Contrainteligencia Militar (DCGIM), donde fue torturado para que confesara una supuesta relación con dos periodistas venezolanos residentes en el exterior (Patricia Poleo y Orlando Ochoa). Posteriormente fue presentado a un tribunal militar donde fue imputado por traición a la patria, entre otros delitos. En 2012 fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión, los cuales cumplió en la cárcel de Ramo Verde.
Estas dos demandas se suman a los otros seis procesos en trámite que el juzgado hemisférico tiene sobre el país.
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