Sobre Venezuela pesan cuatro informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se han producido desde septiembre 2018. Estos documentos evidencian: fuerza excesiva y letal, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, crisis humanitaria.

Caracas. Con 105 votos a favor, Venezuela fue electa para tomar una curul en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El proceso de votación se realizó en la 74° periodo de sesión de la Asamblea General de la ONU, donde los 193 Estados que la conforman, votaron de manera individual y en secreto, para elegir las naciones que ocuparán los dos puestos vacantes por el grupo América Latina y El Caribe en el CDH.

Para estas vacantes, Venezuela, Brasil y Costa Rica presentaron su candidatura. Aunque la Unión Europea, el Grupo de Lima y Estados Unidos llamaron a desestimar la candidatura de la delegación de Nicolás Maduro, por considerar que no cumple con los estándares en materia de derechos humanos, Venezuela, junto a Brasil, resultaron electas al superar la mayoría necesaria, 97 votos. Costa Rica obtuvo 96.

Sobre Venezuela pesan cuatro informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se han producido desde septiembre 2018. En el CDH en su 39° periodo de sesiones se ordenó a la comisionada Michelle Bachelet preparar un informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela.

Estos documentos evidencian: fuerza excesiva y letal, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, represalias y represión por opiniones u expresiones, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas, colapso de los servicios públicos, crisis humanitaria por falta de medicamentos y alimentos, éxodo de venezolanos.

Naciones Unidas reconoce que 6000 personas han muerto en operaciones de las fuerzas de seguridad y que muchas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.

Pese a estos señalamientos, que Bachelet sigue de cerca, el 6 de septiembre la Misión Permanente de Nicolás Maduro en la ONU presentó su candidatura para el CDH. Tras obtener una curul este jueves, Venezuela formará parte del periodo 2020-2022 que se inicia el 1° de enero.

El grupo por América Latina y El Caribe en el CDH estará conformado por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Son 47 los Estados que integran el CDH.

No es la primera vez que Venezuela forma parte del CDH. En noviembre de 2012 entró como Estado miembro. En 2015 finalizó su periodo, pero resultó electa nuevamente ese mismo año. En diciembre de 2018, tras dos períodos consecutivos, culminó su membresía.

“Es inaceptable”

La Comisionaduría para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de Juan Guaidó señaló que “es inaceptable que Venezuela entre al consejo”, considerando que no cuenta con los estándares el promoción de los derechos humanos. El comisionado Humberto Prado solicitó que la candidatura sea desechada.

Por su parte, la ONG de derechos humanos, Provea, aclaró en Twitter que esta elección no afecta las obligaciones internacionales que tiene Venezuela en materia de derechos humanos. “Por el contrario ahora más que nunca deberá cumplir con esas obligaciones”, se lee. Entre esos, los acuerdos con Bachelet y permitir el ingreso con garantías de la Misión de Determinación de los Hechos que el CDH aprobó enviar a Venezuela el 27 de septiembre.

Arreaza lo considera un triunfo histórico de la diplomacia chavista

Este jueves el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, se refirió a la entrada de Venezuela al consejo de Derechos Humanos de la ONU como un “triunfo histórico” de la diplomacia del gobierno, uno que además dijo “se logró a pesar de una feroz campaña contra el país”.

“Nos enfrentamos a una campaña de Estados Unidos, de sus satélites y de ese brazo armado que tienen que se llaman las ONG”, dijo.

El principal de Relaciones Exteriores agradeció al Movimiento de Países No Alineados y (Mnoal) y dijo que la presencia de Venezuela en ese consejo servirá para “evitar que hayan más violaciones de derechos humanos al imponer sanciones y bombardear países”.


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