Williams Dávila: El régimen no hace nada de manera culposa, todo lo hace premeditado

William Davila

Diputados electos para el período 2016-2021 debatieron sobre actuaciones del Ministerio Público en tres de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2017 y 2018. Rosmit Mantilla exigió a Tarek William Saab informar sobre una supuesta red de prostitución que involucraba a militares en Apure o el presunto tráfico de órdenes de excarcelación en el Sebin. La Delegada autorizó a Guaidó para designar representante diplomático en Ecuador y se solidarizó con las ONG ante inminente ola de persecución.

Caracas. Los integrantes de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional instalada luego de la reforma del Estatuto para la Transición, debatieron este martes en sesión virtual sobre las recientes declaraciones del titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, en relación con tres casos de violaciones a los derechos humanos registradas entre 2017 y 2018.

Vale acotar que el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos nombrada por el Consejo de Seguridad de la ONU, presentado en septiembre de 2020, documentó 223 violaciones a los derechos humanos desde 2014 (asesinato de manifestantes, torturas, ejecuciones extrajudiciales entre otros).

Quieren catalogar los crímenes de lesa humanidad como violaciones a los derechos humanos para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. Lo que ha ocurrido en Venezuela es producto de un patrón sistemático de la dictadura para matar. ¿Quién puede creer que asesinaron a Fernando Albán, pero nadie se dio cuenta de que lo habían torturado? Eso no es culposo, es voluntario. Este régimen no hace nada de manera culposa, todo lo hace de manera premeditada, denunció el diputado electo por el estado Mérida para el período 2016-2021, Williams Dávila.

Dávila vaticinó que pese a las maniobras judiciales, cambios en la calificación de los delitos, y revocatoria de sentencias ya dictadas, Miraflores y sus colaboradores “no van a lograr que se archive el expediente porque estamos en presencia de responsabilidad penal”.

Joaquín Aguilar dijo que no debe extrañar a la opinión pública el aparente cambio de discurso y evidente cambio de estrategia del oficialismo respecto a las denuncias por crímenes de lesa humanidad, porque se trata de una coalición que hace lo que sea necesario para mantenerse en el poder.

“Para entender lo que está pasando con estos casos (Fernando Albán, Juan Pablo Pernalete y Rafael Acosta Arévalo) es imperativo comprender que la lógica de Maduro y su régimen es la permanencia en el poder a como dé lugar. Por eso no les importa violar la Constitución, matar de hambre a la gente para después darles una bolsa de comida, destruir la moneda, acabar con las instituciones, hacer trampa en las elecciones, negar el acceso a las vacunas, e incluso torturar y asesinar. Y es por eso que no les importa echarse para atrás en estos tres casos”, manifestó.

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Recordó que cuando ocurrieron los hechos, el Ministerio Público –ya en manos de Saab– negó la responsabilidad directa del Estado y sus funcionarios en esas muertes, pero este fin de semana cambió la versión y anunció varias imputaciones contra efectivos de seguridad.

Rosmit Mantilla, ex preso político, también intervino en la sesión de la Delegada. Mantilla interpeló a Saab sobre si realmente tiene voluntad de investigar crímenes contra los derechos humanos o solo es una movida estratégica, para como han dicho múltiples voceros en las últimas horas, desviar la competencia de la CPI.

“Ya que el fiscal usurpador está tan animado a investigar y buscar responsabilidades, que responda qué pasó con la investigación que se debió abrir con la red de prostitución del alto mando militar con jóvenes en Apure; qué pasó con los militares venezolanos que fueron masacrados en días pasados; quién mató realmente a Rodolfo González. Me gustaría que investigara cómo es eso de que en el Sebin se venden las boletas de libertad a los presos comunes; cómo es que el Sebin y el Dgcim secuestra y oculta a los secuestrados en instalaciones oficiales y cobra rescate. Que explique por qué están presos y torturados Gilberto Sojo y el general Baduel; qué ha pasado con los policías metropolitanos”.

Tamara Adrián recordó que tanto los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, han recogido cientos de casos que demuestran una responsabilidad penal probable de las cabezas del Estado y de los perpetradores de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Frente a esto el régimen lo que hace es tratar de enmascarar, ocultar, disfrazar la realidad: que no hay investigaciones, que los involucrados no son juzgados, que se ha ocultado pruebas, que la cadena de mando trata de ocultar su responsabilidad. El fiscal de la CPI está acostumbrado a estas actitudes de gobiernos forajidos cuando están entre la espada y la pared. De poco o de nada servirá para evitar lo que empieza a resultar inevitable: la formulación de los cargos ante la CPI”, señaló.

El presidente de la Delegada, Juan Guaidó también intervino. Sostuvo que la maniobra de Saab no es más que un “intento de blanquear” al gobierno de Maduro.

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Dijo que Miraflores y sus colaboradores tratan “de hacer ver de que están dispuestos a hacer gestos humanitarios, que están dispuestos a dar algún tipo de pasos, pero no para salir de la tragedia; no acompañaremos un intento de blanquear a la dictadura”.

En apoyo a las ONG

Los diputados electos en el año 2015 y reunidos en Comisión Delegada también dieron un debate y aprobaron un acuerdo en rechazo a la criminalización de las ONG venezolanas, tras la publicación de la providencia 001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial 42.098 del 30 de marzo.

El instrumento obliga a las ONG y demás entes sin fines de lucro a registrarse ante esa oficina y consignar una serie de documentos confidenciales sobre sus operaciones que podrían poner en riesgo no solo los programas de atención y asistencia humanitaria que desarrollan, sino la integridad e identidad de los ciudadanos que se benefician de dichos programas.

El acuerdo aprobado declara nula la providencia por ser contraria a la Constitución y se solidariza con más de 600 ONG de todo tipo que suscribieron un acuerdo denunciando la medida.

La Delegada determinó que la providencia viola los artículos 20, 25, 49, 55, 60, 66, 108, 137 y 138 de la Constitución y los artículos 8, 11 y 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y está “inspirada en el derecho penal del enemigo, que es contrario al Estado democrático, social, de derecho y de justicia” que establece la Constitución vigente. Sostienen que el objetivo del instrumento es “neutralizar” a las ONG y otras organizaciones sin fines de lucro.

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En el debate virtual intervinieron Luis Stefanelli, Sandra Flores, Deyalitza Aray y Juan Guaidó, además de concederle un derecho de palabra al abogado y profesor universitario Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Daniels explicó que la providencia solicita datos privados de los beneficiados por las actividades de las ONG, lo cual violaría el derecho de la confidencialidad de los pacientes que, por ejemplo, pudieran recibir medicamentos a través de una ONG. También solicitan a las ONG los listados de los organismos nacionales e internacionales que los apoyan, de sus sucursales y de las otras organizaciones con las que están asociados. Acotó que la providencia pide documentos que el mismo Estado niega, como por ejemplo las actas de registro de inscripción de las ONG.

Daniels dijo que la providencia constituye el paso de un régimen de libertad en el que las organizaciones se inscriben y actúan en su ámbito de trabajo, a un régimen de permiso en el que para poder funcionar deben esperar por una credencial emitida por el Estado

Esta providencia afecta la seguridad de las personas que denuncian violaciones de los derechos humanos, pone en riesgo a las víctimas, a los pacientes, a los colaboradores, a los denunciantes. También pone en riesgo la recolección de información sensible que permiten elaborar proyectos humanitarios, pone en peligro a los donantes, pone en peligro incluso los programas de la ONU”, alertó.

Otros puntos

En la sesión virtual la Delegada también autorizó a Guaidó para designar a Alejandra Magaly Rodríguez Armea, titular de la cédula de identidad 19.221.787 como representante diplomática de Venezuela ante la República del Ecuador. Esta plaza había sido ocupada inicialmente por René de Sola Quintero desde enero de 2019 a febrero de 2020. En esa oportunidad fue nombrado Héctor Quintero-Montiel, a quien sustituirá Rodríguez Armea.

Por su parte, Nora Bracho ejerció un punto de información para expresar el rechazo de la Delegada al decreto de aumento salarial del pasado 1° de mayo, por evidenciar que no representa ninguna mejora en las condiciones de vida ni de acceso a bienes y servicios, pues apenas equivale a un salario de 2,5 dólares al mes.

“No son más que esclavistas que pisotean la dignidad de la gente”, dijo Bracho.


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