Este martes en la mañana, una comisión de la Policía de Caracas flanqueaba la entrada de la estructura para alentar lo que parecía ser un desalojo continuado. Hace varios días, una comisión de ese cuerpo de seguridad se instaló en el lugar para consumar la orden de la alcaldesa Érika Farías: el desalojo irrevocable de una edificación ubicada en una zona de interés patrimonial y que fue habitada por comerciantes, que usaban su interior como almacén.
Caracas. Con las elecciones de concejales de telón, una contienda de peso municipal en puertas, la Alcaldía de Caracas se arroga una nueva propiedad que, desde el imaginario chavista, fácilmente podría ser ubicada en el terreno de lo comunal. Se trata del Edificio General Urdaneta, en las adyacencias del bulevar la Marrón, una estructura de ocho pisos en pleno centro de Caracas, donde palpita el gusto por lo ajeno.
Este martes en la mañana, una comisión de la Policía de Caracas flanqueaba la entrada de la estructura para alentar lo que parecía ser un desalojo continuado. Hace varios días, una comisión de ese cuerpo de seguridad se instaló en el lugar para consumar la orden de la alcaldesa Érika Farías: el desalojo irrevocable de una edificación ubicada en una zona de interés patrimonial y que fue habitada, por más de 18 años, por comerciantes, que usaban su interior como almacén.
Un funcionario en el lugar —que pidió resguardar su identidad— explicó que la decisión fue tomada luego de un supuesto litigio legal entre la alcaldía y los afectados, sin embargo, la versión no pudo ser confirmada. El efectivo señaló además que en el sitio se desarrollaban actividades ilícitas, pero no especificó de qué tipo. La evacuación de lo que parecían ser estantes desmembrados y muebles de metal eran la prueba del desalojo. Al mediodía varios camiones aguardaban para cargar con las propiedades de los desocupados.
María Rosalba Fernández, una vendedora que dijo almacenar rollos de tela durante los últimos cinco años, no dio crédito al relato de los efectivos. Indicó que en el edificio se resguardaba mercancía importada, entre las que se incluyen calzados, ropa y lencería.
Aquí solo hay gente trabajadora, que, al igual que muchos venezolanos, es víctima de un Gobierno arbitrario, que se apropia de lo ajeno para dárselo a quien más le conviene“, dijo.
Se supo que en el edificio serán reubicadas por lo menos 32 familias, pero no se trata de un número definitivo. Incluso se dijo que se construirán por lo menos cuatro apartamentos por piso, lo que podría incrementar la capacidad de personas alojadas: alrededor de 200. Los pequeños y medianos comerciantes afectados se negaron a declarar, pues temen represalias en su contra.
Detrás de todo el manejo municipal, advierten algunos, descuella el Movimiento de Pobladores, una organización apadrinada por el chavismo cuyo propósito es canalizar, por fuerza de la violencia, viviendas a quienes reclaman techos. Sus miembros escudriñan la ciudad, sus calles y edificios deshabitados para improvisar asentamientos, incluso en los terrenos baldíos. El escrutinio de Caracas es permanente, a toda hora.
A decir del Frente en Defensa del Norte de Caracas, las incursiones ilegales en el centro de Caracas se precipitaron en 2010 cuando el entonces presidente Hugo Chávez aupó a las familias más pobres a echar mano sobre lo ajeno. Así quedó demostrado en febrero de ese año en la plaza Bolívar de Caracas tras su metralla de “exprópiese”, un dictamen deslenguado con el que el Gobierno se apoderó de algunas edificaciones patrimoniales y legitimó un modo violento de reacomodar un país que reclamaba proyectos habitacionales.
En medio de todo el jaleo por la demanda de viviendas y de la promesa oficial, las cuentas del Ejecutivo no cuadran. Las más de 2 millones de unidades habitacionales juradas por Nicolás Maduro están en cuestión. El incremento de las incursiones ilegales y de los asentamientos informales en pleno centro de la ciudad desdicen el discurso oficial.
Hoy, al déficit de servicios, los habitantes del municipio Libertador agregan un drama que avanza discreto: las tomas ilegales que quebrantan el orden en parroquias como Candelaria, donde los residentes suman 32 invasiones en la primera mitad de 2018. Miembros de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria califican la situación de “ataque a la propiedad privada” y exigen al Gobierno atender las denuncias. Carlos Julio Rojas, portavoz del Frente en Defensa del Norte de Caracas, cierne sobre la escena una cifra gruesa que escurre urgencia: solo en el norte del Distrito Capital registran 130 tomas ilegales en los últimos años.
Un ejemplo vigente de ello es el estacionamiento de Tracabordo en Candelaria, uno de los más antiguos y estratégicos para quienes residen en pequeños condominios sin puestos para vehículos. En noviembre de 2017, el aparcadero de medio siglo, ubicado entre las esquinas de Tracabordo y Miguelacho, amaneció tomado por miembros del Movimiento de Pobladores. 65 familias del Campamento de Pioneros Luchadores de Mi Patria, inscritas en el Registro Nacional de Vivienda, reclamaban una propiedad y aspiraban conseguirla bajo las armas, según vecinos. Se trata de un objetivo logrado con la anuencia de la municipalidad.
El garaje, ahora desmantelado y cuya ocupación temporal fue ordenada por el Ministerio de Vivienda en la Gaceta 6234, de fecha 1° de julio de 2016, integra, junto con otros 16 terrenos, la lista de propiedades expropiadas en Libertador. Son, en su mayoría, parcelas ubicadas en El Algodonal (1), Las Delicias (3), El Guanábano (1), La Rinconada (2), Caricuao (2), Santa Mónica (1), La Colina (1), Los Magallanes de Catia (1), Candelaria (2), Las Mayas (2) y la Av. Andrés Bello con Las Palmas (1).
De acuerdo con cifras extraoficiales, en el centro de Caracas hay más de 400 edificaciones invadidas. Las tomas ilegales se visualizan en las avenidas Urdaneta, Universidad, Baralt y en las transversales del casco fundacional. Dirigentes vecinales aseguran que el problema cobra fuerza bajo la mirada cómplice de la gestión de Érika Farías. En la Caracas desparramada que, a decir verdad, se legitimó con el exalcalde Jorge Rodríguez, las cobijas descocidas, las toallas ajadas e interiores manchados, que son aireados a pleno sol, parecen colonizar una ciudad dentro de una urbe conducida por el desgobierno. Para algunos es la comarca de las invasiones, un problema que además se extiende a los cinco municipios del Área Metropolitana.
Las tomas ilegales de terrenos y edificaciones se producen por oleadas y, según aseguran vecinos de Libertador, la reciente invasión de la sede de El Nuevo País y Zeta, en San Agustín, son el preludio de nuevas ocupaciones que profundizan la anarquía, inseguridad y el déficit de servicios. En los últimos días, algunos de estos terrenos han sido ocupados por los llamados Campamentos de Pioneros, personas que reclaman tener un techo y que se catalogan como el “brazo ejecutor de Misión Vivienda”.
Fotos: Sebastian García Inojosa @elsebasiendophoto
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