La comisión de Familia desarrollará una campaña informativa nacional sobre el tubérculo venenoso. El pleno también aprobó investigar a la Corporación Maneiro por discriminación en la entrega de insumos para los medios impresos. Los diputados exigieron la libertad inmediata de Leopoldo López.
Caracas. A solicitud de la diputada Dinorah Figuera (PJ-Aragua), el pleno de la Asamblea Nacional (AN) acordó instruir a la comisión de Desarrollo Social para que cite e interpele a la directora general del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, Adi Carmona. La alta funcionaria deberá responder sobre las medidas que ha tomado su despacho para frenar la intoxicación y muerte de personas por ingesta de alimentos contaminados o venenosos.
La propuesta surgió a raíz de la reciente muerte de 8 personas en el estado Aragua (entre ellos 6 niños) por consumir yuca amarga.
La presidenta de la comisión de Familia, Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) afirmó que desde 2017 al presente suman casi 40 víctimas mortales envenenados con ese tubérculo. La diputada reclamó al Estado venezolano el descontrol sobre la venta de alimentos orgánicos o procesados en cualquier parte del país.
Desde el podio de oradores, Magallanes mostró un sobre de papel tamaño oficio y expresó: “En este sobre hay un mercado de 189.000 bolívares”. Y comenzó a extraer pequeñas bolsas. Una con 100 gramos de café, otra con 250 gramos de azúcar, otra con 50 mililitros de aceite de comer, otra con una zanahoria una cebolla y dos ajíes, y 2 huevos.
“Estos alimentos son vendidos en la calle sin ningún tipo de control sanitario y muchas veces son mezclados. Esto es lo que puede comprar la gente más humilde en la calle por media quincena”, dijo.
Informó que ante la ausencia del Estado, la comisión de Familia comenzará a generar material informativo sobre la yuca amarga para ser distribuido en todo el país.
El “Clap” de la prensa
Los diputados también aprobaron un acuerdo en rechazo a los ataques contra la libertad de expresión y acoso a los medios de comunicación.
El acuerdo ordena a la comisión de Participación Ciudadana y Medios de Comunicación investigar a la Corporación Alfredo Maneiro y determinar la responsabilidad política de sus directivos en el progresivo cierre de medios impresos en el país desde el año 2013.
“Maneiro se ha convertido en el Clap del papel y demás insumos para los periódicos”, denunció Biagio Pilieri (16J-Yaracuy).
El presidente de la comisión de Participación Ciudadana y Medios de Comunicación, Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) afirmó que en la actualidad, más de 35 periódicos se han visto afectados por el racionamiento de los insumos impuesto por Maneiro, dejando de circular o reduciendo sus ediciones. “Esto es violación del derecho humano a la comunicación y a la información, y no prescribe”, sentenció. El diputado también se solidarizó con los periodistas que han sido agredidos, censurados, golpeados, amenazados y llevados a juicio por cumplir con su deber de informar.
En la sesión de este miércoles también se acordó investigar la masacre de las minas de Cicapra, registrada el pasado 10 de febrero en Bolívar. Además, tomó juramento el diputado disidente del PSUV, Juan Antonio Arroyo.
Los diputados aprobaron asimismo un acuerdo en solidaridad con el dirigente fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, en rechazo a sus condiciones de prisión y para exigir su inmediata liberación e indemnización. López cumplió 4 años presos este domingo 18 de febrero; tres días antes la fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega, declaró a un medio extranjero que López fue procesado por su despacho bajo presiones políticas.
Foto cortesía @AsambleaVE
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