Candidatos del PSUV impulsan sus figuras a través de cargos y recursos públicos

Algunos abanderados del oficialismo fueron designados en cargos públicos en plena campaña, mientras que a otros presentan “puntos de cuenta” que son aprobados por el Ejecutivo.

Caracas. Uso de fondos públicos, apoyo de funcionarios e instituciones del Estado, transmisión por el extenso aparato comunicacional del Gobierno y designaciones para ocupar cargos públicos, en plena campaña electoral. Como ocurrió en anteriores campañas electorales, estas son algunas de las “ventajas” que tienen algunos de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) frente a sus adversarios. Esa “ayuda” dada desde el Gobierno viola la Constitución y distintas leyes de la República.

El Gobierno, además, no se preocupa mucho en ocultar estas violaciones a las leyes. El pasado 26 de septiembre la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) publicó una nota en la que se da cuenta de que el Presidente Maduro aprobó Bs. 944.000 millones destinados a nueve estados del país. La particularidad de la información es que “todos los proyectos (aprobados) surgieron de los recorridos, visitas y asambleas realizadas en las últimas semanas por los candidatos revolucionarios”, según se lee en la nota de la agencia gubernamental.

Aparte de darle una gran ventaja a los candidatos oficialistas en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy sobre sus adversarios, también viola gran cantidad de normas, que señalan, expresamente, la prohibición de usar recursos públicos o valerse de funcionarios o instituciones públicas para favorecer una campaña electoral. Así lo indican el artículo 145 de la Constitución, el 13 de la Ley Contra la Corrupción, el 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y los artículos 222 y 223 del reglamento general de la Lopre. Las violaciones a estas normas contemplan multas y hasta sanciones penales.

A pesar de esto, la nota detalla que al candidato del PSUV en Aragua, Rodolfo Marco Torres, le fueron aprobados Bs. 54.000 millones para “11 proyectos de atención social” en la entidad. “Entre los proyectos resalta la manutención del Zoológico de Maracay, el parque Agustín Codazzi y Santos Michelena y un plan de asfaltado en todas las parroquias de los 18 municipios de la entidad”, se lee en la información.

Torres también fue visto el 5 de septiembre, antes de que comenzara la campaña (23 de septiembre), a bordo de un vehículo militar del Estado, promoviendo su candidatura. El video fue publicado por el mismo aspirante en su cuenta de Twitter y junto con él había integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además del uso de recursos públicos, se viola el artículo 328 de la Constitución que prohíbe a los militares estar al servicio de “persona o parcialidad política alguna”.

Algo similar ocurre en el estado Carabobo. Para ese estado fueron aprobados Bs. 138,3 mil millones para financiar 10 proyectos en la región. “El punto de cuenta fue presentado por Rafael Lacava, quien es candidato de la Revolución para la Gobernación de Carabobo. En su exposición, Lacava señaló que estos proyectos surgieron de las demandas presentadas por el pueblo en sus recorridos por la entidad”, se lee en la nota de AVN.

La Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela también denunció el uso de recursos públicos para favorecer a los abanderados del PSUV. “Héctor Rodríguez, candidato del PSUV por el estado Miranda ofrece camiones de gas, un rublo muy escaso, que es monopolio del Estado; Víctor Clark, candidato al estado Falcón, entregó cajas de comida subsidiadas (Clap) junto con altos funcionarios del gobierno”, indican en su portal web.

Candidatos y autoridades

Hay candidatos que ya tienen garantizado un cargo, incluso si pierden la elección. El pasado 29 de septiembre, el candidato del PSUV por el estado Falcón, Víctor Clark, fue designado como nueva autoridad única de la Zona Económica Especial de Paraguaná. Este también es el caso de Lacava, designado como autoridad única de la zona comercial del estado Carabobo. “Con este nuevo cargo, Lacava cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo”, señaló el vicepresidente Tarek El Aissami. En estos casos las responsabilidades, poderes y recursos de los funcionarios se podrían confundir con sus actividades como candidatos.

Las leyes contemplan multas y hasta sanciones penales para los funcionarios o personas que utilicen recursos públicos para financiar campañas políticas. El artículo 232 de la Lopre establece sanciones pecuniarias que van desde 5000 hasta 7000 unidades tributarias para incumplan las regulaciones previstas sobre propaganda electoral.

El artículo 70 de la Ley Contra la corrupción establece que el funcionario público que, abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años. A pesar de esto, ni el CNE, ni la Contraloría General de la República se han referido a estos hechos.

Legislación

Artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”

Artículo 13 de la Ley Contra la corrupción: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.

Artículo 18 de la Ley Contra la corrupción: “Los funcionarios y empleados públicos deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el presupuesto correspondiente”.

Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “No se permitirá la propaganda electoral que:  Numeral 13. Sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas.”

Artículo 222 del Reglamento General de la Lopre: “Los organismos públicos nacionales, estadales o municipales no podrán realizar publicidad y propaganda electoral, y en tal sentido, no podrán difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o favorecer determinada candidatura u organización con fines políticos o grupo de electoras y electores, y comunidades u organizaciones indígenas, así como todo aquello que promueva o tienda a promover la imagen negativa de alguna candidata o candidato, organización con fines políticos, grupo de electoras y electores y comunidades u organizaciones indígenas.

No se permitirá el uso de los bienes propiedad de la República, ni de los estados o municipios con el fin de favorecer o promover una candidatura o realizar propaganda electoral.”

Artículo 223 del Reglamento General de la LOPRE: “La información concerniente a las obras de gobierno, los mensajes y alocuciones oficiales, no podrán tener contenidos y símbolos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral.”

Artículo 91 numeral 5 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación.

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley”.

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