En la audiencia pública del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno venezolano volvió a negar la crisis. Centró la mitad de su intervención en alegar que los menores de edad son usados en las protestas que comenzaron en abril.
Caracas. Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió hacer una visita al país para evaluar las denuncias sobre la crisis de salud, alimentaria y de violencia que afecta a los menores de edad.
La petición surgió al finalizar la audiencia pública del 163 Período de Sesiones de la CIDH, que se celebró en Perú, y que basó su debate en la situación de derechos los niños, niñas y adolescentes. A la audiencia acudieron las ONG Cecodap y Prepara Familia, acompañados por Judith Bront, la madre de Samuel, paciente de 12 años de edad que falleció por una contaminación adquirida en el servicio de hemodiálisis del Hospital J. M. de los Ríos.
Durante 20 minutos el abogado Carlos Trapani, quien representó a Cecodap, precisó que la CIDH debe enfocarse en cuatro temas: la institucionalidad para la protección de niños y adolescentes en el país, violencia, alimentación y salud.
“El Plan de Acción del Programa País (2015-2019) suscrito por UNICEF con la República de Venezuela indica que la tasa de homicidios en adolescentes es una de las más altas de la región (2010: 57,3 por cada 100.000) y afecta principalmente a los adolescentes hombres. 86 % de los homicidios se concentran en 79 de 335 municipios (grandes centros poblados altamente urbanizados). Las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas de la violencia sexual (84 % de los casos registrados) 39 % son víctimas menores de 10 años y 34,8 % tienen entre 10 y 13 años; y 26,2 %, entre 14 y 17 años. 48 % de los casos de maltrato infantil corresponden a niños y niñas menores de 10 años (cifra del 2008)” (sic), cita el informe entregado.
Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, denunció que la data oficial del Ministerio de Salud que se publicó en abril de este año revela que las declaraciones que ofreció la exministra de Salud, Luisana Melo, ante la CIDH el 7 de junio del año pasado, eran inexactas.
“La exministra hizo referencia a una tasa de mortalidad infantil de 21,38 por 1000 nacidos vivos en 1998 y la contrastó con los 14,79 por 1000 nacidos vivos de 2015. Aseguró que en siete años el indicador muestra una reducción de 6,57 puntos en la tasa de mortalidad infantil. Sin embargo, para la semana epidemiológica del 5 al 11 de junio de 2016, según lo expuesto en estos boletines, se constató que murieron 4541 niños y que había un aumento de 21,81 % en relación con el año anterior. Estos datos dan cuenta de las fallas en las políticas de promoción, prevención y atención en salud, lo cuales se alejan de cualquier cumplimiento”, dijo la activista.
En el informe se citan estadísticas elaboradas por el Centro de Atención Nutricional Integral de Antímano, Cáritas de Venezuela y Fundación Bengoa. En los tres estudios se demuestra que la desnutrición y malnutrición van en ascenso en el país.
Gobierno venezolano sigue en negación
Larry Devoe, secretario ejecutivo al Consejo Nacional de Derechos Humanos, tomó la palabra luego de que los activistas expusieran sus argumentos. Negó que hubiese una crisis humanitaria en el país y dijo a la madre de Samuel que la muerte de su hijo estaba en investigaciones.
Sin embargo, el funcionario admitió que el alza de 65,79 % de la mortalidad materna en el país se debe a la atención hospitalaria. “La mortalidad materna el estado venezolano lo ha asumido como un desafío, que no es solo de Venezuela, sino de la región. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado la puesta en marcha de un plan nacional para la garantía del parto y el nacimiento humanizado, tomando en cuenta que más de 99 % de los partos se producen en instalaciones hospitalarias y que la mortalidad materna está muy vinculada con el proceso de atención que se produce en esos establecimientos”, dijo Devoe.
El funcionario del Gobierno acudió sin estadísticas de 2016 sobre epidemiologia y nutrición. Aseguró que el gobierno venezolano tenía una plan con Unicef para visibilizar la inversión pública que se ha destinado a la niñez y adolescencia y que la disponibilidad calórica se mantiene por encima de las 2720 kilocalorías establecidas para la seguridad alimentaria en el país
“Se han tomado importante acciones para atender los efectos de las circunstancias de lo que denominamos guerra económica, pero también la disminución del ingreso petrolero. Iniciamos un plan de rehabilitación de quirófanos e infraestructura en todo el territorio nacional y un plan masivo de intervenciones quirúrgicas a partir de los datos que aportaron el carnet de la patria”, dijo Devoe ante la CIDH.
[irp posts=”60126″ name=”HUC tiene nuevo color en su fachada pero no es capaz de garantizar la dieta de sus pacientes”]La mitad de su intervención la usó para decir que en las protestas que comenzaron en abril en el país, se está usando a niños y adolescentes y que en medio de las manifestaciones tres centros de salud se han visto afectados en donde había niños y madres. Denunció que tres adolescentes murieron en las protestas: Yogelber Barrena, de 15 años de edad, a quien acusó de estar saqueando en una protesta en El Valle y murió electrocutado; Brayan Principal, de 14 años de edad, que murió por un impacto de bala, que asegura detonó un simpatizante de la oposición en Barquisimeto; y Neomar Lander, de 17 años de edad, sobre el que aseguró que su muerte se debió a la explosión de un mortero que el joven manipulaba en una manifestación.
Devoe evadió responder sobre los 33 homicidios a menores de edad que han ocurrido en medio de los operativos de las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo, y detenciones arbitrarias a adolescentes que son sacados de sus viviendas en medio de la denominada Operación Tun Tún en donde los organismos de seguridad del Estado allanan viviendas sin órdenes.
“Reiteramos que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejamos constancia de que las actividades o acciones estatales de control de orden público o de represión en protestas o actos violentos, deben mantenerse dentro del estricto uso de la proporcionalidad y respeto de la vida humana. El uso de armas letales y cualquier tipo de violación a los derechos por parte de fuerzas de seguridad es responsabilidad del Estado. Y de otro lado, a las organizaciones que realizan protestas les recalcamos que estas tienen que ser estrictamente pacíficas y no pueden promover o incentivar la participación de niños, niñas y adolescentes en este tipo de actos. Por tanto, ahí también hay una responsabilidad de quienes involucran a niños, niñas en este tipo de protestas y los ponen en riesgo al hacerlas participar”, dijo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren.
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