Las expectativas de cierre de un mayor número de empresas del parque industrial son altas, por lo que Conindustria prevé que continúe el deterioro económico. La hiperinflación y la caída del PIB han impactado directamente en la sostenibilidad del aparato productivo como consecuencia de políticas económicas erradas, que se han traducido en la pérdida de más de millón y medio de empleos.

Caracas. 2018 será recordado como el año de la hiperinflación en Venezuela. La subida constante de precios de bienes y servicios ha afectado a toda la población, y el sector industrial no ha sido la excepción. De tal manera lo afecta, que a la fecha solo 20 % del parque industrial manufacturero se encuentra activo.

Del total del parque industrial que aún existe, casi la mitad (45 %) opera con capacidad mínima de hasta 20 %, de acuerdo con un balance presentado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Tan solo en octubre la inflación alcanzó 148 %, según la Asamblea Nacional y, pese a que la misma se desaceleró con respecto a septiembre, en lo que va de año acumula 287.623,9 %. El Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela cerrará el 2018 con un índice de precios de 1.300.000 %, factor que ha incidido en que el sector manufacturero haya dejado de proveer empleos directos e indirectos a más de millón y medio de venezolanos.

Las políticas económicas dictadas por el Gobierno han golpeado cada vez más a las empresas privadas. Los estrictos controles de precios, tipo de cambio, fiscalizaciones y aumentos impositivos han terminado pulverizando el bolívar —ahora soberano— a tal punto que su valor real es prácticamente insignificante en comparación con monedas duras como el dólar o el euro.

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Pero la realidad económica no solo afecta al sector privado. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, la pobreza por ingresos en el país alcanza al 87 % de la población, situación que —aunada a la precariedad de servicios básicos como la salud o la educación— han dado pie a que más de 700.000 ciudadanos hayan emigrado en los últimos dos años.

La caída del Producto Interno Bruto (PIB) también influyó en la baja productividad de las industrias. Si bien el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene años sin publicar datos macroeconómicos, Conindustria considera que en los últimos cuatro años el PIB “ha caído en más del 40 %”; la Asamblea Nacional —de mayoría opositora— estima que desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, la contracción de la actividad económica ha sido de 53 %.

Conindustria afirma que debido a todo esto “Venezuela es un Estado incapaz de garantizar servicios esenciales y básicos para sus habitantes” y señala al caso venezolano como “uno de los procesos de destrucción económica y social más violentos de los que se tenga conocimiento en la historia de la humanidad”, haciendo hincapié en el hecho de que el país no ha pasado por guerras o catástrofes naturales de gran envergadura.

Asimismo, la organización resalta la falta de separación de poderes y ausencia de institucionalidad reinantes que han propiciado una crisis política y humanitaria sin precedentes y un éxodo masivo de venezolanos calculado en más de tres millones de connacionales, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

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Finalmente, Conindustria hizo “un llamado a la comunidad industrial latinoamericana y mundial” para que respalden la cruzada que decidieron emprender a fin de “seguir dando visibilidad a las terribles condiciones del país y las de su tejido industrial” que ha generado consecuencias severas para el sector y sus trabajadores.


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