Esta semana, luego de que Diosdado Cabello pidiera botar a “los escuálidos de los cargos de dirección”, en Bolívar se produjeron más denuncias por retaliaciones políticas.
Ciudad Guayana. Bastó con que Diosdado Cabello diera la orden de “sacar a los escuálidos de los cargos de dirección”, para que el lunes pasado, Luis Flores, jefe del Departamento de Revestidos y Terminados de Planos en Frío, de Sidor, recibiera una llamada: “La empresa tomó la decisión de prescindir de tu cargo”.
Pero, ¿por qué? En 35 años de servicio no tenía amonestaciones. Tampoco se había robado algo. Ni siquiera se había ausentado por reposos. Todo se despejó cuando fue al despacho de Relaciones Laborales para averiguar.
“Ellos me dijeron que yo sabía por qué. Les dije que sí: que lo que puede ser es que como he estado en contra de políticas de un gobierno que ha puesto al país a pasar hambre y que firmé por el revocatorio, me pasaba esto. Yo tengo trabajadores que pesan 35 o 40 kilos porque pasan hambre”, relató.
Para Flores no hubo carta de despido, todo fue verbalmente. “No me dieron absolutamente nada. Solo me dijeron: usted está desincorporado”, recuerda. Supo que no se trató únicamente de una amenaza cuando su ficha de acceso fue desactivada.
Así, se convirtió en otro de los despedidos por apoyar una consulta popular para decidir si el Presidente de la República permanece o no en el poder. Tal y como avala la Constitución.
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El de Flores no ha sido el único caso de despido por apoyar el referendo revocatorio. De hecho, esta semana —la semana del anuncio de Cabello— en Ciudad Guayana se produjeron más denuncias. Concretamente, dos en el Banco de Venezuela y siete en la CVG Aluminio del Caroní S.A (CVG Alcasa).
A esos 10 hay que sumarles cuatro de Corpoelec, uno de Ferrominera del Orinoco y tres del Seniat de Puerto Ordaz, todos despedidos antes de la proclamación más reciente del diputado de la bancada revolucionaria.
Sobre el caso de los alcasianos, Rómulo Mesones, directivo de Sintralcasa, se pronunció el jueves y cuestionó a “este gobierno, que se hace llamar obrero, que quiere acabar con la última reserva moral que tiene el país: los trabajadores y los estudiantes. Están haciendo un recordatorio de lo que fue la lista Tascón para que sintamos miedo a impulsar el revocatorio”
El diputado José Prat (La Causa R-Caroní) recopiló los casos y organizó varias reuniones con los despedidos. La próxima está pautada para este viernes. Su idea, además de plantear los casos en la Asamblea Nacional (AN), es llevarlos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Queremos hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, que es un tipo voluntariado laboral para atender los casos. Lo de la OIT ya es una gestión que se está adelantado”, declaró. Todos se han unido para que la situación trascienda. Lo más importante es que la verdad se sepa.
Fotos: Cortesía Correo del Caroní / Elías Rivas
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