Durante el desarrollo del 169° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Colorado, Estados Unidos, Carlos Correa, Director de Espacio Público denunció la situación humanitaria y los mecanismos de control social utilizados por el Estado venezolano.

Caracas- La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se discutió la situación del país fue liderada por el Francisco Eguinguren, relator para Venezuela,  y en la misma se debatió en tres bloques la crisis socio-política por la que atraviesa Venezuela y como la misma afecta cada día más a adultos mayores, enfermos crónicos, menores de edad y disidentes políticos.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público- quien intervino en la sesión- aludió la situación de pobreza extrema que vive el 61% de los hogares venezolanos, la existencia de 3 epidemias activas (malaria, difteria y sarampión) y las fallas en el suministro de agua segura que afecta al 56% de las zonas más pobres del país.

También denunció la exigencia del carnet de la patria como requisito indispensable para el cobro de la pensión o el acceso a beneficios relacionados con derechos como la salud o la alimentación.

De manera permanente se anuncia la obligación de tener este carnet para recibir acceso a tratamientos médicos, obtener subsidios al combustible y en ocasiones realizar trámites en entes del gobierno. La exigencia del carnet y su asociación a estructuras territoriales limitan el acceso a estos servicios y derechos cuando las personas se movilizan dentro del país. Es decir, su aplicación vulnera el carácter universal del derecho a tener acceso a bienes y servicios básicos y el derecho a protección para todas las personas en el territorio venezolano”, dijo.

En el foro se resaltó el caso de un ciudadano venezolano de sesenta años que declaró a la prensa en días pasados que “al dirigirse al cobro de su pensión en una oficina de Parque Central en la ciudad de Caracas le dijeron que no le procesarían la pensión hasta tanto no sacara el carnet de la patria”, lo que se traduce una violación a la Ley de Seguridad Social, la Ley Orgánica de Identidad y la Constitución en sí que establecen que el único requisito para ser pensionado es tener más de 60 años (55 en el caso de las mujeres), poseer 1500 o más cotizaciones en el IVSS y presentar la cédula de identidad o pasaporte.

Las organizaciones de la sociedad civil participantes llamaron al Estado a atender urgentemente la crisis que se viven en los centros de salud y el desabastecimiento de medicina que agudiza la vulnerabilidad de los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, al tiempo que instaron a aceptar la entrada de ayuda humanitaria al país.

En un texto avalado por las distintas asociaciones ligadas a los derechos de la salud, especificaron que  “entre los años 2014 y 2018, el consumo de medicinas bajó de 22 a 1,5 unidades per cápita. Hasta 2018, las empresas de la industria farmacéutica nacional reportaban una caída de la producción interna de medicamentos entre 60% y 70%, debido a los excesivos recortes en la asignación de divisas para la compra de materia prima, 98% de la cual es importada, así como la pérdida de aproximadamente 60% de los trabajadores de la industria”. Así mismo resaltaron el hecho de que la escasez de medicinas este año en los hospitales es de 88 % según datos arrojados por la quinta Encuesta Nacional de Hospitales.

Entre las peticiones que realizó la sociedad civil al Estado se encuentran; la creación de un plan nacional de envejecimiento donde todos los actores sociales (gobierno, organizaciones, universidades y colectivos organizados de adultos mayores) se involucren para garantizar el envejecimiento digno a través de políticas públicas que respondan a esta necesidad, cesar la exigencia del carnet de la patria como requisito para acceder al cobro de pensión o acceder a cualquier otro derecho, cumplir los acuerdos de pago bilaterales con seis países y honrar la deuda existente con más de 12 mil adultos mayores pensionados en el exterior y ordenar el “ejecútese” a la Ley de Bonos para la Alimentación de los Pensionados, aprobada por la Asamblea Nacional (AN).

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La argumentación del representante del Estado Venezolano, Larry Davoe, se centró en explicar cómo el resto de los países del mundo existen mecanismos de registro para el acceso a los programas sociales y que de igual forma funciona el carnet de la patria.

Por su parte, en este capítulo, el interés de la comisión y la relatoría estuvo centrada en la sostenibilidad del programa de pensiones sin que exista la contribución previa de los beneficiarios y la aplicabilidad del uso del carnet de la patria. El organismo reconoció la labor de las organizaciones de desarrollo social en el registro y seguimiento la crisis existente en el país.

Acerca de los privados de libertad

La situación en las cárceles y centros de detención de Venezuela es crónica, constantemente se vulnera la dignidad de las personas encarceladas y persisten prácticas discrecionales y arbitrarias, que sustentan la impunidad en los casos de las muertes de los detenidos, la práctica de tortura y la aplicación de penas denigrantes.

“Hacinamiento en instalaciones inadecuadas. Se mantienen detenidas a las personas en lugares que no tienen el diseño y funcionalidad para cumplir esa finalidad. Se mantienen en espacios muy reducidos a un número alto de personas” indicó Correa al describir las tendencias generales que surgieron a partir del acompañamiento de los casos.

Alimentación insuficiente e inadecuada. Los alimentos se reducen, cuando se proporcionan, a una sola porción y muy desbalanceada (…). Persiste la práctica de la tortura, es generalizado el trato cruel y denigrante. No existen mecanismos para investigar y sancionar a los responsables, lo que genera impunidad y alimenta la repetición de los hechos. Existen grupos y bandas criminales que controlan centros de reclusión con la complicidad de funcionarios. Algunos centros de reclusión, desatienden e incumplen las órdenes de los tribunales para liberar a los detenidos (…)

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández, expresó que es una preocupación de la Relatoría conocer la situación de este grupos vulnerable que parecen estar fuera de la opinión pública pero que también tienen derechos. Reconoció la labor altruista de las organizaciones y los invitó a seguir haciendo visible la situación de Venezuela ante el mundo.

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Hernández preguntó al representante venezolano “¿Cuál es el tratamiento están recibiendo estas personas, este grupo que usted ha identificado dentro de los penales? ¿Cuál es el debido proceso legal se está llevando a cabo en las causas penales?”

“Preocupa que exista un abuso del derecho penal, y en la medida que no se cumpla con las garantías mínimas del tratamiento de las personas detenidas, pareciera que se está haciendo uso del abuso del derecho penal y de la criminalización por las acciones que realizaron más allá de la racionalidad de la ley.”.

Recordó que existe una apertura de la Comisión por ir a Venezuela y la sociedad civil tiene interés en mostrar la realidad de las personas privadas de la libertad pero no existe una invitación oficial por parte del Estado, por lo que aprovechó para exhortar al gobierno a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y que establezca mecanismos de visitas en las que se puedan llevar a cabo verificación de las condiciones que guardan.

Devoe mostró láminas en las que evidenció la supuesta “violencia política” usada por la oposición en Venezuela como práctica reiterada, mientras que la sociedad civil realizó el siguiente petitorio: La investigación a las violaciones de derechos humanos y justicia para las víctimas, cumplimiento de las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de privados de libertad, publicación de las cifras de civiles procesados en tribunales militares, liberación de presos políticos y permitir la visita de la CIDH al país.

Discriminación política y represión también fueron parte de la agenda

Las asociaciones Espacio Público, Civilis Derechos Humanos, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) condenaron el uso indefinido del estado de excepción, la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente y la reelección de Nicolás Maduro como “actos contrarios a la Constitución y a los estándares internacionales” pues los mismos se traducen en una “concentración de poder” por parte del Ejecutivo ya que asume asume facultades extraordinarias y busca “mantenerlas a todo costo”.

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La usurpación de funciones de los poderes públicos, existencia de civiles armados contrarios a la ley para el control del orden público y el uso del carnet de la patria como instrumento de control fueron algunas de las razones por las que las organizaciones antes mencionadas señalan al estado de emergencia que el Gobierno ha decretado continuamente durante los últimos dos años que a su vez han generado un quiebre institucional y han consolidado el autoritarismo en el país.

Hicieron un llamado al cese de dicho estado de excepción, la suspensión del Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora 200 (que ha permitido la utilización de civiles armados para funciones de orden público) y de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS).

Resaltaron a su vez la ilegalidad del proceso electoral llevado a cabo en mayo de este año que “ha contribuido a la profundización de la emergencia humanitaria, a pesar de que la convocatoria fue utilizada por representantes del gobierno para hacer creer a la población que tras su celebración se resolvería la crisis política y social. Así mismo, responsabilizaron a la ANC por la “elevada escala derivaciones de extensa pobreza, inseguridad alimentaria, alta mortalidad y exposición a enfermedades, control monopólico de los procesos económicos, altos niveles de corrupción y aislamiento internacional”.

Respecto al aumento de las protestas, mencionaron que ha habido “un incremento sostenido en el índice de manifestaciones entodo el país, con un registro de más de 8.000 protestas de enero a agosto.” Esto debido a la acentuación de la conflictividad laboral, el colapso de los servicios públicos, los altos índices de criminalidad y violencia, la inseguridad alimentaria y la ausencia del derecho a la salud que hasta ahora ha encontrado en el Estado una respuesta “mínima, insuficiente, parcial y represiva. El interés político y la permanencia en el poder han prevalecido sobre lo social y sobre el respeto a la dignidad humana”.

Informaron que en los primeros ocho meses del año fueron asesinadas 14 personas en medio de manifestaciones, de las cuales diez se encontraban en protestas por alimentos y las otras cuatro por servicios básicos. Resaltaron que dos de las víctimas eran mujeres y cuatro eran menores de edad y que -de acuerdo a familiares y testigos- los responsables de los hechos fueron funcionarios de cuerpos de seguridad y civiles armados.

Las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Estado a abstenerse de cometer actos de represalias contra todo aquel que denuncie la situación de crisis por la que atraviesan diversos sectores como la salud, el transporte, petrolero, entre otros, así como a los defensores de derechos humanos y en especial a aquellos que participan 169° período de sesiones de la CIDH.


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