El ministro del Trabajo, Jesús Martínez, señaló en acto del Inces que “el imperialismo, a través de las empresas burguesas, aumenta los precios. Esos sectores tienen la distribución”
Mayela Armas/@mayearmas
Caracas. Aunque el Gobierno desde hace siete años regula la distribución de varios productos, el control se quiere ampliar y el ministro del Trabajo, Jesús Martínez, adelantó que se afina un proyecto de ley para que la clase obrera esté en la planificación de ese proceso.
“El imperialimo, con las empresas burguesas, aumenta los precios. Esos sectores tienen la distribución”, dijo el funcionario, quien apuntó que “la clase obrera debe tener un mayor rol en la producción de bienes”.
Martínez detalló que se está preparando el proyecto de Ley de Gestión Directa y Democrática que tiene como objetivo que la clase obrera tenga más participación en la distribución.
“Los trabajadores son los que se encargan de ello (la distribución), pero no están en la planificación, porque eso lo controlan los sectores. Para ello hay un proyecto de ley. En el Ministerio del Trabajo ya hay un debate que se tiene que madurar para no dar saltos al vacío”, agregó.
El mayor control de la distribución lo planteó en enero el primer mandatario nacional, y a lo largo del 2015 la regulación se ha extendido, especialmente, en las empresas de alimentos.
Los contratos
La revisión de los contratos colectivos está en marcha, según las autoridades. En el marco del aniversario del Inces, el titular del Trabajo expresó que “la discusión de las convenciones colectivas se realiza con normalidad, aunque eso no quiere decir que no haya contradicciones. En la guerra económica hay una situación que no es fácil para el Ejecutivo nacional y eso ha sido comprendido por los trabajadores (…) Estamos discutiendo los convenios en medio de dificultades”.
El 1 de mayo, el Presidente Nicolás Maduro dijo que los contratos colectivos pendientes serían firmados este año, de hecho, aseveró que “los derechos de los trabajadores están garantizados, con el petróleo a 40 dólares o con el petróleo a cero dólares”.
Sobre las discusiones que están en revisión, el ministro no precisó si las expectativas de aumento de los trabajadores se han cubierto, ni los costos que implican dichos ajustes.
Identificación
El pasado de 7 de mayo venció el plazo para incorporar a los tercerizados (subcontratados) en las nóminas de las empresas públicas y privadas, pero el cumplimiento de ese procedimiento todavía no logra ser precisado por las autoridades.
El titular del Trabajo indicó que no tiene datos sobre los trabajadores incorporados, pero dijo que “la ley dio un plazo de tres años para identificarlos (tercerizados). El Estado no tiene incidencia. Vencido el lapso, el Estado entra a jugar un papel para identificar la tercerización y resolverla”.
“A la tercerización se le está dando atención. No se puede resolver todo de un día para otro”, añadió el funcionario.
Según la disposición transitoria de la Ley del Trabajo de 2012, las empresas tenían tres años a partir de la promulgación de la Ley para evitar la contratación fraudulenta de personal e incorporar a la nómina fija a quienes se encontrasen en esa situación. El plazo culminó en mayo 2015.
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