Las autoridades acusaron a la oposición y a las potencias extranjeras de “destruir la economía” para así agudizar el malestar social en el informe que presentaron con motivo del segundo Examen Periódico Universal.
Caracas. El Gobierno admitirá en Naciones Unidas que el país padece serios problemas de escasez, de alimentos y medicinas y de inflación que han desmejorado la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, no asumirá ninguna responsabilidad por ellos, sino que se los achacará a una “guerra no convencional” que la oposición y las potencias extranjeras han puesto en marcha en su contra para “agudizar las dificultades y hacer retroceder las conquistas sociales (…) en una estrategia de desestabilización mediante la construcción del malestar social y la manipulación mediática”.
Así figura en el informe que las autoridades enviaron al Consejo de Derechos Humanos, con motivo del II Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que será sometido Venezuela el próximo 1° de noviembre.
En el reporte, el Ejecutivo aseguró que ha tomado medidas para garantizar los medicamentos para tratar enfermedades crónicas y endémicas. “Ante las dificultades, se revisaron los procesos de su adquisición y distribución, y se firmaron convenios con el sector privado, binacionales y regionales para la dotación constante y segura”, se lee en el documento de 22 páginas, en el cual se agrega: “A pesar de la aguda crisis económica, Venezuela garantiza el suministro de medicamentos antineoplásicos gratuitos a los más de 30 mil pacientes oncológicos del país”.
Este año se han registrado numerosas protestas de enfermos con cáncer y el país se consternó con la noticia de la muerte en mayo pasado de Oliver Sánchez, el niño de ocho años de edad que participó en una de esas movilizaciones y cuya fotografía con una mascarilla y un cartel que rezaba “Quiero curarme. Paz y Salud”, se volvió viral.
[irp posts=”36203″ name=”Venezuela maniobró para evitar que la crisis de alimentos y medicinas se debata en la ONU”]Un país de ensueño
Pese a la crisis económica, el Gobierno pintó a la ONU un panorama muy positivo, donde la desnutrición en menores se ubicó en 3,4 %, la subnutrición por debajo de 5 %, que la mortalidad infantil “ha registrado una importante disminución”; y la pobreza extrema cerró en 4,7 %.
Las autoridades pudieron presentar este halagüeño cuadro, pues el grueso de las cifras que aportaron al Consejo corresponden a 2013 y 2014. Asimismo, no ofrecieron datos detallados y ejemplo de ello es que aseguraron que para 2013 la inversión en educación se incrementó 39 veces, en salud 59 veces, en vivienda 43, en seguridad 99, pero jamás precisó el monto y contra qué hizo la comparación.
Por otro lado, el Ejecutivo obvió en su reporte estadísticas como las referidas a la mortalidad general, la cual el año pasado se quintuplicó y pasó del 4,98 %, en 2014; a 31,12 %, según el último informe del Ministerio de Salud. Tampoco aportó cifras relacionadas con los homicidios, pese a que este es uno de los problemas más graves que sufre el país; y solamente informó que gastó más de un millón de dólares en la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en varias ciudades.
Donde el Gobierno venezolano sí aportó números actualizados fue en materia de vivienda, pues notificó que hasta junio pasado se habían construido en el país más de un millón de casas y que entre 2011 y 2015 en este sector se gastaron 73 millardos de dólares.
[irp posts=”35656″ name=”Venezuela rendirá cuentas en ONU por la situación de los Derechos Humanos”]Sobre los compromisos
Las autoridades consideraron haber cumplido los compromisos asumidos en 2011, durante el primer Examen; y como prueba de ello mencionaron la aprobación de leyes como la que castiga la discriminación racial, la de desarme, contra la tortura; la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos; y la presentación de informes ante distintas instancias de la ONU.
La mejora de las cárceles fue una de las obligaciones que el Gobierno acogió y en el informe expuso que en este lustro se inauguraron 26 obras en este sector, en las cuales invirtió 164 millones de dólares.
No obstante, no precisó como dichas obras han impactado en el hacinamiento carcelario y en la mejora de las condiciones de vida de los reclusos. Tampoco explicó por qué hoy en las comisarías policiales hay más de 30 mil personas detenidas, adicionales a las cerca de 50 mil que están en las prisiones.
Tampoco se refirió a su negativa a permitir que los relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visiten el país, a la persecución contra defensores de Derechos Humanos y opositores o a la represión de las manifestaciones, asuntos sobre los que seguramente serán interrogados el próximo 1 los miembros de la delegación que comparezcan ante el Consejo en Ginebra (Suiza).
Foto referencial: Cheché Díaz
Participa en la conversación