Al cumplirse un año de los fallos con los que el máximo juzgado liquidó a la Asamblea Nacional y que la impulsaron a romper públicamente con el Gobierno, la fiscal general en el exilio hace balance de estos complicados meses para el país y para ella.

Caracas. “Considero un deber histórico ineludible no solo en mi condición de fiscal general sino como ciudadana de este país referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución (…) Lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Con estas palabras, menos de 90, Luisa Ortega Díaz oficializó el 31 de marzo de 2017 su deslinde con el Gobierno de Nicolás Maduro, luego de los polémicos dictámenes con los cuales el máximo juzgado terminó de liquidar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.

Pese a que estas palabras y las posteriores acciones que tomó le terminaron costando su puesto defFiscal general de la República y la obligaron a exilarse en Colombia, un año después la reconocida internacionalmente como jefa del Ministerio Público no se arrepiente de haber dado ese paso.

“Al contrario, me siento bien conmigo misma, creo que cumplí con mi deber de ciudadana y mi obligación con el pueblo venezolano al haber denunciado ese golpe a la democracia, a la institucionalidad que se dio desde el TSJ”, afirmó al responder un cuestionario que se le envió con motivo del aniversario.

¿Qué valoración hace de este año en el cual fue despojada de su cargo por la fuerza?

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—Es indignante lo que han hecho y lo que siguen haciendo; continúa el desmontaje del Estado, continúan las violaciones sistemáticas y generalizadas de Derechos Humanos contra los venezolanos así como la instauración de un régimen de terror y miseria. Todos fueron testigos de cómo fue asaltado el Ministerio Público militarmente y la manera en que la ilegal Constituyente madurista me despojó ilegalmente de mi cargo. Aunque sigan en el poder, ellos mismos y el mundo saben que son un Gobierno dictatorial, déspota y que no le importa el sufrimiento por el cual están pasando los venezolanos.

Pese a que este año ha sido el peor de todos, pues se ha agudizado la crisis social, económica, política y sobre todo humanitaria, creo que se han hecho importantes acciones a escala internacional para recuperar la paz y la democracia en Venezuela. Estoy segura de que todas esas actuaciones van a surtir efecto más temprano que tarde y mi lucha no terminará hasta ver a Venezuela libre nuevamente.

¿Usted se imaginó que el TSJ tomaría la actitud que ha tenido contra la Asamblea Nacional?

—Como mujer de leyes, siempre me mantuve atenta a cualquier acción o decisión que desde alguna otra institución se podía tomar en detrimento de la Constitución. Una vez que el Poder Judicial dicta las sentencias 155 y 156, analizo detalladamente su contenido y observo que con ellas desmontaban íntegramente la forma republicana que se dio la nación en la Carta Magna, anulaban las competencias de la Asamblea Nacional, el TSJ se arrogaba competencias propias del Parlamento y de esa forman desmontaban la democracia en Venezuela.

Las sentencias proferidas no soportan el más mínimo análisis y consagraron al TSJ como el brazo ejecutor del Gobierno. En el país no hay independencia de poderes; todas las instituciones están subordinadas al Poder Ejecutivo. Quien no se somete a la voluntad del Gobierno, es perseguido, encarcelado o es obligado a abandonar su país.

Todo lo que sea una amenaza para ellos, lo sacan de su camino irrespetando la Constitución y las leyes. Estoy segura de que la justicia les va a llegar. El poder no dura para toda la vida y considero que el caso venezolano es una buena oportunidad para que los organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, evidencien su eficacia en pro del bienestar de los pueblos y la justicia.

El TSJ pretendió hacer ver que había corregido su golpe a la AN con dos aclaratorias posteriores. ¿La ruptura del orden constitucional sigue?

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—Efectivamente, continuó la ruptura del orden constitucional, intentaron engañar a la población, pero las decisiones mantienen la misma esencia de otorgar poderes extraordinarios y contrarios a la Constitución al Ejecutivo. Si yo no hubiese tenido razón en mi denuncia, cómo es que salieron a tratar de enmendar la situación que generaron esas arbitrarias decisiones.

La verdad es que en el fondo no hubo ninguna voluntad de corregir aquello, el desmontaje del Estado no solo continua sino que lo han afianzado, un ejemplo fue lo que me hicieron a mí, lo que le hicieron al Ministerio Público; otro fue la convocatoria ilegal a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual están utilizando para hacer las peores fechorías contra el pueblo venezolano, de esa írrita instancia también provienen las próximas elecciones que se realizarán en mayo de este año y que no cuentan con condiciones de igualdad y transparencia. Definitivamente este Gobierno debe salir cuanto antes, pues tiene al país sumido en la miseria y la destrucción.

La CIDH y organizaciones de Derechos Humanos han cuestionado al TSJ y lo han responsabilizado de facilitar la deriva autoritaria del Gobierno. ¿El TSJ aniquiló la democracia venezolana?

—Sin duda alguna que el TSJ ha sido el principal actor en el aniquilamiento de la democracia venezolana al emitir decisiones y sentencias que contravienen lo que expresa nuestra Constitución y las leyes, solo para favorecer la permanencia del régimen madurista en el poder. Los magistrados ilegales del TSJ en Venezuela son simples esbirros del Gobierno y se han convertidos en enemigos de todos los venezolanos, son los que ha permitido una nueva forma de genocidio.

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Foto referencial: AVN



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