La instancia confiscaría inmuebles o recursos de ex funcionarios o de la delincuencia organizada y dependería del Ministerio de Interior y de Justicia.
Hernán Lugo-Galicia/@HLGNapita
Caracas. En la nueva Asamblea Nacional, no solo tiran mangos, tomates o huevos a los diputados opositores, sino que llegan unas propuestas legislativas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Es el caso de la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, IDAED, Alejandro Rebolledo, consignó la iniciativa, cuyo fin es “combatir la hoy moderna, ágil, mutante y tecnológica delincuencia organizada”.
¿Cómo? La idea es que la Ley CDOFT establezca una plataforma del Estado que recupere los bienes, fondos y activos públicos perdidos en actos de corrupción que hayan sido transferidos a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero, con asistencia mutua y cooperación judicial internacional. La clave: el uso de tratados, pactos convenciones y acuerdos, suscritos por la nación.
“Venezuela salió en 2013 de la lista de países no cooperantes en materia de combate a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Y, en 2016, será objeto de una nueva evaluación bajo estándares más rigurosos. Resultado: Países del continente regresaron a la “lista negra” con las consecuencias de cierres de cuentas a sociedades y particulares en el sistema financiero internacional, además de restricciones a financiamientos y los consecuentes costos de hacer negocios internacionales”, alertó Rebolledo, al justificar la reforma legal.
IDAED plantea rescatar la denuncia de actos de la delincuencia organizada y el sistema de protección del denunciante; estimular “la denuncia de buena fe” e inclusive crear la figura de recompensa cuando se logren sentencias condenatorias, confiscación y recuperación de bienes producto de actos de delincuencia organizada.
“A través de la confiscación de bienes, Venezuela obtendría un ingreso de activos (bienes muebles, inmuebles y fondos), que podría administrar la Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras. Los recursos financiarían a los denunciantes y/o testigos de actos de delincuencia organizada y corrupción. La Super dependería jerárquicamente del Ministerio de Interior y Justicia”, señala el documento.
La reforma a la LOCDOFT contempla:
1-Nuevas forma delictivas, como el contrabando, la evasión fiscal, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
2-Publicación oficial del listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas.
3-Definir el criterio de identificación del beneficiario final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada.
4-Creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesario para supervisar las actividades profesionales y comerciales no financieras susceptibles a la delincuencia organizada.
Foto: Cheché Díaz
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