La defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, explicó que no es común que un Alto Comisionado de DDHH realice visitas en terreno; para eso está su equipo de investigadores. A Venezuela nunca ha venido uno, pero Maduro ha dicho que Bachelet es bienvenida cuando quiera. Entretanto, el único relator de DDHH de la ONU que ha entrado al país lo hizo en 1996. El Estado ha engavetado todas las solicitudes: ocho peticiones de visita aguardan respuesta.
Caracas. La última semana de septiembre, la vulneración de los derechos humanos en Venezuela -que para los venezolanos es asunto cotidiano- fue titular de la prensa mundial. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le ordenó a la Alta Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, elaborar un nuevo informe sobre Venezuela. Para cumplir ese mandato, la expresidenta chilena pidió al gobierno de Nicolás Maduro una visita en terreno. Por si fuera poco, esa misma semana, seis países instaron a la Corte Penal Internacional a determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país.
Miraflores respondió denunciando una campaña internacional contra Venezuela, pero se cuidó de no hacerle un desplante –al menos de entrada- a la dirigente socialista chilena, ahora veladora de los derechos humanos universales.
“Bachelet siempre es bienvenida”, dijo Nicolás Maduro el 27 de septiembre. “Bachelet puede venir al país cuando lo desee”, repitió Diosdado Cabello el primero de octubre.
La apertura discursiva del Gobierno a dicha visita llama la atención, sobre todo, porque a Venezuela nunca ha venido un Alto Comisionado de Derechos Humanos. En 2011, el gobierno de Hugo Chávez llegó a invitar a la entonces Alta Comisionada, Navanethem Pillay. Pero después de darle luz verde a la venida, la misma se disipó y nunca se produjo.
¿Bachelet o su equipo?
En todo caso, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos está compuesta por un equipo multidisciplinario que cuenta con monitores no solo por derecho, sino por país en los casos que lo ameritan, y Venezuela es uno de esos casos.
La investigadora del Centro de DDHH-UCAB, Ligia Bolívar, explicó que si la visita se acuerda firmemente, no necesariamente la realizaría Bachelet, sino que lo normal es que la realice su equipo de trabajo, los investigadores y los encargados del tema Venezuela.
El mandato que ella recibió del Consejo fue que presente un informe exhaustivo por escrito sobre Venezuela. Ella tendrá que ver cómo hace para cumplirlo. Normalmente, los altos comisionados no visitan los países para hacer informes. Quien conoce la situación de Venezuela es el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado que trabaja sobre Venezuela; lo normal sería que viniera ese equipo”, explicó.
Aclaró que tanto la conformación de la delegación que venga al país como la agenda de actividades, visitas y reuniones las establecen en conjunto Bachelet y su equipo de trabajo. El gobierno receptor, en este caso el de Venezuela, no tiene ningún tipo de poder de veto ni de recomendación en esas áreas. Los investigadores tienen plena libertad de acción.
“Tanto Maduro como Cabello dicen que ella puede venir cuando quiera porque ellos piensan que esto es una visita protocolar, donde la van a llevar a donde ellos quieran. Al Cuartel de la Montaña, por ejemplo, pero eso no es así. Si el Consejo le pidió a Bachelet un informe exhaustivo, tiene que producirse una visita técnica en el terreno, no una visita de cortesía. Por eso, ni Chávez ni Maduro han permitido nunca que venga nadie. Y por eso se abren a la visita a Bachelet, como si ella va a venir a tomar café en Miraflores, pero eso no es así”, afirmó.
Si en última instancia la visita no se concretara, la Alta Comisionada tendrá que hacer el informe a través de datos recibidos de las víctimas, de las ONG y de otras fuentes, “pero el informe se va a producir”, enfatizó la defensora de DDHH.
Desde el siglo pasado
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuenta con una instancia denominada Procedimientos Especiales, conformada por relatores temáticos, relatores para países, grupos de trabajo, expertos independientes temáticos y expertos independientes por países.
Desde 1994 hasta hoy, Venezuela solo ha permitido la entrada de un relator especial temático, de los 30 que existen -el relator contra la tortura- en el año 1996. Sí, 1996, “el siglo pasado”, en palabras del Alto Comisionado saliente, Zeid Ra’ad al Hussein, al presentar su informe especial sobre Venezuela, en junio pasado.
En el continente americano, 18 de 33 países han permitido o solicitado visitas de los órganos de la ONU. Entre los 15 que han cerrado la puerta a la verificación internacional están Estados Unidos, Guyana, Venezuela y las islas del Caribe.
Cabe preguntarse, entonces, ¿qué diferencia hace el que los gobiernos faciliten o no la visita de los órganos de DDHH de la ONU?
“Hasta el momento ni la ONU ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dejado de hacer escrutinio sobre la situación de Venezuela porque el Gobierno no les haya permitido acceso directo. En el caso de ONU desde 1996 no se permite un relator y en el caso de la CIDH desde mayo de 2002, pero eso no impidió que en 2010 la CIDH hiciera un informe y otro este año. Pero siempre será mejor hacer el monitoreo en terreno porque pueden acceder a las víctimas de manera directa”, explicó Bolívar.
Peticiones engavetadas
Después de la venida del relator contra la tortura en 1996, el país ha recibido otras ocho solicitudes de visita de los relatores temáticos. Ninguna fue aceptada por los gobiernos de Chávez y de Maduro.
Se trata precisamente de aquellos relatores especiales que investigan y documentan los derechos más vulnerados en el país en los últimos 20 años: ejecuciones extrajudiciales, viviendas adecuadas, alimentación, defensores de DDHH, independencia de los magistrados, libertad de reunión, violencia contra la mujer y libertad de expresión. Ninguna de estas solicitudes de visita fue aceptada, como tampoco lo fue una segunda venida requerida en 2010 por el Relator Especial contra la Tortura.
La petición de visita más antigua es del Relator para la Libertad de Expresión. Data de 2003 y fue ratificada en 2009 y 2015. La más reciente es de junio de 2018 de parte del Relator Especial para la Deuda Externa. Destaca el Relator contra Detenciones Arbitrarias que pidió una visita en 2011 y ha ratificado la solicitud en tres ocasiones: 2013, 2014 y 2015.
Por otra parte, dos grupos de trabajo de la ONU (Empresas y Detención Arbitraria) de un total de cinco existentes, han solicitado visitas, pero ninguna de las dos ha sido autorizada por el gobierno venezolano.
Los que sí son bienvenidos
El Estado venezolano solo ha invitado uno de cinco expertos independientes de la ONU, el experto para la Promoción del Orden Internacional Equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, quien, por cierto, cesó su mandato recientemente.
La invitación a Alfred-Maurice de Zayas se produjo en agosto de 2017 y la visita se realizó entre noviembre y diciembre de 2017. Una nota de prensa del Consejo al final de la visita señala que Zayas solicitó al gobierno de Venezuela “liberar a las personas detenidas”, aceptar la ayuda de los organismos de la ONU, “flexibilizar sus políticas monetarias” y “publicar los datos de nutrición, epidemiología, inflación y presupuesto”. En abril de 2018, Zayas declaró que la razón de la crisis en Venezuela “son las sanciones y el bloqueo”. La oposición lo tildó de servil a los intereses del Gobierno.
También en 2017, el Gobierno invitó a dos relatores temáticos: Saad Alfarargi, Relator Especial para el Desarrollo, y a Idriss Jazary, Relator Especial sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales. Ninguno de los funcionarios de la ONU ha respondido a la petición, pero llama la atención que de 30 relatores temáticos existentes, el Gobierno haya cursado invitaciones a estos dos en específico. De hecho, el pasado 10 de septiembre, durante el inicio del período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, una delegación venezolana, encabezada por el viceministro para Temas Multilaterales, Félix Plascencia, se reunió en privado con Alfarargi.
Pero el perfil político de estos dos relatores permite inferir que la razón del intento de acercamiento de parte del gobierno venezolano podría ser la proximidad ideológica. Veamos.
Alfarargi es un politólogo egipcio. Fue canciller, embajador y jefe de gabinete de dos gobiernos de corte militar dirigidos por el Partido Socialista Árabe durante la ex República Árabe Unida entre 1956 y 1973 (Gamal Abdel Nasser y Anwar el-Sadat) y luego fue consejero permanente de la misión de la República de Egipto en la ONU, representante personal del presidente y consejero del primer ministro egipcio, durante la dictadura de 30 años de Hosni Mubarak.
Jazairy es un filósofo argelino. Fue canciller, asesor presidencial y embajador en su país durante los mandatos de los presidentes socialistas y líderes de la independencia argelina, Ahmed Ben Bella, Houari Boumediene y Rabat Bitat. En agosto de 2017, cuando Estados Unidos prohibió negocios con Pdvsa y compra de bonos a Venezuela, Jazairy reaccionó en rechazo a las medidas.
Fotos: Cortesía
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