La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal, la cual autorizó la radicación en Caracas de la investigación abierta contra el oficial por el asalto al Fuerte Paramacay (Valencia), ocurrido el pasado 6 de agosto, por considerar que en Carabobo estaba en riesgo debido al “temor, zozobra y angustia” que provocó el hecho.

Caracas. El proceso abierto al capitán (r) de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano, por liderar el asalto contra el Fuerte Paramacay, ocurrido el pasado 6 de agosto, será conocido por los tribunales militares de Caracas y no por los de Carabobo, pese a que el suceso ocurrió en esa entidad.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 323, decidió radicar en la capital la investigación, atendiendo la petición que le hiciera el fiscal militar 2, mayor Rubén Madrid Contreras, quien consideró que se reunían los extremos previstos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para ordenar el traslado del asunto, debido al “temor, zozobra y angustia” que provocó el hecho y el cual podría afectar el desarrollo de las averiguaciones y del posterior juicio.

“Procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público. 2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal. El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud”, reza la norma antes citada del COPP.

En el fallo redactado por el magistrado Juan Luis Ibarra, y aprobado por unanimidad por la Sala, afirma que “en el presente caso, se advierte que se cumple con el primer supuesto de procedencia de la radicación exigido por la ley penal adjetiva, a saber, la gravedad de los delitos por los cuales la Fiscalía Militar Décima Quinta Nacional con sede en la ciudad de Valencia, dio inicio a la investigación penal ‘(…) por los hechos acontecidos el día domingo 6 de Agosto de 2017, en la 41 Brigada Blindada del Ejercito Nacional Bolivariano y Zona Militar (…)’, a saber: los delitos de traición a la patria, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rebelión, insubordinación y desobediencia, los cuales, en un todo considerados han causado alarma y escándalo público, puesto que generaron temor, zozobra y angustia en todo el territorio nacional” y como “es obligación del Estado resguardar el proceso penal de influencias que incidan en su correcto desenvolvimiento, en aras no solo de una correcta administración de justicia sino también en garantía del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso” se autorizó la radicación.

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El máximo juzgado encomendó al Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas que asuma el asunto.

Los jueces militares están subordinados al Presidente de la República, por su condición de Comandante en Jefe de la FANB y le deben obediencia. Asimismo, el Jefe de Estado es considerado un funcionario de la justicia castrense, de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar y puede intervenir en los procesos.

Esta decisión fue tomada el pasado 11 de agosto, justo el mismo día que agentes de la Policía Municipal de Sucre detuvieron a Caguaripano y a otro oficial que participó en el asalto.

Relato de los hechos

En el dictamen se publicaron extractos de la investigación adelantada por la Fiscalía Militar sobre el asalto al Fuerte Paramacay, la cual revelaría que uniformados dentro de la instalación más importante de Valencia participaron en los sucesos ocurridos en la madrugada del 6 de agosto.

Así, por ejemplo, se relata que más de un mes antes del suceso, el primer teniente Oswaldo Gutiérrez —quien, como Caguaripano, se encontraba en busca y captura por haber desertado— ingresó a la sede de la 41 Brigada Blindada y sostuvo conversaciones con varios oficiales; y que el día antes una capitán, identificada como Raima Usati, denunció la presencia en las inmediaciones del Fuerte de personas extrañas.

De acuerdo con la investigación realizada hasta el momento por la Fiscalía Militar, unos 30 sujetos ingresaron a la base en cinco autos, cuatro de ellos camionetas; los cuales utilizaron para sacar la “gran cantidad de material de guerra [armas y municiones]” que “sustrajeron”. Sin embargo, no se precisa cuántas armas y municiones sacaron ni el tipo.

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