De acuerdo con el informe del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, más de la mitad de los casos de tortura, específicamente 62, se atribuyeron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Caracas. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para Venezuela, publicado este 4 de julio, expone que 362 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado fueron procesados; 185 acusados y 47 condenados por casos de tortura y malos tratos a privados de libertad en 2022.
Hasta la fecha, no hay información de que en alguna de las 91 denuncias realizadas ante a las autoridades, y que supervisó el Acnudh, se haya juzgado a los presuntos implicados, según el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.
En este sentido, la instancia internacional resaltó que la ausencia o el retraso prolongado en la investigación de las denuncias de tortura y otras formas de malos tratos “puede contribuir una violación independiente de la prohibición de la tortura y malos tratos, y del derecho de las víctimas a recursos efectivos”, se lee en el documento.
El informe abarca un período de tiempo comprendido entre el 1° de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 y está enfocado en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, medioambientales, culturales, el Estado de Derecho, el espacio cívico y el grado de aplicación de las recomendaciones hacia Venezuela en los informes anteriores.
La información se recopiló a través de entrevistas con víctimas y testigos, así como en reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Casos de tortura
La cifra de casos de tortura documentados por el Acnudh aumetó a 114. Durante mayo 2022 y abril 2023, documentó 22 casos de personas detenidas que, presuntamente, sufrieron torturas o las sometieron a malos tratos en centros de detención entre el año 2018 y 2022.
En los informes anteriores, durante ese mismo período de cinco años, los informes detallaron 92 casos de tortura. Más de la mitad de esos casos (62) se atribuyeron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El Acnudh pide que se vele por el cumplimiento de las normas internacionales en los centros de detención. En ese sentido reiteró su solicitud para que se cierren aquellos centros administrados anteriormente por los servicios de inteligencia.
Asimismo, denuncia que debido al miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones, no se hacen denuncias de los casos de las torturas.
Retardos procesales
La instancia internacional observó las dilaciones permanentes en las investigaciones de las muertes registradas durante las protestas entre 2014 y 2019. Destacó que algunos casos han presentado retrasos de hasta nueve años, como el de Robert Redman Orozco, un hombre que salió a protestar en 2014 y murió por herida de bala en la cabeza.
También mencionó el caso de José Alejando Márquez, ingeniero y docente que se unió a una manifestación en La Candelaria en 2014, y que fue brutalmente golpeado por funcionarios de seguridad.
De los 41 casos con retardo procesal que documentó Acnudh, 28 continúan bajo investigación o juicio, dos están sobreseídos o absueltos y siete recibieron condenas.
Asimismo, detalló los constantes cambios de fiscales y los números de aplazamientos de las audiencias, lo cual generó más retrasos. En 16 de los casos hubo falta de cooperación de las fuerzas militares y seguridad del Estado. Acnudh insta a que aumenten los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por esas violaciones perpetradas.
Salud de los privados de libertad
Durante mayo de 2022 y abril de 2023, la oficina de la ONU visitó 15 centros de detención. En esas visitas entrevistó a 206 personas privadas de libertad. 50 eran mujeres, seis personas de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ+) y cuatro niños.
El informe también relató que 23 personas privadas de libertad (tres bajo jurisdicción militar y 20 en la ordinaria) esperaban respuestas a solicitudes de medidas humanitarias o medidas alternativas a la detención. Del mismo modo, 63 esperaban traslados médicos.
Acnudh recalcó que es responsabilidad del Estado garantizar la salud física y mental de las personas recluidas. Asimismo, hizo especial énfasis sobre los riesgos y consecuencias de la limitación de los servicios de salud en mujeres, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad.
Desde mayo de 2022, liberaron a 32 personas, entre ellas una mujer, luego de intervención de Acnudh.
Además, el oficial de la ONU recomendó “la adopción de protocolos específicos” para la prevención de la discriminación y la violencia a razón de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género “y las características de las personas privadas de libertad”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó Venezuela a finales de enero de 2023.
Durante una rueda de prensa previa a su salida del país, anunció que formalizó su petición para que se reforme el sistema de justicia venezolano. Esto en función de poner fin a las prácticas de tortura en el país, el castigo de los responsables de ejecutarlas y, además, lograr la liberación de las personas detenidas arbitrariamente.
Lea también:
La deserción escolar y la precariedad económica contribuyen en la delincuencia juvenil
Participa en la conversación