El Ovlis revela que las violaciones de los derechos laborales no son nuevas, asegura que ya desde 2002 el gobierno se dedicó a transformar la contratación colectiva en desmejoras para los trabajadores. En los últimos 10 años el observatorio encontró que más de 100 dirigentes sindicales han sido sometidos a procesos penales.
Caracas. Los trabajadores a menudo protestan y denuncian que sus derechos han sido cercenados. La situación empeoró los últimos años con la persecución y detención de líderes sindicales. La judicialización y criminalización del sector dio pie a profesores universitarios del Centro de Investigación y Formación Laboral (Cefil) a crear el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis), que busca documentar y evaluar cómo son llevadas las relaciones laborales en el sector público y privado del país.
El Ovlis revela que las violaciones de los derechos laborales no son nuevas. “Ya desde 2002 el gobierno se dedicó a transformar la contratación colectiva en una especie de convenio laboral que no discute aumentos salariales, sino que obedece a los aumentos que aplica el Ejecutivo Nacional“. Esa decisión terminó en bonos sin incidencia salarial y en la pérdida de los beneficios sociales que antes recibían en especie los trabajadores como transporte, uniformes, lista de útiles escolares o juguetes.
La socióloga y doctora en Sociología del Trabajo por la Universidad de París, Consuelo Iranzo, quien presentó el lanzamiento del observatorio en una rueda de prensa virtual, indicó que las organizaciones sindicales han sido terriblemente perseguidas desde comienzo de este siglo y sobre todo en los últimos años, lo que dio pie a la investigación que ya tiene un primer boletín.
En los últimos 10 años el Ovlis encontró que más de 100 dirigentes sindicales han sido sometidos a procesos penales. En 2018 aumentaron las protestas de trabajadores de los distintos gremios para exigir mejores condiciones de trabajo y salarios que cubran la canasta alimentaria. El 27 de abril de este año el gobierno aumentó el sueldo mínimo en 60 %, desde entonces el salario está en Bs. 400.000, lo que equivale a $1 al mes calculados a la tasa oficial.
Iranzo explica que el gobierno de Nicolás Maduro tiene especial interés en que no se conozcan las acciones sindicales debido a que se muestra como un representante de la clase trabajadora. “En esa medida no puede dejar que la clase trabajadora esté en contra de ellos, menos todavía les interesa que sean actores chavistas quienes se manifiestan, por eso han sido especialmente duros y represivos con quienes denuncian”, dice.
Durante la pandemia el sector registra más detenciones. Darío Salcedo, un militante oficialista del sindicato de pesca, pasó casi dos meses detenido por cuestionar el precio de una bolsa de comida que la empresa vendió a los trabajadores. Actualmente está en su casa bajo régimen de presentación. Un médico de un hospital de Carora fue apresado por grabar las condiciones del centro. El Ovlis señala que varias de las detenciones han sido por mensajes escritos en la plataforma WhatsApp.
Rubén González se convirtió en una de las caras más representativas del movimiento sindical. El líder de Sintraferrominera pasó más de año y medio detenido por haber liderado protestas laborales. El 1° de septiembre de este año quedó en libertad al recibir un indulto del Ejecutivo junto a un grupo de 109 personas.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB divulga en un informe publicado en septiembre que la situación de los trabajadores se ha deteriorado, una de las razones de peso de las constantes protestas en contra del gobierno. Los asalariados se han reducido de 62 % en 2014 a 46 % en 2019, al incrementarse los ocupados por cuenta propia, que pasaron de representar 31 % en 2014 a 45 % en 2019.
Los bajos salarios han llevado a la población a elevar las horas de trabajo. Un 70 % de los venezolanos dice que trabajó más de 35 horas a la semana en 2019. De ese 70 %, el 23 % manifestó trabajar incluso más de 46 horas a la semana, según cifras de la Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi-2019-20).
La directora de Ovlis, Jacqueline Richter, detalló que el objetivo del observatorio es monitorear, sistematizar, analizar y difundir todas las violaciones que haya de los derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores y evaluar cómo están siendo llevadas las relaciones laborales tanto en el sector público como privado.
La persecución del sector ha generado que las máximas autoridades sindicales terminen con órdenes de aprehensión o perseguidos. Hoy muchos de ellos están en el exilio, expresó Richter.
Una de las primeras conclusiones a las que llegaron tras la investigación es “la destrucción de la negociación colectiva”. La vocera señaló que existe un acorralamiento de las organizaciones sindicales autónomas y una pérdida de los espacios para un manejo más democrático de las relaciones laborales. “Sin libertad sindical no existe democracia”, enfatizó Richter.
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