Cinco trabajadores y activistas de la ONG Azul Positivo fueron acusados por delitos de «manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales», informó Codhez.
Caracas. Activistas de derechos humanos de distintas ONG venezolanas exigieron al representante del PNUD Venezuela, Jan Harfst, que rechacen la detención arbitraria de los cinco trabajadores de Azul Positivo y que estos sean liberados.
Este jueves el Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia dictó medida preventiva de libertad en contra de los directivos de la ONG Azul Positivo. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (Codhez) serán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Maracaibo.
La causa de los trabajadores, que permanecen detenidos desde el pasado 12 de enero cuando al menos 15 funcionarios de la Dgcim practicaron un allanamiento en las oficinas de la fundación, en el municipio San Francisco; la lleva la fiscalía 77 con competencia nacional en los delitos de económicos y fronterizos, a cargo de José Gregorio Rondón, fiscal titular.
Los directivos de la ONG Azul Positivo fueron acusados por delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales”, informó Codhez en su cuenta de Twitter.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones presentes en la protesta, dijo temprano que sostendrían una reunión en la oficina del PNUD para exigir una expresión pública de rechazo contra la detención de los trabajadores humanitarios de Azul Positivo en Maracaibo.
Uzcátegui señala que la ONG Azul Positivo trabaja con recursos derogados de la oficina del PNUD y sus lineamientos.
Exigimos a @PNUD_Venezuela y su representante, Jan Harfst, que rechacen la detención arbitraria de los 5 trabajadores de la ONG humanitaria, Azul Positivo. #AyudaHumanitariaNoEsDelito Continuaremos defendiendo el derecho a la cooperación y asociación #LiberenAzulPositivo #15Ene pic.twitter.com/6iGzDqD6qA
— PROVEA (@_Provea) January 15, 2021
Provea lamenta que más de 9000 personas que recibían asistencia humanitaria de Azul Positivo queden desprotegidos. “Esto es un ataque a la población vulnerable”, dijo.
Según la ONG defensora de derechos humanos, el gobierno de Maduro busca silenciar e inhibir el trabajo humanitario. “Este año van por la sociedad civil, el objetivo es la inacción. Que dejemos de documentar e informar a los organismos lo que ocurre en Venezuela. Sobre todo cuando este año se espera una decisión en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, quieren que dejemos de ser una fuente de información”, dijo Uzcátegui.
Fotos: Luis Morillo
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