Desde Brasil, la removida fiscal general de la República también aseguró que la constructora Odebrecht pagó solo al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 100 millones de dólares, a través de una empresa que sus primos tienen en España. El monto supera lo que la empresa reconoció haber pagado por sobornos en Venezuela.
Caracas. Luisa Ortega Díaz está consciente de que al no estar más en el despacho del fiscal general de la República ni en Venezuela ella poco puede hacer para que investigaciones como la de Odebrecht avancen en el país. Sin embargo, no se resigna a que estas queden en la impunidad y por ello anunció que cederá las pruebas que tiene a la justicia de otros países para que sean ellos los que procesen a los altos funcionarios implicados.
“Visto que en Venezuela no hay justicia y que es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción y de narcotráfico en consecuencia la comunidad internacional tiene que tomar e investigar estos casos”, afirmó la removida jefa del Ministerio Público (MP) en la reunión especializada de fiscales generales del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada este miércoles en Brasilia (Brasil).
Ortega Díaz aseguró que tiene elementos que revelan que altos funcionarios del Estado —empezando por el propio presidente Nicolás Maduro— se enriquecieron a través de la trama de sobornos que tejió la constructora brasileña para obtener contratos millonarios de obras públicas.
“Lo que hemos adelantando en Venezuela, esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados, para que procedan a enjuiciar a las personas que correspondan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y a todos los que estén involucrados”, dijo, al tiempo que agregó: “En el caso Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa española denominada TSE Arietis cuyos propietarios son sus primos: Luis Alfredo Campos Cabello y Gerson Jesús Campos Cabello”.
El monto anunciado por la removida fiscal general supera a los 98 millones de dólares que el encarcelado presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, aseguró que pagaron a funcionarios venezolanos a cambio de contratos.
TSE Arietis es una empresa especializada en transporte de carga pesada, extrapesada, sobredimensionada, civil y fluidos de perforación, de acuerdo con la información disponible en la red de empleos Linkedin. Y ha prestado servicios a Pdvsa Distrito Morichal, Pdvsa Distrito Furrial, Petromonagas, Petrodelta, Petroindepencia. Incluso Odebrecht está entre sus clientes.
No solo Odebrecht
Ortega Díaz no solo habló de Odebrecht, también aseguró tener elementos que revelarían que el Presidente Maduro se ha enriquecido mediante la iniciativa de la bolsa de alimentos que venden los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
“Tenemos una investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los Clap, una empresa mexicana a nombre de dos personas, la cual tiene por nombre Group Grand Limited, se presume que es del presidente Nicolás Maduro y cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab, esas pruebas también las tenemos con nosotros y las voy a entregar a las autoridades de distintos países, EE UU, Colombia, España para que se investigue”, soltó, aunque sin mostrar en ese momento ninguna de las evidencias que dice tener.
Group Gran Limited está registrada en Hong Kong y le ha estado vendiendo alimentos al Gobierno para los Clap a través de la Gobernación del Táchira, publicó el portal Armando.Info. A mediados del pasado año, además, los diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional denunciaron que empresas de Saab y Pulido en 2012 importaron productos con sobreprecio.
La fiscal general va en serio con sus anuncios y así, por ejemplo, este jueves tiene previsto sostener reuniones con representantes de la Fiscalía brasileña y con organizaciones de Derechos Humanos que vienen siguiendo casos como el de Odebrecht.
Durante su intervención ante sus colegas de Mercosur, Ortega Díaz insistió en que su remoción y la persecución que las autoridades han iniciado en su contra buscan que esos casos no se sepan.
“En el afán de esconder tantos hechos de corrupción de los cuales tengo muchas pruebas y concretamente en el caso de Odebrecht que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Constituyente: Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros (…) fui, en un proceso de 32 minutos, separada ilegítimamente de mi cargo”, afirmó.
Denunció que su sucesor también está involucrado en irregularidades administrativas en su época de Gobernador de Anzoátegui y que tenía seis investigaciones abiertas en el Ministerio Público, al menos hasta el momento en que la reemplazó, porque aseveró que la primera medida que tomó fue cerrar dichos expedientes.
Podrá haber sobreseído y destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder”, amenazó.
La removida fiscal general también se refirió a las denuncias contra su esposo y algunos colaboradores de encabezar una red de extorsión y chantaje contra personas investigadas y aseguró que las pruebas que sustentan dichos señalamientos fueron “construidas”.
El chavismo ha dicho que Germán Ferrer y dos ahora exfiscales habrían abierto entre marzo y abril del año pasado varias cuentas, por un monto de 6 millones de dólares, en la sucursal de las Bahamas del banco suizo UBS. Sin embargo, medios de la isla caribeña anunciaron en 2014 que esa institución dejaría de prestar ese año ese servicio y que se dedicaría solamente a fideicomisos.
Por último, Ortega Díaz pidió a sus pares de la región que exijan al Gobierno respetar la Constitución y las leyes y que no colaboren con su reemplazo. “Yo pido que no remitan ninguna solicitud de requerimiento en materia penal, a través de las asistentes mutuas, porque con seguridad esas pruebas van a ser destruidas”.
Foto: Cortesía
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