Al cumplirse otro año de la tragedia de Vargas, que enlutó a miles de familias en el Litoral Central, sus moradores temen la reedición de este episodio ante las últimas lluvias y la negativa del Gobierno para acometer los trabajos de mantenimiento de los 23 ríos principales y otras 60 quebradas.
La Guaira. La brisa de sigilo costero y los rayos perpendiculares del sol adelantan los entresijos de 21 años atrás: a muchos les quedó la sensación de que el Ávila se le vino encima al mar durante el 15 y 16 de diciembre de 1999.
“Hasta ese jueves 16, siempre creí que un maremoto nos iba a aplastar el día menos pensado, pero fue lo contrario: el mar soportó la avalancha que se inició en la montaña”, comentó Eduardo Quintero, que no escondió las lágrimas en los ojos al no ver la felicidad pueril en su urbanización Cerro Grande, en Tanaguarena.
Quintero se sumó a la exigencia de sus vecinos reorganizados en otras zonas del Litoral Central, para que, antes de que concluya el año 2020, el Gobierno comience el despeje de los cauces de los 23 ríos principales y otras 60 quebradas y riachuelos. La persistencia de las lluvias del último trimestre avivan los malos recuerdos.
“Este llamado, a 21 años de lo ocurrido, es muy pertinente. Ojalá desde el poder entiendan que la desidia y la falta de mantenimiento con este tipo de lluvias pueden ocasionar una tragedia mayor, más ahora que se repoblaron los márgenes de los ríos y no se penaliza el vertedero de basura en las quebradas”, agregó.
Daños de gran magnitud
Al respecto, estudios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela demostraron que en aquellas 48 horas de desesperación y muerte, las aguas de ríos y quebradas habían crecido lo suficiente como para que sus cauces arrastraran innumerables sedimentos, desechos materiales y rocas gigantes del mencionado Parque Nacional.
Una prueba de la dimensión de esta experiencia se observó en el río Piedra Azul, que no solo afectó a zonas populares de Maiquetía como El Rincón, Las Perlas, Navarrete y Quebrada Seca, sino que en su encuentro con el mar Caribe destruyó contenedores, patios e infraestructuras de varios almacenes del Puerto de La Guaira.
Allí, tuvo que intervenir el Ministerio del Ambiente, porque el impacto liberó cantidades de químicos y materiales peligrosos que expusieron a la población de los barrios más próximos: Los Cocoteros y La Línea.
Carlos Genatios, autoridad única de Vargas y ministro de Ciencia y Tecnología para la época, explicó que los sedimentos desde El Ávila hallaron resistencias en su camino natural, a través de los cauces fluviales que estaban repletos de maleza, arbustos, basura, tomas ilegales de agua, tuberías de cloacas, viviendas endebles y otros materiales que terminaron en el mar.
Ello explica que los desbordamientos en los ríos Cerro Grande en Tanaguarena, San Julián en Los Corales, Piedra Azul en Maiquetía, además de los afluentes de Carmen de Uria y Macuto, respectivamente, causaran tanto daño material y humano en un estado naciente, el número 23 del país.
En un informe técnico del año 2000, la Cruz Roja Internacional calculó entre 15.000 y 20.000 fallecidos por el deslave: muchos tapiados por el lodo y otros arrasados por las corrientes de Carmen de Uria, Tanaguarena, Los Corales, Cerro Grande y Macuto, en el este de la región.
“Fue increíble cómo creció el río San Julián, tuvimos que subir a la azotea del edificio para salvarnos, porque las olas que levantaba eran inmensas y se llevó a mucha gente, carros, bombonas de gas, a las casas que se derribaban como barajitas. Mi mamá me hablaba de la tragedia de 1951, pero creo que fue superior”, relató, a través de la plataforma de Whatsapp, Luis Ángel De León, que se mudó a Maracay (Aragua).
Olvido patrimonial
Las consecuencias negativas también se sintieron hacia el centro de la entidad federal, en la zona colonial de La Guaira. En las históricas calles El León y Bolívar (detrás de la Casa Guipuzcoana) aún se perciben las huellas del horror.
Desde aquel diciembre del nuevo milenio, joyas patrimoniales como la Iglesia de La Ermita del Carmen en La Guaira y la pensión Guanches en Macuto han tenido que resistir también el olvido oficial.
“Va a ser muy difícil borrar lo vivido, todavía uno camina por las calles empedradas y puede sentir el avance del río Osorio y los gritos de la gente”, indicó Luisa Emilia Mayora, quien a sus 66 años de edad recorre diariamente la calle Bolívar, muy similar a las de la Ciudad Amurallada en Cartagena de Indias (Colombia).
Los planes de restauración turística se habían incluido en los reordenamientos territoriales de la Corporación para el Rescate y el Desarrollo del Estado Vargas (Corpovargas), tras ingresar aproximadamente 650 millones de dólares en ayuda internacional, reportó en el año 2001 una revista oficial de esta institución.
Pero, dichos planes quedaron al garete, así como otros relativos a la ayuda psicológica y social de las víctimas y sus familiares. “Todo se politizó y lo que prometieron para el bienestar no se cumplió a cabalidad. Aquí cuando llueve dos horas seguidas, mucha gente se pone nerviosa”, aseguró Ernesto Blanco, enfermero que habita en el barrio San Antonio de las Flores de La Guaira.
Otros cuestionamientos apuntaban hacia la tardanza de las soluciones habitacionales para los damnificados. “Se llevaron a muchos a estados muy lejanos como Portuguesa, Zulia, Trujillo o Lara”, recordó Ignacio Laya, presidente de la Fundación Cátedra Flotante de Venezuela.
No había transcurrido un año de la tragedia de Vargas, cuando no pocos de los que se fueron al interior del país, con la promesa de una casa nueva y empleos dignos, regresaron a sus viviendas afectadas. “Quisieron desarraigar a nuestra gente y nunca pudieron, y menos cuando en otros estados los rechazaban a la hora de buscar trabajo”, puntualizó Laya.
La alerta de 2005
En 2005, una vaguada tropical incidió en la crecida de otros ríos del este del Litoral, como Naiguatá, Camurí Grande, Punta Care y Anare, donde sus pobladores volvieron a vivir las angustias de seis años atrás. También hubo afectaciones en clubes recreativos y marinas de embarcaciones deportivas en la zona.
Un año después, el Gobierno se vio obligado a adelantar trabajos de control de torrentes y mantenimiento preventivo, a través del Plan Vargas, del cual hubo sospechas de actos de corrupción administrativa.
“En ese plan se robaron unos cuantos millones; eso fue denunciado por la prensa y ante la Asamblea Nacional, pero como siempre pasa, como controlan el poder, no investigaron nada ni tampoco tomaron los correctivos que se recomendaron desde las comunidades”, dijo Isilio Álamo, residente del sector Las 15 Letras en Macuto, cuya quebrada destruyó el Castillete del pintor Armando Reverón.
A la luz de estos 21 años, la angustia de la población por el mantenimiento en ríos y quebradas ha contrastado con el visitante que llega los fines de semana por la autopista Caracas-La Guaira y se propone disfrutar de una de las 64 playas aptas en la región.
En este contexto, pareciera que las autoridades seguirán evadiendo los rastros de la tragedia de 1999 con el discurso del “estado La Guaira”, mientras que los lugareños recurrirán a la memoria y el instinto.
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