El chef y paramédico de 35 años fue detenido el 15 de abril de 2018 por su amistad con Óscar Pérez. Debido a las torturas no apoya el pie izquierdo y tiene nódulos por todo su cuerpo, dos infectados, y no ha recibido tratamiento médico en los 22 meses que tiene detenido.
Caracas. Desde el 1° de febrero Alonso José Mora Alfonzo fue trasladado a la celda de castigo “el tigrito”, en la cárcel de Ramo Verde. En ese lugar presuntamente hay ratas y no tiene luz.
Sus allegados —por medidas de seguridad se resguarda su identidad— temen que su salud empeore. Desde hace un año tiene nódulos en todo el cuerpo, dos están infectados, y no ha recibido tratamiento médico en los 22 meses que tiene preso. “El simple roce le duele”.
El chef y paramédico, de 35 años, está detenido desde el 15 de abril de 2018. Una comisión mixta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó su vivienda, en Los Teques, por su amistad con Óscar Pérez.
Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue asesinado el 15 de enero de 2018 en El Junquito junto con seis personas más. Públicamente fue desertor del gobierno de Nicolás Maduro desde 2017.
Desde su detención, Alonso estuvo desaparecido siete días y luego pasaron 47 días más en los que su familia no pudo verlo; durante ese tiempo fue víctima de torturas físicas y psicológicas que le impiden apoyar el pie izquierdo por una fractura, también le arrancaron las uñas de manos y pies.
Casi 50 días después sus familiares pudieron verlo en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, y ahí supieron que como parte de las torturas a Alonso le mostraron un video en el que mutilaban y asesinaban a su perro Bambán, un golden retriever. “Le dijeron que le harían lo mismo a su familia”.
Después del allanamiento, en la vivienda localizaron muertos a dos perros más, Jasper (pastor alemán) y Astro (mestizo), y la familia presume que los funcionarios tienen responsabilidad en ello.
Mientras Alonso estuvo desaparecido le pusieron descargas eléctricas, le metieron la cabeza en pipotes con agua y en bolsas llenas de insecticida, y le dislocaron los brazos porque estuvo colgado durante un tiempo indeterminado, sin poder apoyar sus pies.
En su informe sobre Venezuela la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) pidió a las autoridades del gobierno de Maduro que investiguen las denuncias de torturas y se castigue a los responsables.
Cuatro meses después lo trasladaron a la cárcel militar de Ramo Verde y está en un limbo jurídico, sus allegados dijeron que solo asistió a la audiencia de presentación. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, lo acusó de integrar, presuntamente, una célula terrorista que pretendía impedir las votaciones presidenciales en mayo de 2018 con explosivos en distintas instituciones gubernamentales.
Atribuyó su captura a la Operación Gedeón II, en la que supuestamente captaba a jóvenes junto con Yofran Jesús Quintero Ochoa, para ser parte de la resistencia durante las protestas contra Maduro. También detuvieron a Erick Anderson Villalba Suárez y Stephanie Madeleine Chávez.
Provea documentó 574 víctimas de torturas y 23 muertes a causa de las mismas en su informe anual de 2019. La Dgcim es el segundo cuerpo de seguridad del Estado con más casos, con 124 torturados. El Cicpc encabeza la cuenta con 259 personas.
La ONG asegura que la tortura, un castigo empleado por el gobierno de Maduro, es una práctica generalizada y sistemática contra presos políticos y comunes. Durante la gestión del mandatario chavista es cuando más casos de torturados se han registrado desde 1989.
Hasta el 3 de febrero el Foro Penal Venezolano registró 382 presos políticos en el país.
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